Piden investigar a ministra de transporte por supuesto conflicto de intereses con Grupo Aval

Orozco ya dio sus explicaciones ante un debate en el Senado. Ahora, si la Procuraduría acepta el recurso, tendrá que hacerlo en el Ministerio Público. / Gustavo Torrijos - El Espectador

Desde que se supo que la ministra de Transporte, Ángela María Orozco negoció con siete entidades bancarias el millonario pago de las deudas que tenían los bancos con Odebrecht y sus socios en Colombia, las críticas la obligaron no solo a suspender los diálogos, sino a frentear un debate en su contra en el Congreso. El panorama para ella se está empeorando: el senador Jorge Enrique Robledo presentó en la Procuraduría una queja disciplinaria para que se investiguen las actuaciones de la ministra en este episodio. 

Según trascendió a finales de julio, la ministra Orozco tuvo acercamientos con los siete bancos que le habían prestado dinero a la concesionaria Ruta del Sol 2, compuesta por Episol (de Corficolombiana del Grupo Aval), el grupo Solarte y Odebrecht, para las obras de la carretera. En esas conversaciones, la ministra les habría dicho que el Estado estaba dispuesto a asumir toda la deuda, que alcanzaba los $1,2 billones, y les dio un parte de tranquilidad pues les aseguró que Gobierno los consideraba como terceros de buena fe, una condición fundamental para que la Nación pueda asumir esos pagos. 

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Pronto se supo de las negociaciones y las críticas y cuestionamientos hicieron que se suspendieran. En concreto, lo que se le reprochó a la ministra es que hubiera dicho que el Estado estaba dispuesto a pagar la deuda, cuando todavía no se sabía qué iba a decir el Tribunal de Arbitramento convocado para resolver el pleito por la liquidación del contrato de la Ruta del Sol 2, una decisión judicial que no solo era clave para los intereses de la concesionaria, sino para el país. De esa decisión se sacaría el monto que  debía pagar el Estado a Odebrecht. Finalmente, el 2 de agosto pasado se supo la decisión. La ministra quedó contra la pared. 

El laudo de arbitraje determinó, a grandes rasgos, que el Estado no podía sumir las deudas por la corrupción de la concesionaria, pues ya es claro que pagaron sobornos para quedarse con millonarios contratos y esto generó sobrecostos. Además, los árbitros del caso despejaron las dudas por lo dicho por la ministra Orozco y aclararon que las deudas con los bancos son únicamente de la concesionaria y que el Estado, bajo ninguna circunstancia, podía responder por esos millonarios pagos. En otras palabras, que la posición de la ministra frente a los bancos, no tenía ningún sustento jurídico.

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Para Robledo, el hecho de que Orozco no haya esperado a la decisión del tribunal de abitramento, constituye una falta grave que debe investigar la Procuraduría. Pero además, el senador del Polo Democrático le entregó al Ministerio Público una serie de pruebas que demostrarían que la ministra estaba impedida para desarrollar cualquier tipo de negociación con los bancos del Grupo Aval,  involucrados también en el escándalo de corrupción pues fueron socios de Odebrecht en el contrato de la Ruta del Sol 2. 

Por una parte, Robledo señaló que el 31 de marzo de 2004, la hoy ministra Orozco se convirtió en socia y copropietaria de la sociedad Ramírez y Orozco International Strategy Consultants Ltda., junto a la hoy vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez de Rincón. Más adelante, hacia 2006, el 100% de las acciones quedaron en poder de Orozco, quien además se convirtió en la representante legal. Allí trabajó hasta julio del año pasado, cuando dejó a un lado la firma para convertirse en la nueva ministra de Transporte. 

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Según Robledo, mientras ella estuvo a la cabeza de la sociedad, dos de sus clientes fueron el Banco de Bogotá y el Banco de Occidente del Grupo Aval. Estos mismos bancos fueron dos de los siete que se sentaron este año con Orozco a negociar el millonario pago de las deudas de la concesionaria de Odebrecht. Al no aclarar que la ministra había tenido relaciones comerciales con ellos antes de sentarse a discutir los pagos, Orozco habría cometido una irregularidad, dice el congresista. 

“Salta a la vista que se configura dicha causal de inhabilidad y que la misma debía ser revelada y advertida por la funcionaria a efectos de que la autoridad competente, en este caso el Consejo de Ministros, evaluara si la misma es procedente y cuál sería el funcionario encargada de reemplazarla. A pesar de la claridad sobre la configuración de la causal, la Ministra no informó, ni reveló sus contratos y vínculos con los bancos del Grupo Aval”, señala Robledo en su petición.

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Además, el senador recuerda que ella misma fue la encargada de aprobar un pago a los bancos, el 10 de enero de este año, por $627.000 millones y en esa ocasión, tampoco advirtió que había tenido negocios con dos de los bancos que resultaron beneficiados con ese dinero: Banco de Bogotá y Banco de Occidente. Para Robledo, esto es una clara falta disciplinaria que le pide a la Procuraduría que investigue y sancione. 

“A sus antiguos clientes y a otras entidades financieras del mismo grupo económico les reconoció unos recursos a pesar de que existen múltiples y graves indicios que dan cuenta de la corresponsabilidad del Grupo Aval en los sobornos y actos ilícitos que dieron lugar a la declaratoria de nulidad absoluta de los contratos de concesión otorgados al consorcio Ruta del Sol I”, dice el congresista.  Por eso, Robledo le pide a la Procuraduría que investigue el hecho de que Orozco no se haya declarado impedida, entre otras cosas. 

Durante el debate en el Congreso en contra de la ministra, el senador Robledo señaló que la ministra participó de una “jugadota" que iba a obligar a los "colombianos a pagar de nuestros bolsillos más de medio billón de pesos en favor de los banqueros (...) La exigencia de los colombianos la obligó a retirar ese despropósito. Pero, le mantengo la renuncia porque su violación de la ley es absoluta por haberse puesto como se puso al servicio del Grupo Aval”.

Por esos mismos hechos, la Procuraduría ya había advertido su preocupación. Cuando se supo de los acercamientos de la ministra Orozco con los bancos, el Ministerio Público calificó la negociación de  “inoportuna” y señaló que ponía “en riesgo” procesos judiciales que todavía están por definirse. “Los colombianos no deben soportar ninguna carga fiscal adicional por el caso Odebrecht. Como Procuraduría nos oponemos”, aseguró el Procurador General (e), Juan Carlos Cortés González.