La prueba reina de las chuzadas a la Corte

Uno de los documentos que constituyen la prueba reina de la Fiscalía para asegurar que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no solamente fueron espiados sino además chuzados por agentes del DAS, lleva cinco años traspapelado entre los millones de archivos decomisados a la policía secreta. El exsubdirector de Fuentes Humanas William Romero, en desarrollo de su colaboración con la justicia, entregó en 2010 unas 16 teras de información contenidas en varios computadores y que suman cerca de 80 millones de archivos. Ese primer reporte en el que el DAS pide interceptar los teléfonos de varios magistrados fue conocido en exclusiva por El Espectador.

El informe, rotulado “Caso Magistrados”, fue elaborado por la Dirección de Inteligencia del DAS a mediados de 2007, cuando las tensiones entre la Corte Suprema de Justicia y la Casa de Nariño comenzaban a hacerse evidentes por los coletazos de la parapolítica y por la “guerra fría” que se vivió entre ambas instituciones cuando el magistrado Yesid Ramírez ofició como presidente de la Corte, en 2006. De público conocimiento fue que en esa época el presidente Uribe y Ramírez tuvieron agrios enfrentamientos y controversias públicas y privadas. Justamente, el magistrado Ramírez y el investigador de la parapolítica, el magistrado auxiliar Iván Velásquez, encabezaban la lista de perseguidos.

En el documento se le ordena a la Subdirección de Desarrollo Tecnológico la “interceptación de las líneas” telefónicas del magistrado Yesid Ramírez, de la esposa del magistrado Iván Velásquez, y de su hijo, Víctor Velásquez. En el listado aparece el nombre de Lina Cárdenas, aunque su nombre está tachado. Además, el DAS anexó los números de sus teléfonos celulares para que de inmediato se empezaran a escuchar. La clave de este informe, a diferencia de muchos otros en poder de la justicia por el caso DAS en los cuales se habla de monitoreos y vigilancias, es que en él se señala explícitamente “la interceptación de las líneas”. En todo el expediente de las llamadas “chuzadas”, la primera respuesta de los enjuiciados por estos hechos es que chuzadas no hubo. Por eso resulta clave este reporte.

Lo primero que se le pidió a la Subdirección de Fuentes Humanas fue establecer las propiedades del controvertido empresario Ascencio Reyes, un conocido lobista de las altas cortes y de la Fuerza Pública. Reyes fue conocido entre los dignatarios del poder judicial como “el mecenas de la justicia”, un hombre cuyo patrimonio despertó suspicacias en la Fiscalía y quien en 2006 patrocinó el viaje de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, junto con sus esposas, a un homenaje que le rindió en Neiva al presidente de ese alto tribunal, Yesid Ramírez. Ascencio Reyes tenía otro problema: en 2001 compró una finca de 3.972 hectáreas, denominada Guichiral, en Puerto Lleras (Meta), en compañía de Consuelo Collazos Ceballos y José María Ortiz Pinilla. Este último, más conocido como Chepe Ortiz, fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico.

Por eso, para el DAS fue fundamental inventariar el patrimonio de este empresario huilense. A la Subdirección de Fuentes Humanas se le dieron cinco órdenes. Primera, obtener el listado de los magistrados auxiliares de la Sala Penal de la Corte, información que debía llevar la identificación plena de cada uno de los juristas, de qué magistrado dependía, su trayectoria laboral y las anotaciones de inteligencia que tuvieran en el DAS. Segunda, “establecer la alianza de los magistrados de la Sala Penal de la Corte con miembros de las organizaciones como Madres de la Candelaria, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado”.

El tercer requerimiento fue establecer la relación entre los magistrados de la Corte con el entonces procurador Edgardo Maya y el fiscal Mario Iguarán. En cuarto lugar, el DAS buscó obtener “el listado de los funcionarios que laboran con el magistrado Yesid Ramírez” y determinar cuál de ellos supuestamente estaría “filtrando información al senador Juan Carlos Martínez Sinisterra”, hoy condenado por parapolítica. La quinta orden fue constatar si Claudia Patricia Reyes Ipuz, hija de Ascencio Reyes, fue nombrada en la oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía durante la administración de Iguarán. Una posibilidad que se contempló en tanto varias fuentes le aseguraron al organismo de inteligencia que Reyes era un hombre muy cercano al fiscal de entonces.

A la Subdirección de Operaciones se le ordenó la identificación plena de los integrantes de un pool de abogados que tenía sede en el World Trade Center de Bogotá y su supuesta relación con Ascencio Reyes. Según el DAS, los posibles socios de esta firma vigilada eran los abogados Pedro Nel Escorcia, Ricardo Pineda Torres y José Juan Rivera. Además, el organismo de inteligencia dejó constancia de su interés por obtener la copia de un video, tomado en el Peñón, “donde el magistrado Yesid Ramírez se encuentra en compañía de la familia Cabrera. Este video reposa en el expediente que cursa en la Fiscalía por la defraudación a Cajanal”. El DAS se refería a los hermanos Ómar y Armando Cabrera Polanco, señalados como los cerebros detrás del desfalco de esa entidad.

