![El tesoro Quimbaya podría ser repatriado](https://www.elespectador.com/resizer/v2/WAW47J6PNJH5NLBI7VLAWZX2BU.jpg?auth=f28f3834b40af041545989789c782527e29bf4deabab2e70312a9dd3df60a62e&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
En 1892 el entonces presidente de Colombia, Carlos Holguín Mallarino, le regaló a la reina de España, María Cristina de Habsburgo-Lorena, 122 piezas precolombinas hechas en oro que los historiadores han denominado como el “tesoro quimbaya”. El 4 de mayo de 1893 se materializó en Madrid la entrega de esta colección de antigüedades, que salió del país como parte de las exhibiciones realizadas en la Madre Patria para celebrar el cuarto centenario del descubrimiento de América. Desde entonces han estado en un museo de la capital española. Sin embargo, el magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas está terminando de afinar una ponencia cuya tesis es la defensa del patrimonio cultural de la Nación.
En términos castizos, Rojas evalúa la posibilidad de pedir la restitución del tesoro y aceptar las peticiones que desde hace siete años viene haciendo el ciudadano Felipe Rincón Salgado en distintas demandas contra la Presidencia de la República, la Cancillería y el Ministerio de Cultura. Según Rincón, el presidente Holguín Mallarino regaló el “tesoro quimbaya” sin tener las facultades para hacerlo, pues no le pidió permiso al Congreso en su momento y Colombia perdió 122 objetos de oro que constituían el ajuar funerario de seis personajes quimbayas de gran importancia, enterrados en dos sepulturas indígenas localizadas en noviembre de 1890 en una colina cubierta con maleza en Filandia (Quindío).
La historia es así: en agosto de 1891 el gobierno de Carlos Holguín Mallarino le compró al comerciante Fabio Lozano una colección de 433 piezas que pesaban 21,2 kilogramos de oro, que fueron encontradas por el ‘guaquero’ Domingo Álvarez en Filandia. Se trataba del “tesoro quimbaya”. Marco Fidel Suárez —quien sería presidente dos décadas después—, en calidad de representante del gobierno, compró la colección por un valor de $70.000 de la época y dicha transacción se formalizó a través de un contrato. El 20 de julio de 1892, cuando el presidente Holguín Mallarino se dirigió al Congreso, aceptó que había enviado a Madrid “la colección más completa rica en objetos de oro que habrá en América, muestra del mayor grado de adelanto que alcanzaron los primitivos moradores de nuestra patria”.
En su mensaje al Congreso añadió: “La hice comprar con ánimo de exhibirla en las exposiciones de Madrid y Chicago y obsequiársela al gobierno español para un museo de su capital como testimonio de nuestro agradecimiento por el gran trabajo que se tomó en el estudio de nuestros límites con Venezuela y la liberalidad con la que hizo todos los gastos que tal estudio requería. Como obra de arte y reliquia de una civilización muerta, esta colección es de un valor inapreciable”. Según el expediente, la justificación del presidente Holguín para regalar las 122 piezas de el “tesoro quimbaya” fue el presunto pago de un favor a España por su oficio como árbitro en un pleito fronterizo. El 4 de mayo de 1893, cuando era presidente Miguel Antonio Caro, cuñado de Holguín Mallarino, se materializó en Madrid la entrega de la colección.
El ministro plenipotenciario de Colombia en España, Julio Betancourt, en documento publicado por el Diario Oficial el 28 de junio de 1893, le informó al canciller Marco Fidel Suárez lo siguiente: “Tengo la honra de poner en su conocimiento que hoy he entregado a su majestad la Reina Regente los objetos de oro que componen la rica colección de antigüedades quimbayas enviadas por el gobierno como obsequio a España”. Para el demandante Felipe Rincón, esa donación invaluable —que está compuesta por 11 cuentas de collar, 8 colgantes, 1 corona, 2 instrumentos musicales, 21 narigueras, 3 recipientes, 31 orejeras y otras— constituyó una enajenación ilegal de bienes nacionales, pues el Congreso jamás dio su aval ni hubo un debate público y ni siquiera periodístico “para detener semejante generosidad”.
Aunque el “tesoro quimbaya” estaba compuesto por 433 objetos, tan sólo se tiene noticia de los 122 regalados a España. El historiador Germán Arciniegas consignó en el libro Secretos de El Dorado-Colombia lo siguiente: “Si en el momento de disponer del tesoro hubiera tenido Colombia la sensibilidad suficiente de admirar lo que iba a entregar y lo retiene, comienza en ese momento a formarse el Museo del Oro. Hoy sería par del de Tutankamón de El Cairo”. Para Rincón Salgado, el monto mínimo en valores actuales del detrimento al patrimonio público de la Nación se debe tasar así: tomar como base lo que vale un kilo de oro a pesos de hoy y multiplicarlo mínimo por 50 veces, teniendo en cuenta el valor artístico, arqueológico, histórico y cultural de una colección que siendo patrimonio colombiano se volvió patrimonio español.
