Victimarios y víctimas le apuestan a resolver conflictos

 

De las más de 14 mil personas que fueron asesinadas en Colombia durante 2013, Medicina Legal pudo establecer las circunstancias de muerte en 3.780 casos. Mientras el 18% de esos crímenes ocurrieron con ocasión del conflicto armado, el 48% fueron producto de la violencia interpersonal. De ahí que, desde distintas orillas, instituciones gubernamentales y de la sociedad civil se pregunten cómo reducir los índices de una violencia homicida cuya relación con la guerra ha disminuido y que se produce, generalmente, en situaciones de extrema impulsividad e intolerancia. Desde el Ministerio de Justicia, se ha planteado incrementar la eficiencia de la Rama Judicial y apelar, de manera preventiva, al uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos.

 

Desde 2010, en cinco de los departamentos más golpeados por el conflicto armado, el Ministerio y la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional han emprendido procesos de formación de conciliadores en equidad. La figura les permite a los líderes comunitarios contribuir a solucionar diferencias entre ciudadanos a través de acuerdos, que cuentan con efectos legales similares a los de una sentencia judicial. En Santander, distintos actores sociales y políticos han acudido al proceso, respaldados por una larga tradición de fortalecimiento y resistencia de las organizaciones sociales. Entre ellos, se encuentran algunos desmovilizados de las autodefensas, que han encontrado en la conciliación una manera de reintegrarse y de ser reconocidos como parte representativa de la región. 

 

En diciembre de 2011, en Barrancabermeja, Yen Ramón Llaín se postuló junto a otros dos exparamilitares para formarse como conciliador. El 16 de ese mes, cuando el Programa de Justicia en Equidad para Santander le preguntó por qué quería educarse en esa área, respondió que le interesaba “fortalecer procesos de convivencia y enseñarle a la comunidad que se puede vivir mesuradamente. Quiero que los desmovilizados seamos ejemplo de la confianza que debe existir en el proceso de reintegración y que podamos dirimir conflictos a través de la justicia moderna”. Un día después hizo lo propio Donaldo Quiroga, representante legal de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, que agrupa distintas juntas de acción comunal y que fue duramente victimizada y estigmatizada desde su creación, en 1987.  

 

Quiroga, que vivía en el municipio de Cimitarra y llevaba 24 años vinculado a la Asociación, respondió que se postulaba “para enriquecer el conocimiento de la organización en la solución de conflictos, además de fortalecer los comités de conciliación en la región y nuestro propio tribunal comunitario”. Tras un proceso de selección, Llanín y Quiroga, victimario y víctima, ingresaron al proceso de formación impartido por la Escuela de Justicia Comunitaria. En los salones de clase se encontraron, además, con otros desmovilizados y con mujeres de la Organización Femenina Popular, fieles de la Iglesia Bautista, integrantes de organizaciones afrodescendientes, funcionarios públicos y pescadores agremiados, muchos de ellos víctimas de las guerrillas y los paramilitares.

 

Según el profesor Carlos Ruiz, coordinador de la escuela, durante las clases se buscó que esos líderes “reconocieran estructuras sociales básicas, normas propias de sus comunidades y lógicas integrales para tramitar conflictos”. A partir de la elaboración de tareas grupales, las fronteras simbólicas entre las víctimas y los excombatientes se fueron desdibujado, al punto que lograron elaborar un plan de acción conjunto para la implementación de la justicia en equidad en la región. En opinión de Édgar Ardila, fundador de la escuela y profesor asociado de la Universidad Nacional, “este proceso busca que los desmovilizados le aporten a la paz, entendiendo que el poder no es el uso de la fuerza, sino la capacidad de persuasión. Así, las técnicas de resolución de conflictos dejan de ser militares y se privilegian aquellas en las que prima la identificación de intereses comunes”.

 

Además de contribuir a la reducción de la violencia y a la reintegración efectiva de los excombatientes, la conciliación en equidad ofrece alternativas a los engorrosos procesos civiles de la justicia ordinaria. Tal como asegura Ruiz, “para nadie es un secreto que en Colombia hay muchas zonas donde un inspector de policía o una promotora de salud es la única presencia estatal. Por eso, a veces es más útil que un pastor de una iglesia, un profesor de una escuela veredal o un líder de desmovilizados tramiten un conflicto, a esperar que se estructure todo un aparato judicial en el área, con la ventaja de que esos actores hacen parte de un proceso de formación promovido por el propio Estado”.  

 

En Barrancabermeja, donde la fundación Liborio Mejía complementó el proceso de formación, los conciliadores le piden al gobierno que invierta en equipos e infraestructura para dotarlos de un espacio adecuado de trabajo. En el Centro de Convivencia Ciudadana, donde recién les ha sido asignada una pequeña oficina, ya han realizado jornadas de conciliación cuya asistencia ha sido masiva. La Escuela de Justicia Comunitaria, entre tanto, se apresta a replicar el programa en el norte del Cauca, el sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño. Mónica Cruz, subdirectora de ese centro de formación, asegura que esfuerzos como ese abren “la posibilidad de que la gestión de conflictos sea una real infraestructura para la paz”, lo que, eventualmente, podría constituirse en una alternativa para los futuros desmovilizados de las Farc y las comunidades a las que se reintegren.