!['La resistencia civil es un derecho de los ciudadanos': Procurador General](https://www.elespectador.com/resizer/v2/HD6PMLTSIVEMVIU777WVDOF5T4.jpg?auth=fd718c1e9e61ced236073959f70b57b83ac847d834039c317c0036be9f726649&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
Gran controversia ha causado la propuesta presentada por el senador del Centro Democrático de convocar a una “resistencia civil” como una forma de protesta por lo que se ha considerado la firma de la impunidad en el acuerdo final en el marco del proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc en La Habana (Cuba).
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo calificó la propuesta como “delirante y peligrosa” puesto que pone en riesgo el Estado de Derecho. Por su parte, los representantes del Centro Democrático aplaudieron la idea al considerar que representa el malestar que ha generado en la sociedad los acuerdos firmados en las negociaciones con dicho grupo guerrillero en los últimos tres años.
Frente a esta polémica el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado que considera que la figura de la resistencia civil “es un derecho que constitucionalmente tienen los ciudadanos”. El jefe del órgano de control disciplinario asegura que esto represente un derecho que tiene la población para participar en política si esta se hace dentro de los “cánones que establece la Constitución”.
“Lo curioso en Colombia es que se pretende criminalizar la resistencia civil y se pretenda bendecir la resistencia armada, aquí estamos protegiendo son las garantías constitucionales de unos y de otros, de quienes discrepan y de quienes apoyan los acuerdos de La Habana”, precisó el jefe del Ministerio Público tras participar en una conferencia en la Universidad de La Florida (Estados Unidos).
Ordóñez Maldonado asegura que este tipo de mecanismos ayuda la controversia, la discusión y el disentimiento frente al proceso de paz. “Acudir a todos los instrumentos de carácter constitucional para discutir, es legítimo, no se entendería una democracia que no protegiera esos disensos”.
Debido a esto considera que no se puede calificar como un escándalo la presentación de este tipo de y “no se puede criminalizar este tipo de ejercicios de participación dentro de los cánones constitucionales”.