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El representante a la Cámara por el Partido de la U, José Eliecer Salazar López, acaba de radicar un proyecto de ley ante el Congreso con el fin de regular el uso de las redes sociales. Entre las propuestas que aparecen en el documento presentado por el parlamentario cesarence, al cual tuvo acceso El Espectador, llama la atención varias de las prohibiciones que habría en el uso de las redes en dado caso de que este sea aprobado. Por ejemplo, “sobreexponer su intimidad o revelar información personal y sensible dentro del perfil, como información económica, financiera, dirección de residencia, teléfono o información sentimental”.
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El proyecto de ley también contempla que los menores de 14 años de edad no puedan pertenecer a redes sociales o que se publiquen sus datos por estas plataformas sin el consentimiento de sus padres. Asimismo, estaría prohibido “Publicar cualquier tipo de dato, información, archivo, fotos, videos de otras personas, sin el consentimiento expreso o escrito de las mismas; descargar libre y gratuitamente contenidos que tengan derechos de autor; usurpar la identidad de otro y crear perfiles que no representen a una persona real (...); publicar expresiones o comentarios insultantes o amenazantes acerca de otras personas, grupos o comunidades que agravien, afecten u ofendan su buen nombre, honra, intimidad, integridad personal, libertad de expresión o ejercer acoso por internet" y la promoción de noticias falsas para atacar rivales políticos o comerciales.
El representante Salazar también propone que los usuarios de las redes sociales tendrán la obligación de "ser discretos con lo que publican" y no compartir publicaciones que puedan afectar a terceros sin corroborar previamente su veracidad. A su vez, los proveedores, administradores y usuarios de redes sociales tendrán el "deber" de denunciar ante las autoridades cualquier acto criminal realizado por estos medios digitales; abstenerse de usar las redes sociales en internet para divulgación de contenidos ilícitos. El proyecto de ley también propone un "derecho de retractación", el cual consistiría en que si usuario de las redes publica información, o use expresiones y mensajes que afecten derechos fundamentales de otras personas, tendrá la posibilidad de retractarse por el mismo medio por el cual hizo la publicación, "sin necesidad que medie orden judicial".
Para combatir los ciberdelitos, el congresista del partido de la U incluyó en su proyecto de ley la creación de una comisión de ciberseguridad, la cual estaría compuesta por los ministros de Justicia, Defensa, TIC y Relaciones Exteriores; el fiscal general de la Nación. Su función principal, según el mismo documento de 22 páginas, será adelantar las iniciativas para fortalecer o reformar las leyes que sean necesarias para garantizar "el marco normativo adecuado para la ciberseguridad y la ciberdefensa de la información o contenido ilícito publicada en las diferentes redes sociales".
Asimismo, la comisión tendría como función hacer parte del organismo a expertos con conocimientos técnicos y jurídicos en el tema de seguridad de la información y ciberseguridad. La comisión también tendrá bajo su responsabilidad "diseñar e implementar un plan de capacitación en temas de seguridad de la información y ciberseguridad para los funcionarios del Estado, con el apoyo de organismos internacionales; garantizar el fortalecimiento de la legislación en materia de ciberseguridad y ciberdefensa; realizar convenios de cooperación internacional para la adhesión de Colombia a los diferentes instrumentos internacionales en ciberseguridad y ciberdefensa", entre otras funciones.
Uno de los fundamentos del parlamentario para presentar esta propuesta es la protección de los niños y menores de edad en las redes sociales. Por ende, una de sus proposiciones es que el Ministerio de Educación, las entidades educativas y la Policía Nacional capaciten a este sector de la población sobre los posibles riesgos a los que se enfrentan por el uso de las redes sociales. Para este fin, se crearía la cátedra "Media Social, como obligatorio cumplimiento en todas las instituciones educativas del país en 4 y 5 de primaria y 6 de bachillerato".
Dentro de esta materia obligatoria se incluiría dar información sobre cómo por estos medios "los niños se exponen a sufrir acoso de otros compañeros o cyberbulling, es por ello que es importante que conozcan el efecto viral que tiene Internet. La rapidez con que un comentario o una opinión es rápidamente transmitida por las redes sociales y lo pronto que llegará sobre todo al círculo de personas más cercanas y que más daño podrían causar".
Medios de vigilancia y sanción
El Ministerio de las TIC y la Superintendencia de Industria y Comercio, según la propuesta de Salazar, deberán suscribir acuerdos o códigos de conducta con Facebook, Twitter, You tube, Google y demás redes sociales o plataformas digitales que surjan, para que estas compañías asuman la responsabilidad de implementar una serie de mecanismos y procedimientos que permitan "suspender publicaciones, contenidos o expresiones ilegales, ofensivas, abusivas o indeseables; sexuales; de terrorismo; de odio por condiciones de género, político, religioso o de raza; de violencia física o moral, de forma rápida y eficaz para proteger a los usuarios víctimas de los mismos".
En caso de la suspensión de contenidos o desactivación de cuentas, señala el proyecto de ley, el usuario victimario será informado o notificado y podrá a su vez utilizar mecanismos de impugnación como consumidor, mecanismo que el Gobierno se encargará de reglamentar. "Todas las plataformas sociales deberán crear, estipular o reformar todas sus políticas o reglas a una forma sencilla o práctica de lectura y comprensión para sus usuarios, categorizándolos de manera simple en materia de seguridad, información privada, autenticidad, entre otros".