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La Fiscalía colombiana pidió este lunes la condena de dos altos exfuncionarios del Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) implicados en una trama de seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas, magistrados, congresistas y defensores de derechos humanos.
La fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Victoria Parra, dijo este lunes en una audiencia que se presume la responsabilidad penal por este caso de la exdirectora del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado, y del exsecretario general de Presidencia Bernardo Moreno.
"No hay dudas de la antijuridicidad de su proceder y mucho menos sobre la responsabilidad penal que en estos hechos cabe imputar a los doctores María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno", manifestó.
Parra pidió a los magistrados de la Sala Penal de la Corte condenar a Hurtado, que se asiló en Panamá en 2010, por los delitos de concierto para delinquir, abuso de función pública y violación ilegal de comunicaciones, peculado por apropiación y falsedad ideológica.
En el caso de Moreno, solicitó la condena por los delitos de concierto para delinquir, abuso de función pública y violación ilegal de comunicaciones.
Según la funcionaria, "la Fiscalía logró corroborar con elementos materiales probatorios, suficiente evidencia" de que se pretendía "hallar nexos entre la Corte Suprema y el narcotráfico", pues en la época de los hechos miembros de ese tribunal estaban enfrentados con el entonces presidente Uribe.
Parra manifestó además que el entonces jefe de Estado estaba enterado de las operaciones de sus subalternos y "muy complacido con la información que le estaban haciendo llegar de la Corte Suprema de Justicia", al punto de que "ordenó una felicitación".
El escándalo de las escuchas salió a la luz en febrero de 2009 y desde entonces han sido procesadas y condenadas 17 personas. Hurtado, principal implicada en el espionaje como directora que fue del ahora desmantelado DAS entre 2007 y 2009, recibió asilo político en Panamá a finales de 2010, beneficio que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de ese país en mayo pasado.
Un pedido de extradición de Colombia fue rechazado en febrero de 2012 por el Gobierno panameño y al día de hoy las autoridades colombianas no tienen claro si Hurtado continúa en ese país o si huyó a un tercero.