Decisión del Consejo de Estado "pone en riesgo a la democracia": Promotores del NO

En una carta firmada por varios de los representantes y promotores de la campaña del NO en el plebiscito celebrado el pasado 2 de octubre se hacen varios cuestionamientos a la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado que puso en entredicho las estrategias que se utilizaron para que las personas votaran en contra de la refrendación del acuerdo final firmado entre el Gobierno y las Farc.

En la misiva reseñada entre otros por el pastor cristiano Miguel Árrazola; el exprocurador General, Alejandro Ordóñez, el exvicemnistro Rafael Nieto Navia; la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez y el exmagistrado, Marco Antonio Velilla, entre otros, consideran que las conclusiones del fallo del máximo tribunal administrativo ponen en riesgo la democracia y el Estado de Derecho. 

En este sentido consideran que en el fallo emitido se hacen afirmaciones temerarias y sin fundamento frente a las estrategias utilizadas por el comité presidido por el excongresista Juan Carlos Vélez Uribe. “La magistrada no solamente parte del principio que los votantes son estúpidos y se dejan engañar sino que son incapaces de informarse ellos mismos”.

“Supone también que la campaña de los promotores del Sí, más de cinco veces mayor en presupuesto que las del No, y que los pronunciamientos del Gobierno y la publicidad oficial, ya no son cinco sino decenas de veces mayor que las del No, no solo fue engañosa sino que no tuvo ningún efecto sobre los votantes y fue incapaz de aclarar las ‘tergiversaciones’ del No”, precisa uno de los apartes de la misiva.

En el documento se cuestiona además que se diera como una verdad absoluta el hecho que se utilizaron estrategias irregulares para engañar a los votantes. Esto en el concepto de los promotores evidencia una falta de objetividad por parte de la magistrada que hace señalamientos a diestra y siniestra sin un sustento probatorio como lo exige la ley.

“La magistrada no tiene reparo en darle un contenido distinto a los conceptos y a la normatividad jurídica para ajustarlos a la finalidad de su propósito: quitarle legitimidad política a los resultados del plebiscito y eliminar sus consecuencias jurídicas para habilitar la aplicación de los mecanismos de procedimientos legislativos abreviados y recortes de competencias de os congresistas establecidos en el acto legislativo”, señalan.

Las afirmaciones sobre presiones indebidas en temas como la impunidad para los guerrilleros de las Farc que suscriban el acuerdo y la mala información sobre temas como la ideología de género que sustenta la magistrada representan para los promotores del NO una posición subjetiva. “Muchos votantes contra el acuerdo con las Farc no solo no votaron engañados sino creyeron sinceramente que votaban No porque no se dejaron engañar”.

El decir que se presentó un “engaño generalizado” –sostienen- va en contra de los resultados de la consulta democrática. “La magistrada no da citas textuales de las afirmaciones engañosas o fraudulentas, tampoco verifica que los supuestos engaños hayan efectivamente realizados por los promotores del No, y se exime a sí mismas de probar que hubiesen significado constreñimiento a los votantes o que ellos hubiesen tomado su decisión con base en tales supuestos engaños”. 

Para los firmantes la magistrada ponente se extralimitó en sus funciones además al pedirle al Congreso de la República que acelere la implementación del acuerdo final firmado entre el Gobierno y las Farc. “Ordena al Congreso ir en contra de la voluntad popular expresada en las urnas. Y siembra la posibilidad de que en un futuro una elección sea suspendida o anulada por la decisión de un solo juez porque, en criterio del togado, en la campaña se dijeron mentiras”.

Debido a esto le piden a la magistrada revisar la decisión y retirar aquellas afirmaciones que consideran infundadas. Sin embargo, dejan entrever que esto no se presentará puesto que curiosamente este fallo se emitió justo en el momento en que las altas cortes salieron a vacancia judicial impidiendo la presentación de recursos en contra de la decisión.