Ante el despacho del vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo la defensa del empresario Santiago Uribe Vélez radicó una denuncia en contra de Eunicio Alfonso Luján, señalado de ser un falso testigo en la investigación que se adelanta contra su cliente por presuntos nexos con grupos paramilitares.
En el documento de 46 páginas firmado por el abogado Jaime Granados Peña se indicó que Pineda Luján faltó a la verdad a la justicia en las declaraciones que rindió el pasado 13 de agosto de 2013 en las instalaciones del consulado colombiano en la ciudad de Santiago de Chile, en las que vinculó a Uribe Vélez con el grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles.
Para el jurista, existen varias contradicciones no solo en la declaración rendida sino en la forma en cómo el testigo llego a declarar en este proceso, el cual había sido archivado el 25 de agosto de 1999 por la Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales de Medellín, decisión que fue ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá. (Ver El testigo que enreda a Santiago Uribe)
En este sentido se indica que Pineda Luján fue llamado a declarar en el marco de un proceso que se adelantaba por el homicidio de tres personas en zona rural del municipio de Yarumal el 6 de julio de 1973. Ahí salió a figurar el nombre del empresario antioqueño y su finca La Carolina. (Ver Defensa de Santiago Uribe dice que no existen pruebas que lo vinculen con 'paras')
En este proceso figura como parte civil el abogado Daniel Prado Albarracín, quien en la actualidad defiende los intereses del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego. “Acérrimo contradictor político del doctor Álvaro Uribe y quien de forma pública, desde el Senado de la República, iniciara desde el año 2005 la campaña de difamación en contra de Santiago Uribe Vélez. Lo cual, de entrada nos muestra los intereses políticos que existen alrededor de este caso”.
“No obstante, es importante señalar que, en desarrollo del contrainterrogatorio, Pineda Luján reconoce haber llegado a Santiago de Chile apenas dos días antes y haber vivido los últimos meses en Bogotá y en Quito, Ecuador, por cuenta de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, dirigida por Javier Giraldo, así como haber tenido varias conversaciones previas con el doctor Prado Albarracín”, señala el documento.
Esto, junto a la declaración del mayor (r) Juan Carlos Meneses Quintero fueron la base para que el pasado 23 de septiembre se ordenará la apertura de instrucción formal y lo citara a indagatoria en la investigación por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. (Ver A indagatoria Santiago Uribe Vélez)
En estos casos el abogado Jaime Granados considera que estas dos declaraciones se presentan en modos, lugares y circunstancias muy similares, por lo que pidió que se investigue la forma y quienes lo llevaron a declarar en estos procesos, en los cuales, según el jurista, se buscó afectar a toda costa el nombre y honra de los hermanos Uribe Vélez.
“No hay duda que existe un claro y marcado interés de utilizar la investigación penal en contra de Santiago Uribe Vélez, como un mecanismo de ataque a su hermano el doctor Álvaro Uribe Vélez”, indica la misiva, en la que se señala que estas dos personas fueron llevadas a declarar por el abogado Pardo Albarracín.
En el documento presentado se hace una reconstrucción de las declaraciones presentadas por los dos testigos, indicando que incurrieron en contradicciones, afectando así el curso normal de la justicia y trayendo “nuevos elementos” de prueba totalmente falsos.
“Permite concluir que existen una serie de irregularidades en lo que concierne a la aparición de este sospechoso y falso testigo, las cuales guardan idéntica relación con la aparición del señor Meneses Quintero, lo cual nos hace entender que detrás de ambos personajes existen oscuros intereses que apuntan a involucrar injustificadamente al señor Santiago Uribe en la comisión de actividades delictivas, engañando de paso a la administración de justicia”, indicó.
Al hacer una evaluación de las declaraciones rendidas ante la Fiscalía, el abogado considera que incurrió en el delito de falso testimonio, ya que bajo la gravedad del juramento desdibujó la realidad de los hechos, “en aras de incriminar falazmente a Santiago Uribe Vélez”.
Ante esto le solicitó al Vicefiscal General que formule imputación de cargos en contra de Pineda Luján al considerar que existen hechos, pruebas y circunstancias que permiten abrirle una investigación formal y llevarlo a juicio.