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Los alcances de un reciente fallo del Consejo Superior de la Judicatura sobre las investigaciones de los llamados ‘falsos positivos’ tienen con los pelos de punta a fiscales de derechos humanos. Al resolver un conflicto de competencias entre la justicia ordinaria y la justicia penal militar (JPM), dentro de un expediente por la muerte de dos personas en Caldas, ocurrida en septiembre de 2007, el alto tribunal recordó que la aprobación en el Congreso de la reforma al fuero militar obligaba a la justicia a evaluar con más cuidado las investigaciones sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales y las consideraciones sobre los actos de servicio de militares.
La sentencia dejó perplejos a altos funcionarios de la Fiscalía, entre otras cosas porque dispuso que a partir de ahora el teniente coronel Carlos Alfonso Suárez —detenido y acusado por la Fiscalía de las muertes de José Antonio González y Carlos José López— será investigado por la JPM. En contraste, los cinco soldados que desarrollaron el operativo militar sí seguirán siendo procesados por jueces y fiscales. Una decisión que fue calificada como un “exceso” por fuentes consultadas por este diario y, aún más, como un peligroso precedente en las pesquisas adelantadas por la Fiscalía en contra de uniformados.
La historia es así: en desarrollo de la orden de operaciones 088 Atenas para combatir a los grupos criminales en Caldas, el 2 de septiembre de 2007, en la vereda La Ínsula del municipio de Chinchiná, se reportaron las muertes de José Antonio González y Carlos José López y la incautación de dos revólveres calibre 38. Incluso, los soldados procesados declararon que les habían disparado y que por eso respondieron. Pronto se descubrió que no ocurrió así. Pruebas forenses establecieron que ninguna de las víctimas disparó arma alguna. Tanto la JPM como la Fiscalía reclamaron la investigación.
En junio de 2011, casi cuatro años después de los hechos, el propio Consejo de la Judicatura, con ponencia del entonces magistrado Jorge Armando Otálora —hoy Defensor del Pueblo—, resolvió que el caso debía investigarlo la Fiscalía, pues no se demostró que las víctimas pertenecieran a un grupo ilegal, tampoco que hubiera reportes de organizaciones al margen de la ley o extorsionistas en la zona y, en cambio, sí se registró una cadena de aparentes irregularidades que nada tenían que ver con actos del servicio. A pesar de las sospechas, los muertos fueron reseñados como miembros del Cacique Pipintá de las autodefensas.
La Fiscalía siguió sus pesquisas y en agosto de 2012 se presentó escrito de acusación en contra del teniente coronel Carlos Alfonso Suárez y de los soldados Fidel Reina, Francisco Restrepo, Henry Henao, Geovanni Jiménez y Jorge Quintero por los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir, falsedad en documento público y peculado. Dicho de otro modo, el ente investigador consideró que había serias evidencias de una ejecución extrajudicial por parte de los militares. En marzo pasado se instaló el juicio en un juzgado de Manizales, pero el defensor de los uniformados volvió a pedir que el expediente lo resolviera la JPM.
Y aquí vino el lío que hoy tiene enfrentada una vez más a la Fiscalía con el Consejo de la Judicatura —de antología es la pelea pública entre el fiscal Eduardo Montealegre y magistrados de ese alto tribunal, como Henry Villarraga, por el carrusel de las pensiones—. Precisamente, con ponencia del magistrado Villarraga, se consideró en este expediente que cuando “la realidad constitucional” cambia es viable volver a examinar un proceso que ya había sido asignado a la Fiscalía. Se refería, por supuesto, a la aprobación de la reforma al fuero militar que tanta roncha causó en organizaciones de derechos humanos, Human Rights Watch y las propias Naciones Unidas.
En el fallo, conocido por El Espectador, el Consejo de la Judicatura señaló que en este nuevo contexto la solución de conflictos de competencia requería “de un especial cuidado” en la medida en que tanto la justicia ordinaria como la JPM “consagran reglas que regulan el uso de la fuerza de modo diametralmente diferente”. Por eso, concluyó: “Es perfectamente factible que lo que para un sistema es lícito, para el otro deviene en ilícito”. Esta sola consideración puso en alerta a fiscales de derechos humanos que consideran que, así las cosas, todos los expedientes por ‘falsos positivos’ terminarán sí o sí en la JPM.
De hecho, al analizar la presunción de inocencia de los militares durante un operativo, el Consejo de la Judicatura retomó largos apartes de la ley de reforma al fuero militar que pretendían blindar a los uniformados en el campo de batalla. Todo para concluir que sobre el teniente coronel Suárez no existen evidencias fuertes de su responsabilidad y, por lo tanto, disponer que su caso sea remitido cuando antes a la JPM. Ello, muy a pesar de que la Fiscalía, al contrario, lo acuse de homicidio y otros tres delitos. Fuentes consultadas advirtieron que el Consejo de la Judicatura se excedió en su análisis, pues no le correspondía evaluar las pruebas en el expediente.
La Fiscalía evalúa si interpone una tutela para evitar los efectos de la decisión del alto tribunal. El choque de trenes está más vivo que nunca, así como la controversia y el malestar entre el fiscal Montealegre y el magistrado Villarraga. En círculos privados cada uno de ellos desenfunda señalamientos contra el otro. Montealegre los denunció a él y a otros dos magistrados por el carrusel de pensiones —que investiga la fiscal Martha Lucía Zamora—. Villarraga estuvo a punto de suspender a Zamora por los yerros en el caso Sigifredo López. Mientras ese pulso aún no termina de resolverse, este nuevo fallo atiza la polémica. Montealegre ha dicho que a pesar de la reforma al fuero, la Fiscalía mantendría la competencia en estas investigaciones. No parece muy claro que sea así.
jlaverde@elespectador.com
@jdlaverde9