Entró en la recta final la definición de la demanda que interpusieron ante la Corte Constitucional el presidente Juan Manuel Santos y tres ciudadanos más contra el Pacto de Bogotá, que en 1961 reconoció la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para resolver controversias entre países que suscribieron dicho tratado. El magistrado Mauricio González Cuervo está a punto de entregar su ponencia sobre este polémico asunto, que tuvo como origen el desacato del Gobierno al fallo adverso que le quitó al país 75.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo en la frontera con Nicaragua.
El 19 de noviembre de 2012, casi 11 años después de que Nicaragua demandara a Colombia ante la CIJ, este alto tribunal con sede en Holanda delimitó marítimamente la frontera y reiteró la soberanía de Colombia sobre todas las islas, los islotes y cayos que se encuentran al este del meridiano 82. No obstante, dicha sentencia fue objetada de inmediato por el gobierno Santos, que declaró la inaplicabilidad de dicho fallo y anunció el retiro del Estado del Pacto de Bogotá. De inmediato se abrió un debate jurídico que aún no termina y que tendrá que dirimir la Corte Constitucional en la primera semana de mayo.
El Espectador conoció la esencia de las intervenciones que llegaron a la Corte por parte del Estado colombiano, la Procuraduría, varias universidades y académicos internacionalistas. Tan sólo la Academia Colombiana de Jurisprudencia y un par de profesores de Derecho Internacional apoyaron la tesis del gobierno Santos de que no puede aceptarse el fallo de La Haya, pues el artículo 101 de la Constitución establece que los límites de Colombia sólo pueden definirse a través de un tratado aprobado por el Congreso y revisado por la Corte Constitucional. El resto, la gran mayoría, de conceptos enviados al alto tribunal no dejan lugar a dudas: debe acatarse sin reparo alguno la sentencia de la CIJ.
Además del presidente Santos, los ciudadanos Juan Carlos Moncada, Jéssica Alejandra Mancipe y Carlos Eduardo Borrero demandaron la inconstitucionalidad de la Ley 137 de 1961 aprobatoria del Pacto de Bogotá. La Cancillería envió a la Corte un concepto en el que pidió tumbar dicha norma porque viola la constitución y puso como antecedente la sentencia que derogó el Concordato entre el Vaticano y Colombia en 1993. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, ese precedente muestra que la Corte Constitucional sí puede modificar tratados internacionales cuando estos continúan produciendo efectos en el país.
Por último, la Cancillería sostuvo que aunque la Carta de las Naciones Unidas habla de la naturaleza vinculante de la CIJ, no hace mención alguna a la obligación de su cumplimiento inmediato. En ese contexto, según el gobierno, Colombia y Nicaragua podrían negociar un tratado limítrofe para aplicar la sentencia de noviembre de 2012. La Procuraduría le pidió a la Corte declararse inhibida por falta de competencia, ya que revisar un tratado internacional perfeccionado va contra la Constitución, el principio de legalidad y el respeto al Derecho Internacional. E introdujo un argumento preciso: los tratados no pueden derogarse tan sólo con el hecho de que los Estados cambien su ordenamiento jurídico interno.
La Universidad del Rosario señaló que cualquiera que sea la decisión de la Corte Constitucional, sólo tendrá efectos en el derecho interno y no en el Derecho Internacional. Asimismo, respaldó el poder de la CIJ para fijar límites fronterizos y establecer la responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de sus obligaciones. Su conclusión es que Colombia tiene que acatar el fallo del 19 de noviembre de 2012, porque de lo contrario se generaría un precedente de responsabilidad internacional. Así las cosas, pidió no acoger la demanda del gobierno y los particulares, pues hubo en su momento una voluntad política del Estado colombiano y de los demás estados que hacen parte del Pacto de Bogotá para respetarlo.
La Facultad de Derecho de la Universidad Externado recalcó que la Carta de las Naciones Unidas consagra una serie de normas cuyo cumplimiento no puede soslayar Estado alguno, entre otras, el arreglo pacífico de controversias y la buena fe para acatar el resultado de los fallos. Y añadió que cuando Colombia ratificó este pacto, aceptó someter su política exterior a los principios del Derecho Internacional y asumió la obligación de someterse a la jurisdicción de la CIJ. Asimismo, consideró que los estados no pueden invocar disposiciones de su derecho interno para excusarse de cumplir una obligación internacional.