A la dirección seccional del DAS en Huila se le pidió obtener información de inteligencia de Johana, Laura y Pedro Ramírez, hijos del magistrado Yesid Ramírez. Textualmente se lee: “(averiguar) qué se encuentra haciendo, amigos, relaciones con políticos y organizaciones al margen de la ley; se dice que el fiscal general es muy amigo de la familia y que hasta lo incluyen como referencia en sus hojas de vida”. Asimismo se le solicitó a la seccional del DAS en Caquetá indagar por los amigos del magistrado Ramírez cuando residió en ese departamento, su relación con la abogada Lina Cárdenas y su familia (ganaderos de la región), si estudió primaria en el colegio San Luis Gonzaga del municipio de Paujil y “si durante su época de estudiante fue amigo (del jefe guerrillero) Raúl Reyes”.

A la seccional de Antioquia se le ordenó documentar los pasos del magistrado Sigifredo Espinosa. Para tal propósito se indagó por su relación con el exmagistrado Herman Galán Castellanos, quien defendió entonces a la pareja de ciudadanos alemanes Werner Mauss y Michaela Mollner, investigados en los años 90 por sus presuntos vínculos con el Eln. Además se pidió verificar toda la vida del magistrado Iván Velásquez Gómez, la información de inteligencia relacionada con sus hijos Catalina y Víctor Velásquez, y su récord de visitas a la cárcel al desmovilizado paramilitar José Orlando Moncada, alias Tasmania. Ya entonces el DAS terminaba de ajustar las piezas del rompecabezas del montaje contra Velásquez, promovido por el abogado Sergio González y el exparamilitar Juan Carlos El Tuso Sierra.

Además, a los detectives del DAS en Antioquia se les requirió información del magistrado Javier de Jesús Zapata Ortiz, establecer su filiación política, su jefe político, el registro de su hoja de vida, sus presuntos nexos con organizaciones al margen de la ley y si había información de inteligencia que lo relacionara con Ascencio Reyes o con el empresario italiano Giorgio Sale, condenado ni más ni menos que por ser el enlace de Salvatore Mancuso. A la seccional Boyacá se le ordenaron cosas similares, pero esta vez el objetivo era el magistrado José Leonidas Bustos, hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia. Lo mismo ocurrió con las seccionales de Santander, Bolívar y Valle del Cauca, a las que se les pidieron reportes de los magistrados Alfredo Gómez Quintero, Jorge Luis Quintero Milanés y María del Rosario González.

Con una particularidad en el caso de Santander: se pidió identificar si Alfredo Gómez tenía relación con el senador Iván Díaz Mateus (condenado por la yidispolítica) y si tuvo reuniones “con miembros de las Farc cuando se desempeñaba como diputado de Santander, para lo que se solicita establecer fechas de reuniones, con qué cabecillas se reunió y fotografías”. Está claro que el objetivo del DAS desde el primer momento de la “cacería” a la Corte era tratar de encontrar cualquier información que pudiera enlodar a los magistrados. De hecho, todos los seguimientos ordenados en este reporte conocido por El Espectador eran de la Sala Penal, que investigaba el escándalo de la parapolítica.

Por último, en el documento se requirieron los movimientos migratorios de los últimos tres años de los entonces magistrados Sigifredo Espinosa, Julio Enrique Socha, Alfredo Gómez Quintero, Jorge Luis Quintero, María del Rosario González, Javier Zapata, José Leonidas Bustos, Yesid Ramírez y Augusto José Ibáñez. Además, a la Dirección de Contrainteligencia se le ordenó buscar información privada y patrimonial de todos estos juristas en los registros de Datacrédito, la Cámara de Comercio de Bogotá, oficinas de Notariado y Registro, Catastro, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y hasta las EPS a las que estaban afiliados.

Este documento resulta particularmente importante en la coyuntura de hoy, pues revela que sí se dieron órdenes al más alto nivel del DAS para interceptar los teléfonos de varios magistrados. Se trató de la operación más osada del organismo de inteligencia para desacreditar a como diera lugar al máximo tribunal de la justicia ordinaria en Colombia. De todos estos episodios, según varios de sus exsubalternos, conoce la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado. Desde su llegada al país, el sábado 31 de enero, la política está más alborotada que nunca. El expresidente Álvaro Uribe sostiene a pie juntillas que jamás dio órdenes para espiar a la Corte.

En uno de sus múltiples trinos de las últimas horas aseguró: “La presión para traer a María del Pilar Hurtado es para que diga que fue Álvaro Uribe quien ordenó toda las acciones ilegales”. En contraste, las víctimas del DAS piden que Hurtado hable.

jlaverde@elespectador.com