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"Crímenes de guerra y actos de terrorismo no pueden ser conexos con delitos políticos"

El Procurador General manifestó que los guerrilleros Farc deben firmar un compromiso de reparación a las víctimas, desarme y entregar la “extraordinaria riqueza acumulada”.

El Espectador
13 de noviembre de 2014 - 05:13 p. m.

El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado manifestó que el hecho que la guerrilla de las Farc continúen cometiendo crímenes y atentados en contra de la población civil le han quitado credibilidad a su deseo de paz en la opinión pública.

Para el jefe del Ministerio Público “la mentira y el crimen explican la dureza de la sociedad contra las Farc” como se ha reflejado en las últimas encuestas “sobre la voluntad de esa guerrilla que suscribir un acuerdo para su desmovilización y desarme”.

“¿Para qué firmar un papel que la realidad política o una decisión judicial con el paso del tiempo termine anulando la voluntad con la cual se suscribió”, se cuestionó el jefe del Ministerio Público en una intervención en el foro “proceso de paz: ¿qué van a aprobar los colombianos y cómo?”

Ordoñez Maldonado manifestó que no se puede insistir en la idea de que “la idea” de que la paz “se puede hacer a cualquier precio, con impunidad total. Se deben reconocerla responsabilidad de las Farc en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”.

En este sentido manifestó que el legislador no puede elevar a la categoría de delito conexo al delito político todas las conductas ejecutadas en el conflicto. "Crímenes de guerra y actos de terrorismo de ningún modo pueden ser conexos con delito político"

Igualmente aseguró que “hay un hecho que ha pasado inadvertido en los medios de comunicación, La facultad del legislador para determinar los delitos conexos con el delito político, lo dice la Corte, comprende afectar la figura de la extradición, porque se trata de fijar reglas para efectos exclusivamente de participación política, no en el ámbito penal. Una persona responsable de un delito puede ser extraditada, aún si este se calificó de conexo con el delito político en desarrollo legislativo, lo dice la Corte Constitucional”.
 

Por El Espectador

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