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Un grupo de desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) busca el aval y amparo del Gobierno Nacional para constituir su propio partido político.
Se trata de Aucpaz (Alianza de la Unidad Colombiana por la Paz) un movimiento político que estaría tratando de congregar a varios excombatientes del paramilitarismo para vincularlos a proyectos de participación e incidencia nacional desde escenarios públicos.
La propuesta estaría siendo impulsada por Jaime Oviedo Ávila, quien fuera vocero del bloque Cacique Nutibara en el marco de la desmovilización de las autodefensas en 2003.
A través de una carta dirigida al abogado Michell Pineda, director de la Corporación Compromiso Colombia y asesor de varios desmovilizados –entre ellos Salvatore Mancuso, Diego Murillo o Iván Duque– Oviedo manifiesta la necesidad de crear un movimiento que agrupe las necesidades políticas de los excombatientes.
“En toda negociación de paz entre el Estado y sectores de la sociedad en armas hay un punto a negociar relacionado con la participación en política (…) se hace necesario, en la actual coyuntura, crear un partido que acoja nuevas propuestas por parte de desmovilizados de las autodefensas, en busca de una verdadera reincorporación y paz”, señala la misiva dada a conocer por el diario El Colombiano.
En este sentido, Pineda (quien figuraría como asesor jurídico del proyecto) le manifestó al medio antioqueño que la iniciativa sería viable y legítima, teniendo en cuenta que Estados Unidos retiró a las AUC de listados de organizaciones terroristas, sumado a que en los actuales diálogos de paz con la guerrilla de las Farc hay acuerdos sobre participación política.
Según el litigante, el país está ad portas de recibir a más de 4.000 desmovilizados, quienes ya cumplieron con la pena alternativa de ocho años acordada en el marco de la ley de Justicia y Paz, por lo que hay sectores de las autodefensas que buscan participar en política.
“Esta agremiación requiere el interés directo del Gobierno. Si no hay respuesta de ellos frente a este clamor, no pasa nada, solo que estas personas no serán parte de la pluralidad política, ni de la integración social, y el proceso va a quedar como una gran farsa. El trato que el Gobierno le dé a esta iniciativa, será la prueba de lo que les espera a quienes hoy discuten en La Habana”, explicó Pineda.
La participación en política por parte de los excombatientes implicaría que el Gobierno Nacional adelantara reformas legales considerando que por un lado, el artículo 122 de la Constitución Política de Colombia señala que no podrán presentarse a cargos de elección popular quienes “hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales”.
Por otro lado, el movimiento se enfrentaría a varios fallos de la Corte Constitucional y la Corte Suprema en los que se advierte que los delitos perpetrados por los paramilitares no son de carácter político.
En este contexto, Camilo Gómez, excomisionado de Paz, explicó que la propuesta sería inconveniente teniendo en cuenta los vínculos del paramilitarismo con el narcotráfico.
“Los mayores victimarios han sido ellos (las AUC), sin un propósito político, ahí existe una diferencia con los guerrilleros. Y el fenómeno de las AUC estuvo totalmente vinculado al narcotráfico. Hoy en día no es conveniente ni prudente y las normas colombianas tengo serias dudas que lo permitan”, puntualizó Gómez.