Niegan tutela que pretendía suspender efectos del plebiscito por la paz

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó por improcedente la tutela que buscaba suspender provisionalmente los efectos del plebiscito avalado en el Congreso y ratificado por la Sala Plena de la Corte Constitucional como el mecanismo para refrendar el acuerdo final en el proceso de paz que adelanta el gobierno con la guerrilla de las Farc en La Habana (Cuba).

El magistrado ponente no compartió los argumentos presentados por el abogado que pedía suspender la citación del plebiscito hasta que el Consejo de Estado no resolviera de fondo una demanda interpuesta en contra de las resoluciones que dieron vía a la instalación de la mesa de diálogos con dicho grupo subversivo hace cuatro años.

En la tutela el jurista aseguró que la decisión de la Corte Constitucional violó el debido proceso al autorizar el plebiscito, pues la tutela anterior sobre los diálogos de paz aún no ha sido resuelta por parte del máximo tribunal de lo contencioso administrativo.

Por eso, dice el documento, Oñate pidió que se suspendieran “todos los efectos jurídicos hasta que se resuelva la demanda de nulidad”. La tutela, que fue admitida por el magistrado Cerveleón Padilla, se entabló contra el Presidente de la República, la Procuraduría y la Corte Constitucional. (Ver ) 

El documento le exigió una serie de pruebas a estas instituciones para poder seguir adelante con el proceso. Al presidente le exigió copia de los antecedentes y actos administrativos relacionados con el proceso de paz y una copia de los acuerdos a los que se han llegado con esta guerrilla en las negociaciones que se han llevado a cabo en La Habana (Cuba).

A la Corte Constitucional, la tutela le pidió que indicara “si esa corporación conoce la demanda interpuesta contra el acto administrativo que da inicio al proceso de paz”. Si es así, se solicitó informar sobre el estado en que se encuentra dicha solicitud. Además de esta petición, el abogado Oñate también pidió suspender el proceso de paz como medida provisional para defender su derecho al debido proceso.