No es fácil ser neutral frente al conflicto armado que vive Colombia desde hace varias décadas. Son tantas víctimas y tan extremas las acciones perpetradas por los enconados antagonistas de esta guerra, que cuesta mucho ser imparcial ante tanto dolor. Pero precisamente por el deber de auxiliar a esas víctimas se necesita quién las asista sin criterio ideológico. Y en medio de la desconfianza armada, las presiones políticas y la intolerancia social, ese ha sido el norte que desde hace 39 años guía la acción del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia.
Pero no ha sido un asunto sencillo, respetado o ajeno a dudas sobre su compromiso. Para la muestra lo sucedido esta semana con el reconocimiento del Gobierno de que uno de los oficiales del Ejército que participó en el exitoso operativo que permitió la liberación de 15 secuestrados en poder de las Farc, indebidamente utilizó el emblema del CICR para engañar a la guerrilla. Se abusó de un símbolo humanitario y así lo resaltó en su comunicado de prensa el organismo. Tras la euforia de la liberación no han faltado las voces que juzgan débil la reacción del CICR.
“Hay quienes esperaban que el Comité dijera: nos vamos de Colombia. Pero hubiera significado promover un debate político que no corresponde a las directrices de la Cruz Roja, haciendo a un lado su prioridad: las víctimas”, comentó un asesor de la organización. La jefa de Operaciones para América Latina y el Caribe, María Dos Anjos Gussing, resumió la postura del CICR en pocas palabras: “Hemos decidido continuar nuestras operaciones para aliviar el sufrimiento causado por el conflicto interno”. Y resaltó de manera enfática: “Es importante que las autoridades colombianas tomen las medidas para que esto no vuelva a suceder”.
En la actualidad, hay decenas de delegados de la Cruz Roja Internacional en zonas afectadas por el conflicto armado en Colombia que exponen sus vidas, y la base de su trabajo por las víctimas es la confianza que inspiran a los grupos armados legales e ilegítimos por su labor neutral e independiente. De ahí la gravedad de lo sucedido. Por eso, como lo resaltó un ex asesor de paz, así como era impensable que el CICR promoviera un debate contra el Gobierno, más allá del perdón gubernamental los organismos de control tienen la obligación de investigar y advertir las consecuencias del uso indebido de un emblema humanitario.
Sin embargo, el asunto no sólo afecta al CICR. Médicos sin Fronteras, otra organización humanitaria que asiste a las víctimas con los mismos principios de neutralidad, ya vive apremios. “Tenemos dificultades de acceso a algunas de nuestras zonas de trabajo, donde la población civil hoy no tiene acceso a consultas médicas”, resaltó el coordinador del organismo David Cantero. La organización opera en Colombia desde 1985, y por primera vez, como lo expresa otro de sus coordinadores Grant Leaity, se ha visto en la necesidad de expresar que no supo ni participó en la ‘Operación Jaque’ y que espera que en el terreno pase la confusión.
No obstante, aunque están por verse las repercusiones en las zonas de orden público, no es la primera vez que los organismos internacionales humanitarios, y particularmente el CICR, viven apremios sin salirse de su esquema de neutralidad y extrema prudencia. A pesar de que en los últimos diez años el organismo ha logrado extenderse a 12 regiones del país con abnegadas labores en favor de las víctimas del conflicto armado, tampoco le han faltado las dificultades y los malos entendidos. Unas veces por abuso de su emblema, otras por irrespeto de su inmunidad y también por recelos políticos surgidos desde las altas esferas del poder.
En 1996, en la zona del Magdalena Medio, en desarrollo de las marchas cocaleras que protagonizaron grupos de campesinos, y que se replicaron en varias regiones, varias veces provocadas por la guerrilla de las Farc, se presentó un incidente que dio de qué hablar en instancias públicas. En una ambulancia que llevaba el emblema del Comité Internacional de la Cruz Roja fueron hallados gases lacrimógenos y otros elementos con que la Policía estaba reprimiendo las protestas. El CICR reclamó por el uso indebido de su símbolo humanitario, pero el asunto no pasó a mayores porque al organismo le esperaban momentos estelares.
El más significativo ocurrió el domingo 15 de junio de 1997, cuando a instancias del CICR y la gestión del consejero de Paz José Noé Ríos, se logró la liberación de 70 militares que habían sido secuestrados por las Farc en la base de Las Delicias (Putumayo) y en Juradó (Chocó). Además del apoyo del entonces obispo de San Vicente del Caguán, monseñor Luis Augusto Castro y del mediador de paz, Álvaro Leyva Durán, el hombre clave del operativo fue el jefe de la oficina del CICR en Colombia, Pierre Gassmann, un abogado suizo que meses después tuvo que dejar el país por presiones y suspicacias políticas.
Un testigo de esos momentos recordó que “casi a empujones” el gobierno de Andrés Pastrana presionó la salida de Gassmann. La guerrilla de las Farc lo acusó de favorecer a los grupos paramilitares, y en el nuevo esquema político de negociación del conflicto, el suizo se volvió incómodo. “Tenía magníficos contactos con autodefensas y guerrilleros, pero ante todo trabajaba por las víctimas. En asunto de una semana tuvo que salir de Colombia. Cómo sería su experiencia que lo trasladaron a Irak. Hoy está pensionado y trabaja como director de un programa en la Universidad de Harvard”, agregó la fuente.
Sin embargo, después de Gassmann no faltaron los aciertos y los problemas. Así como el 14 de diciembre de 1999, 125 familias ocuparon pacíficamente la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia para llamar la atención sobre su condición de desplazados y sólo desalojaron el sitio dos años después, cuando los directivos del organismo ya habían constituido una nueva sede, en el terreno el organismo fue determinante para que gobierno y guerrillas de las Farc y el Eln sacaran adelante varios acuerdos de liberación de soldados y policías secuestrados.
A partir del gobierno Uribe, aunque el protagonismo ha sido militar, el CICR no ha dejado de propugnar por su ideario. Hoy supera un momento difícil. No por su credibilidad intacta, aunque agraviada por el abuso de su emblema para un operativo militar exitoso, sino por su determinación de pensar en los inermes de Arauca, Catatumbo, Ariari, Caquetá o Putumayo, antes que crear polémicas que no le corresponden. Hay quienes insisten en que su neutralidad es ingenua, pasiva o cómplice, El CICR lo tiene claro: lo suyo es crear confianza y persistir porque su deber es estar al lado de las víctimas.