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Ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes el magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub radicó una denuncia en contra del expresidente de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas Silva por presuntamente reunirse en cuatro oportunidades con una persona que tenía intereses en una acción de tutela radicada en el alto tribunal en el año 2013.
En la acción judicial se especifica que Vargas Silva se reunió con Fernando Sarmiento, quien tenía un interés particular en una tutela. Ante estos hechos le pide a la célula legislativa que investigue al magistrado por su presunta participación en los delitos de tráfico de influencias, prevaricato por acción, entre otros por lo que se considera una conducta contraria a los reglamentos de la Corte.
Para Pretelt, su compañero en el alto tribunal presionó para que la tutela radicada por la Sociedad de Representantes de Santa marta contra el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, en la cual Sarmiento fungía como árbitro junto a otras tres personas.
En la denuncia se indica que la acción se presentó en el año 2012 y fue seleccionada para su estudio, por lo que Vargas Silva habría “beneficiado indebidamente los intereses del árbitro Fernando Sarmiento, al votar a favor de un proceso de tutela luego de haberse reunido con él varias veces en la Corte Constitucional”.
Para el denunciante, “no es normal” que Vargas Silva recibiera en cuatro oportunidades en su despacho con una persona “interesada” directamente en el proceso y quien quería verse beneficiado en el estudio de la misma. Dos de las reuniones se presentaron antes de la radicación de la tutela.
La tutela en mención hace referencia a la protección del debido proceso por parte de la Sociedad de Representantes de Santa Marta contra el Tribunal de Arbitramiento que había sido el encargado de dirimir un conflicto por un bien inmueble de una multinacional. Proceso que tenía como referencia el fallo emitido por el juzgado 37 civil.
En su ponencia, el magistrado Pretelt Chaljub dejó en firme la competencia del juzgado 37 que argumentaba que el Tribunal de Arbitramento no tenía la competencia para intervenir en el caso en mención, resaltando el hecho que entre las partes involucradas existía un acta de conciliación.
Sin embargo en el debate, el magistrado Vargas Silva presentó sus objeciones a la ponencia argumentando que se había presentado un error y que el Tribunal tenía la competencia para dirimir dicho pleito. “Es claro que la intención del magistrado era declarar improcedente la acción de tutela para dejar en firme el laudo arbitral, con lo cual beneficiaría directamente al abogado Fernando Sarmiento Cifuentes, pues él era uno de los árbitros que lo profirió”.