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Óscar Silva, abogado del guerrillero Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias Simón Trinidad, aseguró que la libertad del extraditado miembro de las Farc pasa por la decisión que tome el presidente saliente de Estados Unidos, Barack Obama. El jurista explicó las posibilidades que se presentarían para que el jefe guerrillero salga en libertad, entre los que se encuentran el perdón del presidente saliente de los Estados Unidos. (Lea:Simón Trinidad sí puede volver a Colombia)
El abogado agregó que sería una decisión que corregiría un error histórico ya que “los Estados Unidos no respetaron el condicionamiento histórico que hizo la Corte Constitucional de Colombia cuando avaló la extradición”. Si Simón Trinidad llega a Colombia repatriado, el presidente Santos podría levantar las medidas de aseguramiento, conforme a lo que contempla ley 418 o de Orden Público. (Lea: ‘Simón Trinidad’, ¿coordinador de dejación de armas de las Farc?)
Hace dos semanas se conoció una carta en la que dos senadores republicanos le piden a Obama no conceder el perdón presidencial de Palmera. dichos legisladores son el senador de la Florida, Marco Rubio, y Lindsey Graham, del Sur de Carolina, quienes por medio del comunicado a la Casa Blanca dijeron que “dejar por fuera de la custodia estadounidense a Trinidad no solo le enviaría un mal mensaje a la guerrilla de las Farc y otras organizaciones terroristas, sino que también socavaría el sistema judicial de Estados Unidos”. (Lea: Senadores republicanos piden a Obama no conceder perdón presidencial a ‘Simón Trinidad’)
Ambos funcionarios indicaron que esperan que el Gobierno le reafirme, no solo al Senado sino al país, que “Estados Unidos no ofrecerá ni aceptará la transferencia o liberación de Simón Trinidad a Colombia o a cualquier otra parte”. Igualmente recordaron que de otorgarle dicho indulto a Trinidad, la aprobación de los fondos que solicitó el Gobierno colombiano para apoyar el proceso de paz en Colombia, que suman 450 millones de dólares, se vería afectada.
Palmera fue capturado en enero de 2004 en Quito (Ecuador) por las autoridades locales y luego deportado a Colombia. Ante la justicia colombiana enfrentó cargos por rebelión, extorsión, secuestro y asesinato de la exministra de Cultura, Consuelo Araújo. Luego de que fuera extraditado a Estados Unidos enfrentó dos juicios: uno por secuestro y otro por tráfico de drogas. En en el primer caso fue condenado a 60 años de prisión por ser el responsable del secuestro de tres ciudadanos nortemaericanos. La segunda querella por tráfico de drogas nunca avanzó.