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El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado llamó la atención frente al discurso emitido en los últimos días por el presidente de la República, Juan Manuel Santos frente al referendo para la aplicación de los acuerdos que se firmen en el proceso de paz que se adelanta entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc en La Habana (Cuba).
El jefe del órgano de control disciplinario manifestó que hace dos años el primer mandatario manifestó la necesidad de refrendar dichos acuerdos “y nos indicó que esa era la vía más adecuada y apropiada para la refrendación. Hay que esperar cuál es la vía que nos propone”.
Para Ordóñez Maldonado es llamativo que ahora Santos califique esta propuesta de referendo “como un suicidio”. En los próximos días se presentará un proyecto para la creación de una comisión legislativa frente al proceso de paz que ya cumplió tres años.
Frente a la propuesta para crear una comisión especial legislativa, conocida como ‘congresito’, y que tendría como fin implementar la normatividad de los acuerdos entre Gobierno y el grupo terrorista Farc, el jefe del órgano de control advirtió que ello significaría el desplazamiento del Congreso de la República y la usurpación de funciones definidas por la Constitución.
“Creo que quien debe desarrollar las normas estatutarias es el Congreso de la República. Este es el órgano dentro del Estado colombiano que tiene unas competencias insustituibles. Lo que se está haciendo claramente es desplazar al Congreso en el ejercicio de sus funciones constitucionales y creo que el Congreso debe hacer respetar sus fueros”, señaló.
En el borrador del acto legislativo para la paz, cuyos detalles fueron conocidos por ElEspectador, se plantean entregarle facultades al presidente de la República para emitir decretos con fuerza de ley, referentes a la institucionalidad y entidades que deben crearse o suprimirse con los acuerdos firmados.
En el artículo publicado en su edición del pasado martes se indica que en el documento, que ya ha sido presentado a los representantes de la Unidad Nacional, se crea una comisión legislativa especial compuesta por 15 senadores y 15 representantes a la Cámara que serán los encargados de tramitar en corto plazo las leyes requeridas para poner en marcha los acuerdos.
La composición de esta célula se hará de acuerdo con la que tiene el Congreso, lo que le garantiza al Gobierno las mayorías. Esta comisión, se plantea además, contará con participación de la guerrilla de las Farc, nombrados directamente por el presidente Juan Manuel Santos, pero estará condicionada a la firma del acuerdo de paz.