Carlos Medina, viceministro de Política Criminal de Justicia Restaurativa, explicó que según las cifras del Ministerio de Justicia, actualmente existen demandas contra la Nación cuyas pretensiones de reparación económica superan los 23 billones de pesos.
Medina explicó que debido a este tipo de situaciones se presentará un proyecto de ley con el fin de agilizar el sistema penal acusatorio y de esta forma reformar la administración de justicia. De ser aprobada la ley más de 9 mil personas, que están en calidad de sindicados, podrían quedar en libertad.
“Esa ley no implica una excarcelación masiva, esa ley implica un trámite de solicitud que tiene que ser analizada por las autoridades caso por caso (…) Es una de las leyes más justas que ha logrado expedir la sociedad Colombia”, precisó el Viceministro al manifestar las ventajas del proyecto que será presentado el 20 de julio.
Los beneficiados con este proyecto de ley son personas que están siendo juzgadas por delitos menores y sin antecedentes judiciales. “Se aborda una reforma de fondo de tal forma en que se recuperan muchos elementos de la política criminal que han sido dejados atrás por el populismo punitivo”.
“Se puede pensar en un tratamiento diferencia frente a sus condiciones de vulnerabilidad”, precisó. El objetivo es que la medida privativa de la libertad sea emitida solamente en casos necesarios como lo exige la ley.