La Universidad Sergio Arboleda coincidió con los conceptos anteriores en el sentido de que la Corte de La Haya puede definir asuntos limítrofes y que Colombia al ser parte del tratado tiene que cumplir el fallo. Entre otras cosas, advirtió que la actitud del Estado colombiano de presentarse en todo momento ante el tribunal internacional para defender sus intereses constituye una prueba concluyente de que hasta que conoció la sentencia adversa, sí reconocía la competencia de la CIJ. Es decir, reprochó que apenas se perdió el territorio marítimo, ahí sí el gobierno denunció el Pacto de Bogotá y lo declaró inaplicable.
La Academia Colombiana de Derecho Internacional (Acoldi) concluyó que el respeto de Colombia por el Derecho Internacional ha sido una práctica y una costumbre de naturaleza constitucional y que, por tanto, no hay salida distinta, ni política ni jurídica, que entregar esos 75.000 kilómetros cuadrados de mar. Además indicó que el pacto cuestionado no se opone al artículo 101 de la Constitución, pues el Congreso participó de forma voluntaria y espontánea en la adopción de la ley aprobatoria del tratado, transmitiendo de forma parcial sus poderes para que en un evento controversial un caso fuera decidido por la justicia internacional.
También intervinieron el internacionalista Enrique Gaviria Liévano, el exmagistrado de la Corte Constitucional Marco Gerardo Monroy y el profesor Ricardo Abello. Casi todos los conceptos enviados a la Corte aseguran que Colombia quedaría muy mal parqueada en el concierto internacional si no acata el fallo de noviembre de 2012. El presidente y los tres demandantes más están convencidos de que tienen la razón, que ese llamado Pacto de Bogotá va en contravía de la Carta Política y que no se puede aceptar la entrega de ese territorio marítimo. La Corte dirimirá la controversia a tres semanas de la primera vuelta de los comicios presidenciales. Y, qué duda queda, su decisión traerá sus coletazos en la contienda política.
La denuncia al Pacto de Bogotá
El pasado 27 de noviembre entró en vigencia la denuncia hecha por el Estado colombiano al Pacto de Bogotá ante la OEA, acto que se realizó en protesta al fallo emitido por la CIJ que determinó los nuevos límites marítimos entre Colombia y Nicaragua.
Esta acción fue una jugada que realizó el gobierno de Juan Manuel Santos para evitar que mientras se resuelva la denuncia, Colombia no pueda ser demandada ni demandar ante la CIJ.
Sin embargo, según explicaron diferentes expertos, esta situación sólo representa un alejamiento parcial de la corporación internacional, ya que para dejar de ser parte de ésta se requeriría que se retirara de la Carta de la ONU y eso por lo pronto no va a suceder. Además, esto tampoco significa que el fallo a favor de Nicaragua quede sin efecto. Esta reacción de Colombia no fue bien vista en el ámbito internacional, porque lo deja mal parado frente a futuros pleitos internacionales.
El costo de la defensa ante la CIJ
Casi US$2 millones es lo que se ha gastado el Gobierno colombiano para defender sus intereses ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Luego de que esta corporación en noviembre de 2012 le arrebatara un pedazo de mar al país, para entregárselo a Nicaragua, el presidente Juan Manuel Santos empezó a contratar una serie de abogados para saber qué salidas jurídicas tenía el país. En medio de la tensa situación se contrató a Juan Daniel Jaramillo (en dos ocasiones), quien recibió por su primera asesoría un pago de $10 millones y por el segundo, $58 millones. Por su parte, Joaquín Polo Montalvo, contratado entre el 7 de marzo y el 7 de junio de 2013, recibió por su asesoría $34’800.000. Con Carlos Gustavo Arrieta la Cancillería suscribió uno que fue finalizado antes de tiempo, sin embargo, tuvo un costo de $139’200.000. Además de los abogados colombianos, también a la firma británica Volterra Fietta por US$800.000.
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