El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, le pidió al Juez de Conocimiento que lleva la tutela presentada por el gobierno para autorizar la generación de energía en El Quimbo que permita reabrir esta represa, que cesó operaciones el pasado 10 de diciembre por órdenes de la Corte Constitucional. Según el funcionario, esta decisión evitaría “graves consecuencias que según diferentes instituciones podrían presentarse en el corto plazo para el ecosistema, el empleo, la salud humana y la economía de esa región”.
La Defensoría aclaró que si bien es indispensable que para el funcionamiento de la represa se cumplan todas las exigencias de la licencia ambiental que fue otorgada a la hidroeléctrica, una situación extrema como la que vive actualmente el país requiere acciones inmediatas. La Defensoría explicó que la disminución histórica del caudal del río Magdalena y otros afluentes a causa del fenómeno de El Niño, podría convertirse en una amenaza ecológica y social.
De no reabrirse la represa, advirtió la entidad, los recursos hídricos estancados y con niveles mínimos se convertirían en amenaza no solo para las especies allí contenidas, sino también para la salud pública, pues debido a las altas temperaturas estás aguas estacadas podrían convertirse en focos de enfermedades como el dengue, el chikungunya, el zika y la fiebre amarilla. A propósito de este riesgo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya emitió una alerta.
El Defensor señaló además que “el represamiento de agua puede tener consecuencias para la piscicultura, para el mismo empleo, el factor generador de energía en un momento tan grave como el que vivimos, todas esas consecuencias son señaladas por instituciones especializadas en el tema". Desde el cierre de El Quimbo diversos miembros del Gobierno se han pronunciado a favor del reinicio de las operaciones en la hidroeléctrica.
El Ministerio manifestó que “urge que el Juzgado Tercero Penal del Circuito con funciones de conocimiento en Neiva, se pronuncie y resuelva esta coyuntura”. El Juzgado debe fallar la tutela que interpuso el Gobierno Nacional después de que la Corte Constitucional tumbara el decreto presidencial que autorizaba su funcionamiento a pesar de no cumplir con las normas ambientales necesarias.