El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado aseguró que los cuestionamientos y observaciones que ha hecho frene a los acuerdos firmados en el proceso de paz que se adelanta entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc tienen como único objetivo “blindar judicialmente” dichas negociaciones.
El jefe del Ministerio Público aseguró que se ha observado que se está buscando la impunidad y el no castigo penal para los máximos comandantes de dicho grupo guerrillero, hecho que va en contravía del Marco Jurídico para la Paz avalado por la Corte Constitucional y los tratados internacionales firmados por Colombia.
Ante esto aseguró que tarde o temprano las autoridades de Colombia deberán cumplir con estos compromisos, sino deberán entrar a actuar los organismos internacionales de justicia como la Corte Penal Internacional (CPI) puesto que la impunidad está prohibida en este tipo de acuerdos, citando así casos de América Latina.
“¡Serénense camaradas!, según estos señores, es inadmisible que 'el Estado sea juez y parte', Es decir, rechazan ser investigados, juzgados y condenados en el marco del ordenamiento jurídico vigente. Imposible para ellos cumplir una pena, imposible aceptar el marco jurídico para la paz y la jurisprudencia constitucional. ¡Hay que cambiarla, dicen ambas delegaciones de plenipotenciarios!”, manifestó el jefe del organismo de control disciplinario.
En este sentido reiteró que en el marco de estos procesos se deben aceptar los cuestionamientos de parte y parte puesto que esto fortalece y blinda los acuerdos firmados. “las Farc obvia que es a ellos mismos a quienes más conviene penas razonablemente reducidas pero efectivas de prisión, que se puedan suspender parcialmente y sustituir por penas alternativas”.
Para el Procurador General se debe rechazar la posición esgrimida en este debate frente a la figura de justicia como una venganza para los comandantes guerrilleros. “Es la justicia como garantía para las propias Farc”, precisó al hacer referencia al hecho que este tipo de objeciones deben ser analizadas en la mesa de negociaciones de La Habana (Cuba).
“El Pacto para la Paz tampoco es un pacto de impunidad que busque una simetría de beneficios a los victimarios, sean estos de las guerrillas, de las autodefensas ilegales o de aquellos miembros de la fuerza pública que deshonraron la institución militar, al cometer violaciones a los derechos humanos o graves infracciones al derecho internacional humanitario”, precisó.
Finalmente reiteró que es obligación buscar la fórmula para una justicia sostenible con el fin de que todo lo que se firme en La Habana se pueda cumplir, ya que de presentarse algún vacío será la puerta a la impunidad y una paz no sostenible lo que provocaría una vulneración a los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparacipon.
“Los plenipotenciarios del Gobierno pueden pintar pajaritos a ‘Iván Márquez’, ‘Pablo Catatumbo’ y ‘Pastor Alape en La Habana, y ellos, pensando con el deseo, pueden hasta creerles. Pero, insisto, la realidad es otra. De ingenuos convencerse de que los miles de actos atroces der las Farc pueden quedar sin castigo o que basta simplemente el trabajo social o las excusas públicas de los máximos responsables para decir que hubo justicia frente a los miles de secuestrados, los miles de homicidios, los miles de niños reclutados forzosamente y los cientos de miles de desplazados”, expresó.
El jefe del Ministerio Público recalcó que “mañana la Corte Constitucional, la Corte Interamericana o la Corte Penal Internacional pueden tomar una decisión que implique procesar penalmente a la cúpula de las Farc. ¡Así son las cosas!”.