'El Congreso tiene poca independencia'

Viviane Morales, senadora de la República por el Partido Liberal. / David Campuzano

Desde hace algún tiempo, las declaraciones y la actitud del fiscal general, Eduardo Montealegre, han generado un gran debate. La polémica ha llegado a tal punto que el ministro de Justicia, Yesid Reyes, aclaró en varias entrevistas que la propuesta del fiscal sobre las penas alternativas para los miembros de las Farc son exclusivas de él y no es la posición oficial del Gobierno Nacional. El Espectador contactó a la antecesora del actual fiscal y hoy senadora de la República, Viviane Morales, para que en esa doble condición diera a conocer su punto de vista sobre los pronunciamientos de la cabeza del ente investigador, así como su opinión sobre el tribunal de aforados.

Después del debate de la parapolítica se ha mencionado que se interpondrán varias denuncias sobre lo que dijeron diferentes congresistas. ¿Acaso no hay una ley que los protege de lo que digan en el Congreso?

Una inviolabilidad parlamentaria estipula que lo que se diga en cualquier debate dentro del Congreso está protegido.

Se lo preguntaba por el caso del senador Álvaro Uribe. ¿Es claro que los congresistas están protegidos de lo que digan dentro del recinto o esta jurisprudencia puede cambiar en la Corte en algún momento?

No, esa jurisprudencia fue de la sala de unificación y se dio cuando se falló la tutela que yo presenté de inviolabilidad parlamentaria. Precisamente la sentencia dice que la inviolabilidad lo que significa es proteger al congresista incluso cuando hubiere cometido una injuria o calumnia.

Fue fiscal y por esa razón le pregunto: ¿Cómo ve la actitud y las declaraciones del fiscal en los últimos meses?

Soy un tanto conservadora en el ejercicio de ciertas dignidades, y las de la justicia implican un tono muy prudente y reposado, y no deben tener una posición política. Cada cargo del Estado tiene una función y dignidad, los cargos de la justicia deben estar revestidos de una majestad que les impide bajarse a posiciones políticas con tantos pronunciamientos, porque puede llegar a enrarecer la propia gestión.

¿Por qué a enrarecer la gestión?

Cuando hay pronunciamientos por fuera de las decisiones mismas de la Fiscalía, cuando se dan muchas entrevistas, se puede llegar a que se interpreten decisiones de la justicia con un prisma político.

En torno a eso, ¿le corresponde al fiscal en medio de un proceso de paz decir cuáles serían las penas alternativas para los miembros de las Farc si se llega a un acuerdo?

Anticiparse a ofrecer como una posición del Estado unas determinadas penas puede traer malas interpretaciones, porque quien va a aplicar después esa normatividad es la propia Fiscalía. Por eso como fiscal es más conveniente esperar en silencio los resultados de las negociaciones, porque él simplemente va a ser un instrumento del Estado en la aplicación de las políticas criminales que se pacten como fruto de esas negociaciones y que pasarán por el Congreso.

¿Entonces qué repercusiones puede tener que ya hayamos escuchado al fiscal Montealegre decir cuáles podrían ser las penas para los integrantes de las Farc?

Esto puede afectar, porque se están haciendo unas ofertas que pueden ser consideradas como si las estuviera haciendo todo el Estado y no es así. Después de eso ya van a tener un referente de lo que sería posible y resulta que lo que sería posible es lo que tiene que negociar el Gobierno y lo que el Congreso tendrá la facultad de legislar.

Es decir, que esa decisión la toma el Congreso.

El Congreso debe sacar la aplicación de la justicia transicional y es el que va a decidir. Ahora lo que pasa es que con las declaraciones del fiscal ya hay una especie de oferta que les da un marco mental a los guerrilleros y es una limitación al Congreso, porque se va a decir que si parte de la justicia dice que hay ciertas cosas posibles, por qué el Congreso va a negarse a hacerlo. No es conveniente desde ya expresar las posibilidades de penas alternativas, no es bueno adelantarse a hacer esos ofrecimientos.

