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Por el presunto desacato a una tutela, el Juzgado Primero Administrativo Oral de Medellín ordenó diez días de arresto y una multa de cinco salarios mínimos mensuales vigentes contra el gobernador de Antioquia.
La medida también acoge a William Ernesto Ruiz, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec; Ricardo Varela, director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec; y a 16 alcaldes del occidente del departamento.
Entre los alcaldes se encuentran Jhon Fredy López (Abriaquí), Gabriel Jaime Barrera (Armenia), Óber Hernández (Olaya), César Alonso Cuadros (Sabanalarga), Saulo Rivera (Santa Fe de Antioquia), Wilmar Manco (Giraldo) y Humberto Castaño (Biriticá).
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La tutela referida es de 2014, cuando el entonces personero de Santa Fe de Antioquia, Édison Alberto Oquendo, solicitó que se destinara un inmueble para que los reclusos tuvieran un lugar con condiciones de vida dignas.
Luis Pérez aseguró que no ha sido notificado sobre la orden y que su administración sí ha cumplido en la solución al problema carcelario. “Espero que el honorable Tribunal Administrativo de Antioquia, cuando le llevemos la documentación, deje sin piso la decisión”, dijo.
Por su parte, Emilio Ceballos, integrante de la Veeduría Nacional de Transparencia y Anticorrupción, organización que se ha encargado de seguir el caso, le contó a El Colombiano que una posibilidad es que los implicados apelen la decisión, es decir, que la decisión se vaya a segunda instancia antes de ser definitiva.
Adicionalmente, el mandatario departamental recordó que la tutela fue interpuesta durante la administración de Sergio Fajardo, cuando el juez ordenó que las instalaciones y adecuaciones del centro de reclusión de Santa Fe de Antioquia debían finalizar en un plazo de un año. Asimismo, aseguró que la Gobernación ha aportado 9.000 millones de pesos para la construcción de la cárcel de Yarumal, que ayudaría a la descongestión de otros centros penitenciarios.
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“En 2014 no se cumplió y en 2015 tampoco. Llevamos tres años y medio y el juez revivió el proceso y dijo que todavía faltaban cosas por cumplir. Son gajes del oficio, pero nosotros hemos resuelto el problema sin la necesidad de un juez”, agregó Pérez.
Varias entidades han dado cuenta del estado de hacinamiento que presentan la mayoría de las cárceles en el departamento. Según cifras del Inpec, la situación supera el 94%, con una sobrepoblación de 6.790 presos.
Para abril del presente año, desde la Defensoría regional del Pueblo, la Procuraduría y la Policía Nacional, denunciaron altos niveles de hacinamiento no solo en las cárceles del departamento, sino también en las estaciones de Policía.
Por esa misma razón, la Procuraduría abrió indagación contra 28 alcaldes del país acusados de “negligencia extrema y presunta falta de diligencia y efectividad en la toma de medidas de orden presupuestal” que protegieran los derechos de los reclusos.