![El predio donde se proyecta la construcción de un megacolegio de la Fundación Pies Descalzos, en Cartagena. / Deyner Ariña](https://www.elespectador.com/resizer/_J2Lf8Xtr95ZIjQRFknInZVJMnU=/920x613/filters:quality(60):format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/ABLZmoLN6IXZOnk1Pv7koRJvqgE=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/XIAZSGN2JVEPNHJMR5VKPRGLXE.jpg)
El alcalde encargado de Cartagena, Pedrito Pereira, está convencido de que es necesario terminar pronto el litigio del lote donde se construirá el megacolegio de la Fundación Pies Descalzos, de Shakira. “Tenemos el compromiso de hacerlo en unos meses, lo más pronto posible, y pondremos todo nuestro esfuerzo en la ley para que así sea”, le dijo a El Espectador el burgomaestre.
La historia tiene muchos años y sus protagonistas son la Fundación Mario Santo Domingo, el Distrito de Cartagena, los querellantes y mafias de invasores.
Sin embargo, los que esperan la solución no saben de leyes, de normas, ni de estafas. Son los niños de un sector de la zona suroriental de Cartagena que se verían beneficiados con un colegio que forma parte del megaproyecto Ciudad del Bicentenario.
La tarde del 2 de noviembre del año pasado, cuando la cantante barranquillera colocaba la primera piedra como símbolo del inicio de su nuevo megacolegio Pies Descalzos Villas de Aranjuez, en Cartagena, algunas personas gritaban al fondo que esos eran sus terrenos. Se trataba de la familia Hernández, quienes con otros querellantes tienen un statu quo por orden judicial sobre el terreno.
En palabras fáciles, no se puede hacer nada en ese sitio hasta que se solucione el litigio.
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En el mes de enero del 2018, Manuel Hernández, parte interesada en el proceso, presentó una denuncia en la Fiscalía por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento público y privado, así como transferencia de bienes sin el cumplimiento de los requisitos legales. Elkin Gómez Izquierdo, uno de los abogados que representan los intereses de la familia Hernández, le dijo a Noticias Uno que “personas inescrupulosas, a través de títulos espurios y situaciones que no pueden demostrar, se quieren apropiar de la tierra”.
La historia del terreno
Los terrenos se encuentran en Ciudad del Bicentenario, un macroproyecto de interés nacional promocionado como el más grande de Colombia por el Ministerio de Vivienda, que a través de un modelo de intervención de desarrollo urbano, social e inmobiliario busca aportar al crecimiento sostenible de la región Caribe.
El potencial en Cartagena está entre 35.000 y 50.000 viviendas.
Desde 2008, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio), adoptó el macroproyecto de interés social nacional Ciudad del Bicentenario mediante la resolución 2362 de 2008, la cual fue modificada mediante la resolución 0361 de 2012, con el fin de procurar el desarrollo social sostenible de la población cartagenera.
Según información suministrada por la Fundación Mario Santo Domingo, bajo estas normas fue que los predios destinados a la ciudadela donde quedará el colegio fueron declarados de utilidad pública, lo cual llevó al ingreso progresivo de los mismos a un fideicomiso con Fiduciaria Bogotá. La Fundación Mario Santo Domingo, que adquirió por compraventa los predios entre 2007 y 2011, tiene la calidad de fideicomitente en el fideicomiso y como beneficiarios del mismo aparecen: el Ministerio de Vivienda, a través de Fonvivienda, el Distrito de Cartagena, a través de Corvivienda, y la misma fundación.
“En esa época eran unos inmuebles limpios, saneados, con estudio de títulos y análisis por parte del Ministerio de Vivienda y de la Fiduciaria Bogotá. No había ningún tipo de posesión distinta, eran lotes libres. Además del análisis jurídico que tuvo que haberse realizado para determinar si un predio puede ser declarado de utilidad pública y dedicado a una actividad como el desarrollo de vivienda interés social”, le dijo a El Espectador el abogado Eker Dony Machado, asesor jurídico de la fundación.
Sobre la modalidad o método de invasión, Machado aclara que “una cosa es la problemática de invasiones con que ha tenido que lidiar la Fundación Mario Santo Domingo desde que decretaron estos bienes como de utilidad pública y se decidió iniciar el macroproyecto, y otra la nueva estrategia basada en utilizar e instrumentalizar una herramienta legal, como son las querellas policivas, en contra de la legalidad”.
El jurista ratifica que el Distrito de Cartagena es quien debe agilizar los procesos para que pronto se pueda ejecutar el megacolegio, parte fundamental de Ciudad del Bicentenario.
¿Reclamantes o invasores?
Hace unos meses, cuando se hizo público el problema, el veedor ciudadano Carlos Bossa le dijo a este diario: “No pueden mover ni un centímetro cuadrado de tierra. Eso está statu quo por orden judicial”. Nuevamente lo buscamos. Dice que se ha avanzado y que la Fiscalía ha tomado cartas seriamente. “Yo estoy protegiendo a los que tienen la posesión de la tierra, eso es lo mejor que puedo hacer. Ojalá lleguen a un acuerdo, sería lo mejor”, afirma.
Para él, se está usando el poder “con el propósito de señalar que ellos (la familia Hernández) son unos invasores”. Y le manda un mensaje al Distrito de Cartagena: “¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos abriendo los ojos a la administración y le estamos diciendo: ahí no se metan porque es un cuento privado; unos son herederos y los otros pretenden la posesión”.
