Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Procuraduría General le solicitó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia emtiir fallo absolutorio a favor del exdirector del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Andrés Camargo Ardila en el marco de la revisión del recurso de casación en el proceso que se le adelanta por las irregularidades que habrían rodeado la contratación para el "relleno fluido" que fue utilizado en las losas en la primera etapa de TransMilenio.
En el recurso, firmado por el procurador General Alejandro Ordóñez Maldonado, se señala que existe evidencia para inferir que Camargo Ardila no tuvo participación directa sobre la elección del contratista para el tema del material que iba a ser utilizado puesto que esto fue adelantado por una subcomisión técnica del Instituto que le dio el visto bueno a la propuesta presentada por una empresa mexicana.
En este sentido se señala que el director del IDU durante la primera administración de Enrique Peñalosa, no tenía participación en los aspectos técnicos y científicos del contrato puesto que esta tarea debería ser adelantada por otros funcionarios del Instituto que tenían “conocimientos especiales”.
Para la Procuraduría General tampoco se pudo demostrar en el juicio que con la celebración de este contrato Camargo quisiera beneficiar a terceros, hecho por el cual se debe anular el fallo que lo condenó a cinco años de prisión por el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales.
En este sentido la Procuraduría General señaló que no se hizo una valoración adecuada de los elementos probatorios por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior que pese a que le rebajó la condena consideró que existían elementos para mantener el fallo condenatorio. “El Tribunal Superior debió probar, no suponer”, señala el recurso.
Advierte la Procuraduría General que al hacer las respectivas solicitudes fue imposible acceder al expediente del proceso que se adelantó contra Camargo Ardila puesto que no encontraron las transcripciones, audios, o los registros de las sesiones de audiencia pública.