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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 14 años de prisión al exsenador, Iván Moreno Rojas por su responsabilidad en el denominado 'carrusel de la contratación' en Bogotá.
El alto tribunal encontró culpable al excongresista del Polo Democrático de los delitos de concusión, tráfico de influencias y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.
Para la Corte, está claro que el entonces senador presionó a diferentes contratistas para que repartieran una multimillonaria comisión con el fin de asegurar la entrega de contratos viales en la capital de la República.
En este caso le pidió a los Nule que como contraprestación por su “labor” lo favorecieran con un espacio para ubicar dos estaciones de servicio de gasolina en el proyecto de la doble calzada Bogotá-Girardot.
Por estos hechos, su esposa Lucy Luna de Moreno enfrenta actualmente un proceso penal por el delito de cohecho por el cual ya se ha declarado inocente. Para la Corte es evidente que el excongresista buscó un beneficio propio aprovechando su posición política y social.
Para la Corte Suprema, el excongresista incurrió en una aprovechamiento indebido de su investidura para ejercer dominio frente a funcionarios del orden distrital. Su cercanía al alcalde de Bogotá y su poder frente a la Instituciones del Distrito lo convirtieron en el contacto obligado para los contratistas que querían para resultar favorecidos en los procesos de licitación de contratos viales.
Su nombre era prenda de garantía y de efectividad para que los procesos licitatorios que realizaba el IDU durante la administración de Samuel Moreno Rojas le fueran direccionados a aquellos que habían aceptado la promesa remuneratoria. Para esto se tuvieron en cuenta los testimonios de varios contratistas y exfuncionarios del Distrito que dieron pormenores del poder que ejercía el entonces congresista.
Finalmente la Sala remite copia de la sentencia a la Sala de Instrucción del alto tribunal para que se determine la posible configuración del delito de concierto para delinquir en las otras investigaciones que adelanta contra el exsenador por este caso de corrupción administrativa.
Con estas indagaciones se busca establecer, entre otros hechos, su presunto enriquecimiento ilícito como producto del dinero que habría recibido de los contratistas.
Moreno Rojas fue destituido e inhabilitado por 20 años para ejercer cargos públicos por parte de la Procuraduría General, mientras que el Consejo de Estado le decretó la pérdida de investidura. Desde hace tres años y medio se encuentra privado de su libertad desde hace tres años en la cárcel La Picota de Bogotá.