Establecimientos sin permisos no podrán alojar turistas en Playa Blanca, Barú

La orden de la SIC empieza a regir desde este 27 de febrero. / Twitter @ArmadaColombia

Los establecimientos de hospedaje que no cumplan con los permisos para operar en Playa Blanca, Barú, no podrán continuar prestando dicho servicio. La orden fue emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que informó que la decisión se tomó luego de 30 visitas de inspección en esta conocida playa. La alcaldía de Cartagena deberá determinar la procedencia de los lugares de alojamiento para concluir si cumplen, o no, con los permisos y licencias. 

Según un comunicado de la SIC se tuvo en cuenta el “informe de novedades y ocupaciones indebidas en playas del corregimiento de Barú (sector Playa Blanca)”, de agosto de 2019, de la Capitanía de Puertos de Cartagena, en el cual se documenta de 158 ocupaciones en terreno que no cuentan con permisos de uso del suelo, y están en lugares con alto riesgo para la integridad de los turistas. 

Los lugares que determine la alcaldía de Cartagena que no cumplen con los permisos, deberán  cancelar las reservas, y devolver el dinero pagado por los turistas. En ese sentido, no podrán promocionar los alojamientos y deberán retirar las publicidades relacionadas con los servicios. 

Playa Blanca ha estado en el radar de las autoridades por el impacto del turismo desbordado. Por ejemplo, el pasado 6 de enero se cerró el ingreso a turistas por superar la carga de los 3.120 bañistas, pues solo ese día llegaron más de 4.000 personas. 

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Los accidentes entre motores y turistas son otro problema en las aguas de este reconocido balneario. La Dimar registró tres accidentes en una misma semana, que pusieron en riesgo la vida de los visitantes y dejaron en evidencia la falta de regulación de actividades turísticas en la zona. 

Entre tanto, la SIC  solicitó a la Procuraduría General hacer el acompañamiento necesario para verificar el cumplimiento de las órdenes. Los propietarios que no se acojan a la orden podrán enfrentar multas de hasta 1.000 salarios mínimos, aproximadamente ($877.803.000).