Tras crimen de María del Pilar Hurtado, Procuraduría investiga al alcalde de Tierralta

María del Pilar Hurtado Montaño. / Cortesía

El crimen de la lideresa social María del Pilar Hurtado Montaño sigue generando repercusiones en todo el país. La Procuraduría abrió investigación en contra del alcalde de Tierralta, Córdoba, Fabio Leonardo Otero Avilés, por presuntas irregularidades en el control del orden público originadas por la invasión de unos lotes en el municipio, para analizar si estas habrían derivado en el asesinato de la mujer.

El crimen viernes 21 de junio y conmocionó al país luego que se conociera, por un video, la reacción desagarradora de uno de sus hijos. María del Pilar Hurtado, una líder comunitaria de la Fundación de Víctimas Adelante con Fortaleza (Funviavor) del Cauca que se había desplazado a Tierralta (Córdoba) hace un año, porque había sido amenazada tras denunciar los lugares de desaparición forzada, asesinatos y torturas conocidas popularmente como “casas de pique” que tenían los narcos y paramilitares en Puerto Tejada, Cauca.

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La Procuraduría anunció en un comunicado de prensa que "busca determinar la gestión de la administración frente a la ocupación de predios por parte de un sector de la comunidad, así como el manejo que dieron a las presuntas amenazas de que fue víctima la lideresa, representante de la comunidad que habría invadido algunos lotes en el municipio". En la investigación también fue incluido el secretario de Gobierno del municipio, Willington Ortiz Naranjo.

Esta investigación tiene en cuenta que Hurtado vivía en barrio popular que se constituyó producto también de una invasión en 2013. Como explicó El Espectador el pasado 24 de junio, María del Pilar, de 34 años, sin tierra, casa ni dinero, optó por levantar un rancho junto con su familia en estos lotes, uno de ellos de propiedad de Fabio Otero Paternina, un terrateniente de la región, padre del actual alcalde de Tierralta, Fabio Otero Avilés, del partido Centro Democrático.

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“María del Pilar tomó un lote y levantó una casita y por ser líder empezó a llevar el proceso con la gente, hasta se reunió con el alcalde mismo en varias ocasiones para entregar los listados de las familias que estaban aquí y requerían una vivienda”, señala Andrés Chica, de la fundación defensora de derechos humanos Cordoberxia. En un primer momento llegaron a un acuerdo y concertaron con el alcalde Otero que si desocupaban el predio, de forma voluntaria, la Alcaldía lo dividiría y se los titularía después. Pero ante el incumplimiento de la promesa, las familias volvieron a invadir.

Dos días después, las personas que lideraron el proceso fueron amenazadas en un panfleto de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), la estructura armada ilegal que hace presencia en esta región y ocupó sin oposición del Estado los espacios dejados por los frentes 5, 18 y 58 de las Farc, luego del proceso de paz, especialmente en los municipios de Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador, en Córdoba.

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Entre las pruebas que ordenó la Procuraduría está que la Alcaldía de Tierralta, la UNP, el Ejército y la Policía deberán entregar nformación de las acciones emprendidas ante la presunta invasión de los predios, la identificación de sus propietarios, la aparición de un supuesto panfleto con amenazas y los pasos seguidos para establecer su veracidad. Igualmente, Otero Avilés y Ortiz Naranjo podrán solicitar ser escuchados en versión libre en esta investigación.