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Según la investigación, Osorio amenazaba a sus víctimas diciéndoles que si le pagaban entre $15 millones y $30 millones no haría efectivas las órdenes de captura que había en su contra o no iniciaría ningún proceso penal contra ellos.
Osorio fue arrestado en un centro comercial ubicado en la avenida 19 con calle 147, en Bogotá, cuando recogía $30 millones que le estaba pagando una psicóloga. Osorio había intimidado a la mujer asegurándole que, de no pagar la suma de dinero, le abriría una investigación a su esposo —un comerciante— por los delitos de hurto y estafa.
El director del CTI, Julián Quintana, dijo que la conducta de Osorio es absolutamente reprochable y agregó que ya han sido identificados otros 10 casos de extorsión en los que participó Osorio, quien llevaba 15 años en la institución.
Las pesquisas por estos hechos comenzaron a raíz de las denuncias que interpusieron algunas víctimas de Osorio que se acercaron al Gaula. Al parecer el funcionario tenía acceso a la información financiera de distintas personas gracias a su rol en el CTI y comenzaba a extorsionarlas de acuerdo con su perfil financiero. Algunos eran delincuentes con órdenes de captura vigentes que pagaron para evitar el carcelazo. Entre las pruebas están los informes que rindió Osorio sobre los operativos “fallidos”.
Según Quintana, quienes pagaron por no ser capturados ya fueron identificados y serán procesados por estos hechos. Otras víctimas fueron intimidadas por Osorio. Les decía que si no le pagaban la suma exigida les abriría un proceso penal a como diera lugar. Al funcionario del CTI le imputaron cargos por los delitos de prevaricato, peculado, abuso de función pública y extorsión.