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La sala plena de la Corte Constitucional negó la solicitud de nulidad de tutela que la exsenadora había interpuesto para acabar con la sanción que le impuso la Procuraduría General de la Nación por sus posibles vínculos con las Farc.
El alto tribunal manifestó que Alejandro Ordoñez, procurador general, tiene competencias y facultades para inhabilitar a senadores y representantes y asimismo, puede estar pendiente de los deberes que estas personas cumplen mientras permanecen en sus respectivos cargos.
La sanción consta de 18 años de inhabilidad luego de que el órgano de control hallara pruebas que establecen que Córdoba traspasó las funciones que le asignó el Gobierno para liberar a un grupo de secuestrados.
Piedad Córdoba fue destituida de su cargo como senadora el 27 de septiembre de 2010 e inhabilitada por 18 años para ejercer cargos públicos por la Procuraduría.