Al revisar los archivos de la época se lee que el presidente Holguín Mallarino le dijo al Congreso el 22 de julio de 1892 que ese tesoro era una obra de arte y una reliquia de una civilización antigua y que antes de mandarlo a Madrid le propuso al gobierno de Venezuela “que tomase la mitad de la colección para que el obsequio fuese de varios gobiernos. No habiendo sido aceptado el ofrecimiento, determiné hacerlo por nuestra sola cuenta”. A su turno, según comunicación enviada por Julio Betancourt como ministro plenipotenciario, el diplomático manifestó lo siguiente después de entregarle el tesoro a la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena: “El regalo estaba colocado de antemano en una elegante y preciosa vitrina octogonal (...) al llegar su majestad con su numeroso séquito entregué a ella, después de un breve discurso, las llaves de la vitrina y el inventario (...) ella se sirvió corresponder las frases que le dirigí, encargándome de modo especial que manifestase su reconocimiento al gobierno de Colombia por el testimonio de cariño que envía a España”.
El abogado Felipe Rincón Salgado, luego de enterarse de las minucias de la historia de la entrega del tesoro a España, se obsesionó con el caso, escarbó en documentos apolillados, consultó a reputados internacionalistas y rastreó con paciencia de relojero un sinnúmero de archivos históricos que le permitieron llegar a la conclusión de que ese patrimonio colombiano —que algunos expertos estiman que puede llegar a valer 20 millones de euros— tenía que volver al país a como diera lugar. El 18 de diciembre de 2006 interpuso una demanda de acción popular con el objetivo de que la justicia corrigiera ese error histórico. Por muchos colegas fue tildado de loco, pero su certeza de que esas piezas que datan del siglo V antes de Cristo son una joya para el país, lo alentó a continuar su lucha jurídica.
El 4 de septiembre de 2009 el Juzgado 23 administrativo de Bogotá le dio la razón y estableció que la entrega del tesoro quimbaya a España fue inconstitucional y ordenó al Gobierno que adelantara todas las acciones diplomáticas y administrativas para recuperar dicha colección y conformara un comité de verificación para informarle al juzgado los avances en la repatriación de las piezas. La decisión de 58 páginas fue firmada por el juez Richard Navarro May. Desde entonces, este expediente ha sido objeto de polémicas y recursos judiciales infinitos. La Presidencia, la Cancillería y el Ministerio de Cultura pusieron el grito en el cielo y apelaron el fallo del juez Navarro May.
Para la Cancillería, por ejemplo, en 1892 esa colección quimbaya no había sido declarada como un bien del patrimonio cultural de la Nación, por lo que no se puede afirmar que esa donación hubiera traspasado los límites de lo legal. Aún más, sostuvo la Cancillería que en la Constitución de 1886 por ningún lado aparece que la cultura quimbaya, “su espiritualidad, usos, artes y técnicas pertenezcan al patrimonio cultural colombiano”. Además, se opuso a la demanda de acción popular porque solo fueron demandadas las autoridades colombianas y no España. Por su parte, el Ministerio de Cultura aseguró que la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena fue vital para solucionar un problema limítrofe con Venezuela y que el presidente Holguín Mallarino quiso regalarle al Museo de las Américas de Madrid estas 122 piezas de orfebrería prehispánica con el fin de consolidar la amistad con el gobierno español.
En uno de sus razonamientos más controvertidos, el Ministerio de Cultura conceptuó que si se acepta la tesis de que muchos colombianos se vieron perjudicados por ese obsequio del siglo XIX a la Corona española, los colombianos que disfrutan la exposición del tesoro en el museo de Madrid también podrían alegar que sus derechos fueron vulnerados “al impedírseles mantener un contacto con su cultura y raíces ancestrales”. El caso ha sido tan polémico que el veterano periodista Daniel Samper Pizano —hoy en uso de buen retiro, según él— en el libro Lecciones de histeria de Colombia, recordó esta historia y escribió que al presidente Holguín no se le ocurrió “mejor detallito” que darle oro a la reina de España.
Y añadió: “Fue así como el único oro que los españoles no se habían llevado de América, el tesoro Quimbaya, se los entregó el buen don Carlos sin preguntarle nada al Congreso, nada al país y por supuesto nada a los quimbayas. Y esa vez ni siquiera nos regalaron espejitos”. Luego de revisar la legislación de la época, las actas del Congreso y toda la argumentación de las partes, el juez Navarro May determinó que ese patrimonio debía regresar al país. En desarrollo del expediente el juez le pidió al Museo de las Américas certificar el estado de esas 122 piezas y la respuesta fue que estaban en sus bodegas. Para Felipe Rincón esto resultaba aún más inadmisible. No obstante, entre ires y venires judiciales el caso se fue enredando.
El 17 de febrero de 2011 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó el fallo del juez Navarro May al considerar que no se probó la violación de los derechos colectivos en este proceso. El abogado Rincón le pidió al Consejo de Estado en un recurso extraordinario de revisión que corrigiera ese yerro. Ese alto tribunal no lo hizo y tampoco escogió dicho expediente para su estudio. Rincón presentó una tutela que también le fue denegada por el Consejo de Estado, pero que el 22 de marzo de 2012 llegó a la Corte Constitucional. Y según pudo establecer El Espectador, el magistrado Alberto Rojas —que además es ponente de la demanda sobre la posible participación en política de las Farc— está afinando sus argumentos para defender la tesis del eventual retorno del tesoro. Pronto la Corte le pondrá punto final a este debate histórico para determinar si es más importante un regalo dorado a España —hoy embodegado— o el patrimonio invaluable de los colombianos.
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