Revisando archivos judiciales locales encontramos que, hasta 2017, se han interpuesto al menos una denuncia por invasión, tres por daño en bien ajeno, una defraudación de fluidos (robo de energía eléctrica), una por falsedad en documento privado y una por fraude procesal contra los miembros de la familia Hernández. Varias veces han sido arrestados. Siempre, sin embargo, terminan libres.
El abogado Carlos Otálvaro también representa a la familia Hernández. Le dijo a El Espectador que actualmente se adelantan “procesos en contra de miembros de la Policía Nacional por las reiteradas capturas en contra de integrantes de la familia Hernández, que han sido declaradas ilegales por parte de los jueces de control de garantías”.
Y agregó: “Siempre se vende la noticia errónea de que la familia Hernández es una banda de invasores y eso es totalmente falso. Son personas que por falta de recursos y porque en su momento no contaron con asesorías legales, han sido objeto de atropellos en todos los aspectos”.
¿Qué repercusiones tienen estos líos jurídicos sin resolver para el proyecto en general?
Álvaro González es el director de desarrollo social de Ciudad Bicentenario. A él le preocupa que se afecten los programas y propósitos que se han trazado para una Cartagena que los necesita. “Primero que todo, retrasan la construcción de nueva infraestructura social que está destinada en algunas áreas predeterminadas dentro del macroproyecto”, dice. Y enumera la construcción de colegios, centros de atención infantil, de adultos y parques, todo ellos ubicados originalmente en zonas afectadas por los problemas jurídicos.
El segundo factor compromete vivienda de interés social y de interés prioritario, que son un altísimo porcentaje en la ciudadela. “Estamos hablando de que si hoy en día tenemos únicamente unas 4.000 familias ubicadas en el territorio y el proyecto aspira a tener en su totalidad unas 40.000 casas construidas, la afectación puede ser casi del orden de 50 %, es decir, la mitad de las áreas se verían comprometidas”.
Para este 2019 esperan terminar la construcción de 935 viviendas y el megacolegio en Villas de Aranjuez, así como un parque sectorial y el Centro Sacúdete, para el desarrollo y los emprendimientos culturales de jóvenes con base en las políticas del Gobierno Nacional.
Invasiones, cambios de inspectores, querellas, demandas, pruebas extraviadas y fraude procesal hacen parte de esta historia. Las cosas, entonces, como dicen en la Costa, están embolatadas.
Pa’lante
La Heroica ha tenido 11 alcaldes en diez años. La inestabilidad jurídica, social y política de la ciudad se ha vuelto una costumbre para los cartageneros.
Sin embargo, para el actual alcalde encargado del Distrito, Pedrito Pereira , este es un proceso que pronto debe terminar.
Aclara que recibió el lote con los inconvenientes jurídicos. “Fue entregado por la Fundación Santo Domingo, que durante muchos años no pudo resolver el problema de la posesión del lote. Sin embargo, decidieron que allí se daba la posibilidad de construir el colegio que generosamente la artista Shakira quiere donar; para la época de la inauguración advertimos la situación que habíamos vivido”.
Pereira recuerda que el Distrito nunca ha poseído el lote.
“Iniciamos todos lo procedimientos policivos necesarios para que el Distrito pueda asumir la posesión del terreno y se pueda construir la edificación. Actuaremos en todas las competencias legales que tenemos para poder hacer posesión sobre el terreno que ha tenido el litigio de la Fundación Santo Domingo con la familia Hernández durante muchos años”.
La tarde del 2 de noviembre en que vino Shakira y colocó simbólicamente la primera piedra de su megacolegio en Villa de Aranjuez habló sobre atender a los niños y la calidad de la educación y se preguntó: “En esta comunidad hay 13.000 familias, 7.000 niños y dos escuelas. ¿Qué hacen esos 5.000 niños que no están escolarizados?”.
Estas palabras son referente para el diálogo con la secretaria de Educación del Distrito, Claudia Almeida Castillo, quien ratifica que siempre respetan la gestión teniendo en cuenta los marcos legales y normativos.
Sobre el colegio de Ciudad Bicentenario, propuesto por la Fundación Pies Descalzos, manifestó que desde su Secretaría se hicieron las inversiones a través de un convenio con el Fondo de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación. “Digamos que toda la labor presupuestal y todo el esfuerzo financiero ya se hizo. No tengo una cifra exactamente, pero creo que supera los 8.000 o 9.000 millones de pesos”.
Los procesos jurídicos continúan en espera de las determinaciones legales.
Razón tuvo Shakira cuando, en Cartagena, donde aún no se sabe si estará su colegio, dijo: “Mientras haya niños de bajos recursos que no reciben la misma educación que reciben niños en mejores condiciones de vida no podemos hablar de un país en paz, no podemos hablar de un país en igualdad”.
“La falta de recursos para una cuota inicial y la dificultad para acceder a un subsidio se consolidan como las razones principales por las que las personas no pueden adquirir vivienda propia”, sostiene el informe.
Con respecto a la educación, afirma que se incrementó el porcentaje de niños menores de cinco años solos o en compañía de menores en el hogar, como también hubo una reducción del 1 % en la inasistencia escolar de los niños y jóvenes.
Como dijo la secretaria de Educación, Claudia Almeida Castillo, “cualquier espacio que en alianzas público-privadas pueda generar oportunidades para la educación en Cartagena es importante. Desde ese punto de vista, quienes se sientan interesados en invertir y construir para que eso pueda ser una realidad son nuestros aliados”.
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