En mayo de este año alrededor de 2.500 personas de Alto Baudó (Chocó), fueron desplazadas de sus viviendas debido a los enfrentamientos producidos entre el Eln y las denominadas Autodefensas Gaitanistas en esa región.
La historia continúa y se repite. Seis comunidades de ese municipio están desplazadas desde el pasado 13 de junio por nuevos combates. Según la Defensoría del Pueblo, se trata de aproximadamente 538 personas pertenecientes a 94 familias de los resguardos de Gegandó, Puerto Tomás, Alto Tumandó, La Esperanza, Saru y Puerto Indio.
A esa problemática se le suma la afectación, tanto a afluentes como a pobladores por la minería ilegal. Frente a esto, la Defensoría llamó la atención para que se cumpla la ley respecto al uso del mercurio en esta actividad, se asuman responsabilidad en torno al control ambiental y se protejan los derechos de las comunidades.
A causa de esa actividad, al menos 11 persona han muerto en Chocó por desprendimientos de tierra. También, el vertimiento de mercurio y desechos afecta ocho ríos y genera graves riesgos para la salud de los habitantes, quienes padecen tos, diarrea, fiebre, dermatitis, entre otras.
Luego de una visita de la Delegada para los Derechos Colectivos y del Medio Ambiente, se determinó que los municipios de Quibdó, Condoto, Atrato, Lloró e Istmina, se evidenció la trágica huella de esa actividad, particularmente sobre las fuentes hídricas y la salud de los habitantes, pues el agua de estos afluentes es utilizada para el consumo directo, la pesca, el baño y el lavado de la ropa y los utensilios de cocina.
Igualmente, el departamento presenta condiciones complicadas en cuanto al abastecimiento de agua y saneamiento básico, pues en muchas localidades chocoanas no existen rellenos sanitarios, las basuras se disponen a cielo abierto, en ocasiones son arrojadas a las fuentes hídricas, y no hay plantas de tratamiento de agua potable ni de aguas residuales.
La situación más crítica en este sentido se registra en las localidades de Condoto, Lloró, Atrato, Istmina y Pizarro, donde entre el 18 de Enero y el 12 de Abril fueron atendidas 400 personas por delicados síntomas relacionados con el consumo de agua contaminada, circunstancia que habría originado la muerte de tres niños indígenas en las comunidades de Buena Vista, Bajo Grande y Quiparadó.