"Por crímenes iguales a los de Farc, paramilitares cumplen penas alternativas de 8 años": Procurador

En un documento de 80 páginas, el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado le presentó a los jefes negociadores del Gobierno y las Farc 10 mínimos penales que se deben tener en cuente de firmarse un acuerdo en el marco del proceso de paz que se adelanta en La Habana (Cuba).

El jefe del Ministerio Público reiteró que deben existir penas alternativas de la libertad para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidios y violaciones a los derechos humanos. Para esto puso como ejemplo el proceso que se adelantó con las AUC.

“La pena no debe ser entendida como una imposición, una humillación o una derrota, sino como muestra de sincera voluntad de reconciliación y de dignificación de las víctimas e inclusive de los victimarios”, precisó el Procurador General en el documento enviado a Humberto de la Calle y a Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’.

En el mismo se señala que no se puede aceptar la exigencia de las Farc frente a la no judicialización de sus acciones en el marco del conflicto armado, puesto que esto sería enviar un mensaje de impunidad al país. “La sociedad colombiana exige justicia”.

“Es imposible validar la premisa sobre la cual las Farc pretenden no ser objeto de juzgamiento ni de pena efectiva de reclusión. Quieren socializar el crimen y con ello las responsabilidades, para que en un contexto donde todos sean culpables nadie asuma consecuencias penales”, señaló.

Además citó varios tratados internacionales que exigen la investigación y judicialización de este tipo de acciones, así como jurisprudencia colombiana que no se puede desconocer en las presentes negociaciones. El Procurador General resaltó el hecho que las Farc acepten el derecho internacional.

“No es aceptable desde el punto de vista constitucional que se llegue a usurpar dicha competencia pretendiendo definir ese marco jurídico en la Mesa de Conversaciones. Sería muy grave para los militares y policías que su suerte jurídica la decidieran las Farc y el Gobierno Nacional en La Habana”, precisa uno de los apartes del pronunciamiento.

La Procuraduría señaló que los mínimos penales deben servir para construir fórmulas que satisfagan los derechos de las víctimas, los reclamos de justicia y las diferentes perspectivas que se plantean en la Mesa de Negociaciones.

Así mismo, recalcó que es indispensable abrir un debate público con el fin de que las medidas de justicia que se adopten tengan el apoyo de la sociedad y la mayor legitimidad. Para eso propone un foro en que estén representadas las visiones del Gobierno, la oposición y las Farc.

En las próximas semanas el jefe del órgano de control disciplinario enviará una propuesta frente a las penas que deberán pagar los comandantes y guerrilleros de las Farc por los actos cometidos, para así garantizar la seguridad jurídica.