¿Internacionalmente hoy en día es posible que exista en un país como el nuestro después de un proceso de paz exitoso una ley de punto final como propuso el fiscal?

Depende de qué ley de punto final estemos hablando. Si estamos hablando de una ley de perdón y olvido y una amnistía generalizada, eso no es posible. Pero aquí sí va a tocar meter a todos los actores del conflicto en una ley que englobe los delitos cometidos por la guerrilla, como también a las FF.MM., eso va a tener que ser contemplado.

Usted tiene una condición particular para opinar del tribunal de aforados, porque es exfiscal y ahora senadora, por eso le pregunto: ¿No está muy mal visto que los directamente afectados con la creación del tribunal estén hablando y opinando al respecto?

Por eso me declaré impedida y me aceptaron el impedimento, por tal razón no me han oído pronunciarme sobre el tema. Pero aparte de eso, yo sí le quiero decir es que me parece que si no se logra un equilibrio de poderes, si el Congreso no tiene la independencia para decidir en todos los temas sobre el equilibrio de poderes, va a significar que la reforma a la justicia, la de verdad, la que se necesita, no va a poder nunca pasar por el Congreso, sino que va a tener que hacerse a través de una Asamblea Nacional Constituyente.

¿Por qué lo dice?

La ciudadanía está pendiente de los resultados de estas deliberaciones del Congreso, porque si por intromisiones indebidas no hay un respeto de la independencia del Legislativo y por debilidad y cobardía del mismo Legislativo no llega a legislarse como se debe, muy seguramente lo que nos indica es que una reforma profunda a la justicia no puede pasar por el Congreso, sino que debería hacerse a través de otros mecanismos, como una asamblea constituyente.

¿Esa independencia del Legislativo está supeditada a qué?

Con la Constitución del 91, el órgano que fue más lastimado, con mucha hostilidad en el diseño que se hizo, fue el Congreso de la República. El Congreso hoy responde ante la Corte Suprema de Justicia, lo cual no critico; pierde la investidura ante el Consejo de Estado, que me parece bien; responde disciplinariamente ante el procurador, algo que creo debería terminarse. Mientras tanto, los otros poderes del Estado no tienen juzgadores ni una responsabilidad que se les pueda deducir, producto de una concepción equivocada que fue del mismo constituyente del 91 y eso significa que no hay equilibrio.

Se ha dicho que el equilibrio de poderes se perdió con la aprobación de la reelección, ¿por qué menciona que esto se presentó desde la Constitución del 91?

En teoría constitucional las tres ramas del poder deberían tener un peso similar, que les permita la posibilidad de controles recíprocos. Hoy no existen esos controles recíprocos, el único que responde realmente es el Congreso. Mire, la Corte Suprema de Justicia ha proferido unas 52 sentencias en los casos de la parapolítica y no ha habido un solo congresista que haya evadido la acción de la justicia, como sí lo han hecho últimamente los altos exfuncionarios del Estado. Por eso yo creo que un equilibrio de poderes sí pasa por ese diseño del 91, que hay que tocar a profundidad. Si no, no vamos a lograr lo que se denomina un equilibrio de poderes real.

¿Usted siente que los congresistas se están dejando asustar por el fiscal general o cree que sus compañeros de pupitre están lo suficientemente sólidos para poder confrontar toda esta discusión de manera independiente como se requiere?

El Congreso es un órgano asustadizo, uno se da cuenta de que en cualquier debate sobre el Código Penal empiezan los congresistas a traer impedimentos hasta traídos de los cabellos. Hay una sensación de muy baja autoestima de la institución, es muy vulnerable la posición del congresista siempre atemorizado por alguno de los látigos que tiene encima y siempre temeroso, porque finalmente al congresista le abren investigaciones hasta con anónimos. Esa situación ha hecho que sea un Congreso que tenga poca independencia y la poca que tiene no la sabe hacer respetar.

La senadora Claudia López ha dicho que las personas que tienen fuero en el país tienen casi una impunidad de facto. ¿Coincide usted con esa tesis?

