La jueza 47 de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a las ocho personas señaladas por la Fiscalía General de participar en los actos terroristas registrados en los últimos meses en la capital de la República, entre ellos, el atentado en el Centro Comercial Andino registrado el pasado 17 de junio. (Lea: ¿Universitarios, agitadores o terroristas?)
En la diligencia judicial, que se adelantó de manera reservada y bajo estrictas medidas de seguridad en el complejo judicial de Paloquemao, la jueza consideró que, debido a la gravedad de los hechos materia de investigación, la medida privativa de la libertad es necesaria para proteger a la comunidad y al proceso en sí.
Fuentes cercanas al caso aseguraron que los abogados de los procesados presentaron recurso de apelación asegurando que las pruebas esgrimidas por la Fiscalía General en la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida no permiten inferir una responsabilidad o participación directa por parte de las ocho personas. (Lea también: Defensores de sospechosos por ataque en Andino rechazan señalamientos)
Igualmente, consideran que existió una presión por parte de la Fiscalía y el propio Consejo Superior de la Judicatura con el anuncio de investigaciones penales y disciplinarias, respectivamente, si no se avalaban las pretensiones del ente investigador para enviar a la cárcel a los indiciados.
La Fiscalía General les imputó los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio, secuestro simple y hurto calificado y agravado. En la audiencia celebrada el pasado miércoles los indiciados no aceptaron su responsabilidad en los hechos. (Lea: ¿Quién puede estar detrás del Movimiento Revolucionario del Pueblo?)
Los procesados son Boris Ernesto Rojas Quijano, Lizeth Johana Rodríguez Zárate, Andrés Mauricio Bohórquez Flores, Alejandro Méndez Molano, Natalia Trujillo Novoa, César Andrés Barrera Téllez, Juan Camilo Pulido Rivera y Lina Vanessa Jiménez.
"Pudieron más las presiones"
El abogado Élmer Montaña, quien defiende los intereses de Lizeth Johana Rodríguez, aseguró que "pudieron más las presiones" ejercidas por la Fiscalía General y la Presidencia de la República que los argumentos presentados por los ocho abogados en las diligencias judiciales. "Las disertaciones de la señora juez demuestra que no hay elementos materiales probatorios para inferir que estos muchachos participaron en el atentado", dijo.El jurista manifestó que, en su intervención, la jueza de control de garantías reconoció que "no existía un video o una prueba directa" que relacionara "a estos jóvenes y le creyó a la Fiscalía que los procesados eran integrantes del Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) y que "de haber colocado bombas panfletarias fueron incrementando el accionar hasta que decieron poner una bomba en el centro comercial Andino".
Considera que la jueza hizo referencia a pruebas que no fueron presentadas por la Fiscalía General, como es el supuesto descubrimiento de panfletos relacionados con el MRP en cercanías al centro comercial Andino. "Estamos frente a un falso positivo judicial", precisó el abogado al señalar que existieron múltiples falencias en la investigación al descartar varias hipótesis de un tajo.
"La Fiscalía no individualizó de ninguna manera el comportamiento desarrollado por cada uno de los jóvenes, de una manera global habló de ellos como un grupo", precisó. En su concepto, la lógica de la Fiscalía es que si uno o dos hacían parte del MRP, todos sus amigos o las personas que estuvieran con ellos también hacían parte de esa organización criminal.
Incluso, la imputación -advirtió- desconoce el modus operandi del MRP que consistía en ubicar bombas en ciertos lugares para que cuando explotaran solamente salieran panfletos. "Nunca se le pudo atribuir al MRP la colocación de bombas de destrucción".
Para Montaña, con esto tipo de decisiones judiciales pueden quedar en libertad los "verdaderos responsables" de estos atentados. El abogado presentó recurso de apelación que deberá ser resuelto en los próximos días por un juez de conocimiento de Bogotá.
"Quieren demostrar resultados"
Luis Alirio Rodríguez, papá de Lizeth Johana Rodríguez, consideró que, evidentemente, existió una presión para que la jueza de control de garantías tomará la decisión de enviar a estas ocho personas a la cárcel. "Esto no puede pasar en Colombia. Yo soy una víctima más, igual que los otros padres de familia, somos víctimas de una patraña, quieren coger a nuestros hijos para demostrar resultados".En este sentido, aseguró que no existe una evidencia que demuestre que estos jóvenes tuvieron vinculación con los atentados o relación alguna con el MRP. "Es un dolor de patria. ¿Qué mensaje les estamos dando a los estudiantes universitarios? ¡Que no pueden trabajar en derechos humanos, que no van a poder luchar por un país mejor. Es un mensaje de miedo!".