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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó estudiar una acción de tutela que busca que el próximo presidente de la República continúe con el proceso de paz que se adelanta actualmente entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc.
En la acción judicial se citó el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia en el cual se indica que la paz es un derecho, un valor y un deber estatal, por lo que pide que por medio de una orden judicial se ordene la continuación de los diálogos.
“Independientemente de quien sea el presidente de la República de Colombia elegido para el periodo constitucional para los próximos cuatro años continúe con los diálogos de paz”, precisa uno de los apartes de la tutela que será estudiada por la magistrada Amparo Oviedo Pinto.
En este sentido se puso de presente además la sentencia C-579 de 2013 de la Corte Constitucional que sostiene que la carta magna fue concebida como un tratado de paz, hecho por el cual el Presidente de la República es el primer encargado de proteger y velar para la ejecución de este ordenamiento.
“Si ese fue el fin principal de la Carta de 1991 no puede un candidato, que una vez resulte elegido, dar por terminado un proceso que va dirigido a lograr el cumplimiento de ese deber estatal” puesto que se estaría vulnerando los derechos de los colombianos.
En la aceptación de la acción judicial se le da un plazo de 48 horas a los candidatos a la Presidencia de la República alleguen al despacho su respuesta en materia de oficio que agregue luces a “la situación fáctica y jurídica” que es motivo de estudio.
La decisión le fue comunicada a las oficinas de las respectivas campañas políticas para que emitan su respuesta. Igualmente se le allegó la comunicación a la Presidencia de la República por medio de su Director del Departamento Administrativo.