(Silencio) Yo me declaré impedida en el caso del tribunal de aforados y quisiera no opinar…

Usted está impedida a la hora de votar pero no de opinar, ¿o sí?

Y de debatir… Aquí le hablo como senadora, yo creo que hasta donde le he dicho es lo que puedo opinar… El Congreso es un órgano muy débil, dentro del planteamiento de los poderes es el órgano más golpeado dentro de la Constitución del 91 y es necesario que los demás órganos respondan tanto como responde el Congreso. Debe haber una función de responsabilidad y de eficacia frente a los cuales se tiene que responder por parte de todas las ramas del poder, porque aparte de los fueros constitucionales hay unos fueros legales.

¿Cómo así? ¿A qué se refiere?

Los fueros legales hacen muy difícil que prosperen las investigaciones por ejemplo contra los generales o gobernadores. Cuando yo era fiscal, había más de 1.500 investigaciones y teníamos muchas a punto de hacer imputaciones, pero también tienen tantos fueros y gozan de tantos privilegios que es muy difícil de verdad establecer responsabilidad para los altos cargos del Estado.

Usted ejerció como periodista durante un tiempo. Le pido que me diga, según su análisis, ¿por qué hace unos días el fiscal propuso ese acuerdo de sometimiento a las bandas criminales?

La desgracia de los colombianos es que siempre estamos un poco atrás en la historia, hoy estamos tratando de resolver en La Habana el penúltimo conflicto de Colombia, el que nació hace 60 años. Hoy la gente se preocupa más de las bandas criminales en regiones como el Pacífico, Valle, Antioquia, la Costa Atlántica, que por el mismo conflicto de las Farc, porque le pegan más a la cotidianidad de la gente. No le hemos dado la respuesta adecuada a cada conflicto y dejamos mal terminada cada página. Ese conflicto de los paramilitares y la Ley de Justicia y Paz, que quedó mal terminado, abrió la página de las bacrim. Cada página que se abre es más degradante que la anterior, es más trágica para nosotros.

¿Pero cree que se debería llevar a cabo la propuesta de sometimiento a la justicia para esas bandas criminales?

Las bandas criminales no se pueden mirar cómo han querido ni se les debe mirar como parte del conflicto armado con una significación un tanto política. Se les tiene que dar toda su dimensión de bandas delincuenciales netamente criminales y no se puede pensar en generar nuevos beneficios penales cuando se trate de someterlas. Lo que sí entiendo es que es necesario hacer unas modificaciones en el procedimiento.

'No le hemos dado respuesta adecuada a los conflictos'

Usted ejerció como periodista durante un tiempo. Le pido que me diga, según su análisis, ¿por qué hace unos días el fiscal propuso ese acuerdo de sometimiento a las bandas criminales?

La desgracia de los colombianos es que siempre estamos un poco atrás en la historia, hoy estamos tratando de resolver en La Habana el penúltimo conflicto de Colombia, el que nació hace 60 años. Hoy la gente se preocupa más de las bandas criminales en regiones como el Pacífico, Valle, Antioquia, la Costa Atlántica, que por el mismo conflicto de las Farc, porque le pegan más a la cotidianidad de la gente.

No le hemos dado la respuesta adecuada a cada conflicto y dejamos mal terminada cada página.

Ese conflicto de los paramilitares y la Ley de Justicia y Paz, que quedó mal terminado, abrió la página de las bacrim. Cada página que se abre es más degradante que la anterior, es más trágica para nosotros.

‘No se puede pensar en beneficios para las bacrim’

¿Pero cree que se debería llevar a cabo la propuesta de sometimiento a la justicia para esas bandas criminales?

Las bandas criminales no se pueden mirar como han querido ni se les debe mirar como parte del conflicto armado con una significación un tanto política.
Se les tiene que dar toda su dimensión de bandas delincuenciales netamente criminales y no se puede pensar en generar nuevos beneficios penales cuando se trate de someterlas.

Lo que sí entiendo es que es necesario hacer unas modificaciones en el procedimiento.