“El Estado revictimiza al Chocó”: Defensoría

Desde siempre, factores geográficos, económicos y de fragilidad institucional han permitido el afincamiento de distintos actores armados en el departamento del Chocó. Hoy, las Farc, el Eln y el brazo rural de los Urabeños, conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, cometen múltiples crímenes contra la población civil en su cruzada por lucrarse del narcotráfico y de rentas legales e ilegales como la minería, la extorsión, la extracción de recursos naturales y el cobro de “impuestos”. Esa pugna ha fracturado el equilibrio de las comunidades negras e indígenas y ha puesto en peligro su pervivencia, un asunto de tal gravedad que ha sido tratado en distintas ocasiones por la Corte Constitucional.

Sin embargo, la vulnerabilidad de esos grupos étnicos, que representan el 96% de los habitantes del departamento, se ha visto agravada por la lánguida respuesta del Estado, que ha sido incapaz de reversar la crisis. Justamente, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, acaba de firmar una resolución en la que denuncia graves falencias en las actuaciones de las instituciones encargadas de atender a la población. Una de las que sale peor librada es, paradójicamente, la Unidad de Víctimas, que según la Defensoría no ha avanzado en la realización de las consultas previas para definir con las comunidades la manera como serán reparadas colectivamente, lo cual “no responde a las necesidades urgentes de atención y reparación”.

Otra de las críticas es que, supuestamente, la Unidad no ha atendido los casos de confinamiento que se han presentado por cuenta de enfrentamientos y restricciones a la movilidad ordenados por los grupos armados. Sobre este punto, la Defensoría aseguró que “el derecho a la atención humanitaria inmediata, especialmente en los temas alimentario y de aseo, es generalmente desconocido por la Unidad de Víctimas. Como sucedió con el confinamiento de las comunidades Las Delicias, Batatal y Puerto Misael, en noviembre de 2013, cuando amparados en cuestiones de seguridad, orden público o insuficiencia presupuestal, ignoraron la obligación de brindar la asistencia humanitaria”.

Además, cuestionó que el Registro Único de Víctimas, a cargo de la Unidad, solamente hubiera reportado el desplazamiento de 833 personas entre enero y junio, mientras la Defensoría pudo constatar, en ese mismo periodo, la expulsión de al menos 3.311 pobladores de municipios como Riosucio, Medio Atrato y Alto Baudó. Una diferencia de 2.478 personas que podría incidir en la formulación de políticas y planes de contingencia. Más aún, en la otra orilla, la del retorno de las comunidades desplazadas, también resultó cuestionado el Ministerio de Salud, que según la resolución defensorial no ha cumplido los compromisos del Plan Interinstitucional de Retorno de Víctimas elaborado en 2013.

La Defensoría apuntó que las comunidades retornadas reclaman “que se construyan y reconstruyan puestos de salud en zonas rurales, que cuenten con dotación y personal médico, así como con la formación y contratación de miembros de las comunidades para que ejerzan como promotores de salud”. Y denunció que en lo corrido del año han muerto 20 menores de cinco años por falta de prevención o tratamiento, en su mayor parte niños que integran el grueso de víctimas que han retornado a zonas como el Alto Andágueda. Entre los hallazgos sobre las irregularidades en la prestación del servicio de salud, se destacan que “las EPS no cuentan con red suficiente para atender a la población afiliada, en ninguno de los niveles de atención, ni cumplen con su función de aseguramiento, ni de supervisión, de las IPS que contratan”.

Asimismo, que “las IPS contratadas no cuentan con los servicios que ofertan a las aseguradoras para la adecuada atención de la población afiliada, existen anormalidades de contratación respecto a los medicamentos, las EPS Comparta y Caprecom no cumplen con lo establecido por la norma y la Ips Santa, que atiende a las comunidades indígenas del Alto Andágueda, no cuenta con la infraestructura, personal idóneo, ni requisitos mínimos exigidos para un primer nivel de atención”, entre otras situaciones. A ello se suman problemas de tipo diferencial, como que el personal médico es incapaz de comunicarse con sus pacientes indígenas debido a la falta de traductores y la inexistencia de un censo actualizado de esa población, lo que “impide una adecuada asignación de recursos públicos y su correspondiente acceso oportuno a los servicios a que tiene derecho”.

Las falencias en todos los niveles han ocasionado que, por ejemplo, los niños y niñas de algunos resguardos indígenas no sean registrados al nacer o al morir, lo que en concepto de la Defensoría los “invisibiliza en su carácter de ciudadanos”. Además, el deficiente estado de las vías ha dificultado el acceso a los pocos servicios de asistencia ofrecidos en la región, produciéndose hechos tan lamentables como la muerte de Adolfo Arias, un hombre de 38 años que “no soportó llevar la ayuda humanitaria de sus 10 hijos en sus hombros y murió en el camino a su comunidad a causa de un infarto”. De ahí que el defensor le haya formulado recomendaciones a múltiples entidades para que asuman sus funciones y mejoren la calidad de vida de los chocoanos.

Entre los llamados a resolver la crisis se encuentran los ministerios de Defensa, Interior, Hacienda y Salud, la gobernación del Chocó, la Unidad de Víctimas, la Superintendencia de Salud, la Fiscalía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Registraduría y la Comisión Interesectorial para la Prevención del Reclutamiento. Ello, porque según el defensor, “las intervenciones de las instituciones han sido parciales y esporádicas, y no cuentan con un enfoque diferencial-étnico”, razón por la cual “la precaria respuesta del Estado ha generado y facilitado la revictimización de la población desplazada y confinada que ha retornado a las zonas rurales del departamento del Chocó”.