![Alexandra Sandoval (izq.) durante la entrega de los restos de Cristina Guarín, entregados en septiembre de 2016. / Cristian Garavito](https://www.elespectador.com/resizer/v2/NPFELM4KOFCC5HWWFSJAOT5CEQ.jpg?auth=9ea8206392415fc213c420c49d8e2bfa6f4ad77a5f9ebbfb96d834f28e1ef498&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
Amelia Mantilla y Alexandra Sandoval, viuda e hija del magistrado auxiliar Emiro Sandoval, por fin saben dónde están los restos de su esposo y padre. Desde que lo enterraron en noviembre de 1985 hasta el 7 de julio de 2015 ellas y toda la familia Sandoval estuvieron convencidas de que los restos permanecían en la tumba en la cual lo inhumaron, en Jardines del Recuerdo, en el norte de Bogotá. Pero el martes 7 de julio de 2015, la Fiscalía lo exhumó temiendo, como ya temía en otros casos, que quien reposaba ahí era alguien más. Y tenía razón. De hecho, dos personas más yacían en ese espacio y todavía no se sabe quiénes son.
Tanto el director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, como el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, les confirmaron a Amelia Mantilla y a Alexandra Sandoval Mantilla lo que habían encontrado: que en una de las 94 cajas que tiene la Fiscalía en su poder, donde reposan los huesos que se exhumaron de una fosa común del Cementerio del Sur de Bogotá en 1998, estaba Emiro Sandoval. Es decir, que la familia Sandoval llevaba un año y ocho meses buscando unos restos que estaban en poder de la Fiscalía desde hace 19 años.
Si su familia recibe los restos, esta sería la novena entrega del organismo investigativo en los últimos dos años. Todos los casos, relacionados con el Palacio de Justicia. Es un trabajo que comenzó cuando el entonces fiscal general, Eduardo Montealegre, creó un grupo especial para acatar la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: seguir avanzando en el reconocimiento de los desaparecidos del Palacio. La Corte sancionó a Colombia por la desaparición forzada de 11 personas, pero cuando la Fiscalía estableció nuevas líneas de investigación, asumió también el reto de tratar de esclarecer el caos que había sido la entrega de restos recién terminado el holocausto.
Desde entonces se han hecho 25 exhumaciones que han expuesto la nueva herida del Palacio de Justicia, que nació con tres errores garrafales que contaminaron la entrega de restos en 1985, una vez el Palacio quedó bajo el control del Ejército. El primer error, que un grupo de militares lavó el Palacio de Justicia, borrando así evidencias claves. El segundo, que Medicina Legal no siguió protocolos rigurosos y entregó restos que los militares habían juntado sin cuidado. Y el tercero, que un juez de instrucción penal militar ordenó inhumar cadáveres en el Cementerio del Sur porque el entonces comandante de la Policía de Bogotá, el general José Luis Vargas, le había advertido que el M-19 planeaba asaltar Medicina Legal y robárselos.
Así fue como los restos de Emiro Sandoval, entre tantos otros, terminaron en una fosa común desde noviembre de 1985 hasta enero de 1998, cuando comenzó la gran exhumación. Una de las personas que más insistió en que exhumaran la fosa del Cementerio del Sur, a donde habían ido a parar también víctimas de la tragedia de Armero —que tuvo lugar una semana después de la tragedia del Palacio de Justicia—, fue el abogado Eduardo Umaña como representante de las familias de los desaparecidos del Palacio. Umaña, sin embargo, no vivió para ver los resultados de su constancia: en abril de ese mismo año fue asesinado en su oficina.
La persona que dirigió la exhumación en el Cementerio del Sur es precisamente quien, en los últimos dos años, ha notificado a las familias de las víctimas del Palacio —como a la de Emiro Sandoval hace dos días— uno a uno los nuevos hallazgos: Carlos Eduardo Valdés. Para esa época dirigía la División de Criminalística de la Fiscalía, y desde ese cargo coordinó el equipo de médicos, antropólogos forenses y odontólogos que se encargó del proceso. De los 90 cuerpos que había en la fosa común, se concluyó que 28 tenían mayores probabilidades de ser de víctimas del Palacio porque mostraban rastros de incineración y de vidrios.
Los resultados de esa exhumación masiva, desde entonces, se han visto a cuentagotas. En el año 2000 se identificó a Ana Rosa Castiblanco, una de las víctimas reconocidas en el fallo de la Corte Interamericana de noviembre de 2014. Ella murió carbonizada y su bebé (estaba embarazada) también. La Corte concluyó que, por las quemaduras que presentaba, posiblemente había muerto en el incendio que se produjo en el Palacio y que no podía concluir que fuera víctima de desaparición forzada. Los restos que estaban en la fosa del Cementerio del Sur fueron enviados a la Universidad Nacional, se hicieron cotejos de ADN. Nadie más fue hallado.
En mayo de 2013, antes de la condena de la Corte Interamericana, el CTI de la Fiscalía indicó que no había dónde más buscar a los desaparecidos del Palacio de Justicia. Que los restos que se habían exhumado en el Cementerio del Sur de Bogotá ya habían sido analizados sin más coincidencias que la de Ana Rosa Castiblanco y de dos personas más: René Francisco Acuña, un transeúnte a quien, sin motivos, lo registraron como Ricardo Mora y lo enviaron a la fosa común; y Fabio Becerra Correa, integrante del M-19 entregado a su hija en 2015.
Avances de la ciencia, principalmente, han permitido que el banco genético del Palacio de Justicia que ha construido la Fiscalía crezca y que otros restos provenientes de la exhumación del Cementerio del Sur hayan sido identificados. Entre ellos, los de Lucy Amparo Oviedo, a quien la Fiscalía halló el año pasado también en dos de las 94 cajas que contienen los resultados de la exhumación masiva de 1998. En 2014, la Fiscalía había divulgado igualmente otros dos hallazgos de esa fosa común: las guerrilleras del M-19 Mónica Molina Beltrán y Carmen Cristina Garzón Reyes.
Las exhumaciones de los últimos dos años han permitido esclarecer otras entregas e inhumaciones erróneas. Así se hallaron los restos de María Lida Mondol, de la magistrada Blanca Inés Ramírez, de William Almonacid (guerrillero del M-19), de Ruth Zuluaga (secretaria de Carlos Medellín). La Fiscalía quiere hacer la mayor cantidad de reconocimientos posibles. Alexandra Sandoval Mantilla y Amelia Mantilla, con el corazón tranquilo por la certeza y con el dolor que viene con una experiencia de este tamaño, insisten en convocar a familiares de quienes hayan perdido a alguien en la toma para que entreguen su ADN. Sin esa acción, ellas no sabrían hoy dónde estaba Emiro Sandoval.