Con presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios y Policía Nacional se encuentra el complejo judicial de Paloquemao en el marco de la audiencia que se adelanta contra 13 personas por su presunta participación en los hechos que rodearon la planeación ye ejecución de atentados registrados en los últimos meses en la capital de la República.
A las afueras de los juzgados un grupo de 100 personas portando pancartas y emitiendo canticos y arengas rechazaron estas detenciones, asegurando que se trata de “un vil falso positivo de la Policía y la Fiscalía General”. “¡Los jóvenes no somos terroristas, terrorista el Estado que desaparece y asesina1”. Cantaban al unísono.
El vocero del Congreso de los Pueblos, Fabián Laverde aseguró que le exigen a la autoridades judiciales que le ofrezcan todas las garantías procesales a estas personas, puesto que en sus declaraciones el director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino y el vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo los prejuzgaron.
“Hicieron señalamientos sin valor, violando la presunción de inocencia y el debido proceso puesto que lo presentaron como miembros del Ejército de Liberación Nacional “responsables” de los atentados terroristas”, señaló Laverde al resaltar que dos personas que fueron capturadas en “flagrancia” ya recuperaron su libertad.
“Estamos bajo una actuación absurda e ilegítima y todo esto se trata de falsos positivos judicial”. Para el vocero de la organización ya los representantes de la Policía y la Fiscalía condenaron a estas 13 personas señalándolas de terroristas. “Las Universidades han sido estigmatizadas, puesto que el general Guatibonza aseguró que ellos venían de universidades de pensamiento liberal”.
“Se está estigmatizando el pensamiento social y a las pocas universidades pública. Es prematuro que hagan señalamientos”, aseguró. Actualmente se adelanta la audiencia de legalización de los elementos materiales de prueba en los operativos adelantados en la mañana del pasado miércoles.
Finalmente aseguró que estas detenciones son parte de un resultado mediático por parte de las autoridades judiciales “es imposible que en cinco días se adelante una investigación que lleve a tantas capturas. Nos llama la atención que los funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá se le suspendieron los contratos”.
Existe una restricción por parte de la Policía Nacional para que los medios de comunicación y los familiares de las víctimas entren a la diligencia judicial, e incluso al piso en el que se está adelantando.