"La ley se hizo para perseguir al despojador, no para criminalizar al campesino": Procurador

El jefe del órgano de control disciplinario respondió los cuestionamientos hechos por la presidenta de la Unión Patriótica.

Redacción Judicial
18 de abril de 2016 - 12:27 p. m.
"La ley se hizo para perseguir al despojador, no para criminalizar al campesino": Procurador

En una carta de cuatro páginas el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado le manifestó a la presidenta de la Unión Patriótica, Aída Avella Esquivel que los cuestionamientos presentados a la ley de restitución de tierras tienen sustento en las denuncias presentadas por las personas que aseguran que obtuvieron dichos bienes de buena fe.

El jefe del Ministerio Público manifestó que la ley tenía como objetivo clave quitarle las tierras al despojador y entregárselas a su legítimo dueño, sin embargo en muchos casos se le están quitando a personas que no tiene relación con el conflicto armado o que las adquirieron desconociendo que las mismas habían sido robadas por grupos armados ilegales.

En este sentido aseguró que se deben analizar los casos individuales con el fin de garantizar los derechos de todas las personas que tengan relación con el caso, esto es el dueño legítimo de la tierra así como el opositor de buena fe. Ordóñez Maldonado reiteró que la ley tiene graves fallas y vacíos que deben ser corregidos.

“Más allá de los discursos de consigna, los hechos muestran que muchas de esas personas son humildes campesinos y trabajadores rurales, no testaferros de las Farc, el ELN o las AUC. No se puede garantizar calificando de criminales a quienes actuaron en el marco de la ley y de ninguno modo tienen relación con aparatos delincuenciales”, precisó.

Para Ordóñez Maldonado en el marco de un proceso de paz como el que se adelanta actualmente con la guerrilla de las Farc es menester brindarles garantías y respetar los derechos de las víctimas del conflicto armado, sin embargo se deben tomar medidas para evaluar la situación de las personas que fueron engañados para adquirir dichas tierras.

“La ley se hizo para proteger al despojador, no para criminalizar al campesino o al empresario. El Estado tiene la obligación de restituir la tierra y reparar a las víctimas, pero no puede desconocer el debido proceso, los derechos de los demás ciudadanos, ni consagrar la persecución del delincuente según la condición socioeconómica que se tenga o los odios de clase”, señala uno de los apartes de la misiva enviada a Avella.

El Procurador General asegura que existen varios fallos judiciales así como conceptos de expertos que manifiestan las fallas que se han presentado en la puesta en marcha de la ley, observaciones que a su juicio no pueden ser ignoradas por el Gobierno. “No llamar la atención y negarse a escuchar a todos los sectores de la sociedad por igual sería faltar al deber constitucional”.

“Lo que se debe hacer es garantizar plenamente los derechos de las víctimas a la restitución, perseguir judicialmente a los despojadores y garantizar los derechos de quienes adquirieron tierras de buena fe y legalmente. Hacerlo es indispensable para evitar nuevos conflictos y nuevas víctimas. La reconciliación solo se podrá lograr admitiendo jurídica y garantizando los derechos de todos”, indica.
 

Por Redacción Judicial

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