El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado manifestó que espera que el Congreso de la República adelante las investigaciones pertinentes por el vehículo oficial que fue retenido en la tarde del pasado lunes con 613 millones de pesos, presuntamente producto de actividades ilegales de la banda criminal del 'Clan Úsuga'.
El jefe del Ministerio Público señaló que si no hay avances él asumirá la investigación si no ve avances significativos en la mismo. "Ejerceremos el poder preferente para lograr establecer con claridad las causas, los responsables y las redes que puedan existir entre funcionarios del Congreso y organizaciones criminales".
Ordóñez calificó la situación como "grave" puesto que revelaría los nexos entre funcionarios del Congreso con organizaciones criminales. Según la Fiscalía General la suma transportada en dos bolsas sería producto de extorsiones adelantadas por dicho grupo armado ilegal, el mismo que convocó un paro armado en diferentes departamentos del país.
"Esas personas vinculadas al Congreso están sujetos a investigación disciplinaria del control interno, nosotros estaremos vigilantes y si observamos que la actuación de las autoridades disciplinarias internas se están tramitando en debida forma pues esperemos las decisiones prontamente porque porque eso necesita claridad", precisó.
El pasado martes la Fiscalía General le imputó los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y cohecho. En la diligencia se indicó que al momento de su detención Luis Javier Rojas Morera, quien fungía como asesor del representante a la Cámara del partido de la U, Alexander García, le ofreció 100 millones de pesos a los militares que lo detuvieron para evitar consecuencias.
La Fiscalía General manifestó que en el operativo adelantado en la tarde del pasado lunes se ubicó un puesto de control por parte del Ejército Nacional en el barrio el Chicó en el norte de Bogotá pues tenían información sobre la movilización del vehículo "con unos bienes de origen ilícito".
Las autoridades tenían los datos de un vehículo blindado color gris, con vidrios polarizados y placa OVH-551 de Bogotá. En efecto el vehículo pasó por el retén por lo que los militares le solicitaron el pare e iniciaron la revisión del mismo.
En el operativo el chofer, al no poder justificar el origen del dinero, le ofreció a los uniformados 50 millones para finalizar la requisa y así evitar la incautación del dinero, así como la detención. Acto seguido le ofreció 100 millones de pesos.
Las autoridades verificaron que los 12.999 billetes de 50 mil pesos incautados eran auténticos. Para el funcionario judicial el capturado no pudo justificar el orgien de dicha suma de dinero que transportaba en dos maletas.
Sin embargo, no se presentaron elementos que sustenten una inferencia razonable frente a la relación de éste dinero con la banda criminal conocida como el "Clan Úsuga" como lo mencionó la Fiscalía General.
"Apenas la Fiscalía infiere, advierte, supone hipóteticamente plantea que el origen de estos recursos tiene relación con actividades delictivas, pero en esencia lo que nos demada el código de procedimiento penal sobre autoría o participación no lo ha traído o mostrado", precisó.
Llama la atención el juez que los actos que le siguieron a la retención por parte del procesado demuestran una clara intención para ocultar la posesión del dinero y afectar la administración de justicio mediante el ofrecimiento de dádivas.
"Rojas Morera se sintió, seguramente, acorralado por el ejercicio de la actividad del Estado, por la actividad del Ejército Nacional y lo que proseguía al hallazgo de esa cantidad de dinero en su posesión. Y ante ese temor, seguramente infundado, buscó evitar que un servidor del Estado incumpliera la Constitución", indicó.
Debido a la gravedad de su conducta se consideró necesaria una medida privativa de la libertad para garantizar su presencia en el juicio que se le adelantará por estos hechos.