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El incendio del 1º de abril en Buenaventura fue algo más que una simple conflagración. El fuego empezó a consumir las casas del barrio Santa Fe cuando el reloj marcaba las 2 de la mañana. Al mediodía no quedaba nada: 35 viviendas se fundieron con los desechos del mar y 196 familias quedaron a la intemperie. Dos rumores se escuchaban en el barrio: “fue un corto circuito” y “las bandas las quemaron para que nos vayamos del todo”.
Santa Fe es uno de los barrios de bajamar que han sido codiciados por la administración distrital para adelantar la ampliación portuaria de la Terminal de Contenedores de Buenaventura (TC Buen), ubicada al noroeste de la ciudad. La terminal, que según sus representantes factura cerca de $122.000 millones al año, ha buscado la expansión en los últimos cinco años.
Según voceros de la ONG Proceso de Comunidades Negras (PCN), las familias afectadas por el proyecto TC Buen son 402. Los habitantes no aceptan el desalojo: “De las 196 familias que se quedaron sin casa, unas 190 van a regresar al barrio. La Alcaldía planteó la posibilidad de que las familias sean trasladadas a un albergue, pero ellas tienen familia en Santa Fe y ahí es donde realizan la pesca”, le dijo a este diario Jaime Rentería, un líder comunal del barrio que acompañó a las familias hasta el Coliseo Polideportivo, donde fueron atendidas por la Alcaldía.
Ninguno de los vecinos recuerda un incendio similar. El barrio, que se formó a finales de los setenta, está conformado en su mayoría por pescadores, trabajadores de TC Buen y madres comunitarias: “Vivimos en medio de un conflicto del cual no se puede hablar mucho. Dicen que el incendio se generó por un corto, pero nadie está seguro. En 35 años que llevo viviendo acá es la primera vez que pasa algo así. Los militares han estado vigilando, pero eso no cambia las cosas: los niños siguen aceptando el camino fácil: los negocios ilícitos, sucios. La otra oportunidad es trabajar en la terminal, en Puertos de Colombia o en las pesqueras. Hace cinco años nos quieren sacar sin darnos nada a cambio”, sostiene Pablo Emilio Gamboa, habitante del barrio.
PCN ha denunciado desde 2011 la presión que han ejercido bandas criminales como los Urabeños y la Empresa para que los habitantes desalojen la Comuna 5, integrada por los barrios Nueva Estación, La Palera, Punta del Este, Santa Cruz, Inmaculada, Santa Fe, Mira Mar y Kennedy Parte Alta. También ha señalado que TC Buen ha contaminado el barrio con agentes químicos residuales y ha perjudicado la salud de los habitantes.
Al llegar a Santa Fe es evidente que el ritmo de vida de los habitantes lo marca la terminal de contenedores. Los ruidos, las vibraciones y los residuos llegan a cada una de las casas de madera. La primera escena después del incendio, cuando despuntaba el alba, fue una niña saliendo de los escombros que soportan las bases de las viviendas, buscando los restos de sus pertenencias. Detrás de ella estaban las casas agrietadas por las vibraciones, las mismas viviendas que no cuentan con sistema de alcantarillado ni luz eléctrica por ser un barrio de invasión. Algunos techos de zinc están inclinados.
Una señora que supera los setenta años cuenta que “desde que pusieron las bodegas de contenedores, la casa se empezó a agrietar”. En una semana se realizan cerca de 3.114 operaciones de recibo y despacho en la terminal. “Aquí vivimos cuatro personas: mi hijo, yo y mis dos nietos. Los de TC Buen nos prometieron que la terminal iba a estar a 12 metros de las viviendas y vea, no es cierto, estamos a menos de un metro y nos llegan todos los derrames, todos los ruidos”.
El presidente de TC Buen, Óscar Isaza, tiene una versión muy distinta: “Me siento orgulloso de tener 500 empleados, 300 de ellos provenientes de Santa Fe, con contratos a término indefinido. Ese que usted ve ahí en la grúa era un vago que jugaba Play Station en el barrio. ¿Eso no se llama retribución? Esto era una olla y yo quiero reubicar a le gente, pero ellos quieren que les dé la plata. Yo les construí las primeras salas de cine y perdí $19.000 millones. TC Buen lo hicimos con un préstamo de leasing del Banco de Occidente de $23.000 millones. Yo no veré plata sino hasta dentro de nueve años”.
Aunque la Policía Nacional vinculó a Isaza con el cartel del Puerto en 1996, en junio de 2013 las autoridades desmintieron la denuncia: “Yo no soy traqueto ni mafioso. No tengo vínculos con el narcotráfico. Las bandas criminales no me han vacunado nunca, me haría matar si lo hacen”. Frente a los problemas de salubridad en Santa Fe, Isaza responde que “ellos ni siquiera tienen alcantarillado, muchos no trabajan. El Gobierno no puede seguir dándole salario a la gente pobre: eso es asistencialismo”.
Dentro de los planes de Isaza está construir un puerto energético en Buenaventura: “Si no me dejan hacerlo me voy para Barranquilla. Al fin y al cabo en esta ciudad uno sólo ve mediocridad. No hay gente preparada. Hay como 460 sociólogos y cuando yo me levanto pienso en contratar gente útil para el mercado”. No asume responsabilidad alguna frente a un barrio que él considera de “invasión”.
La historia de Santa Fe se está replicando en otras zonas de Buenaventura. Como lo contó El Espectador en febrero de 2013, megaobras como el puerto de Aguadulce, la terminal marítima Delta del Río Dagua, el malecón Bahía de la Cruz y la zona franca Celpa han generado un desplazamiento paulatino de los habitantes hacia la zona rural.
San José fue el primer barrio de Buenaventura. Construido con casas de madera, poblado por pescadores de piangua y piacuil, asentado sobre escombros y sostenido por los descendientes de los indígenas que enfrentaron la colonización, se está derrumbando poco a poco por el megaproyecto del malecón, que según la Alcaldía comenzará a ejecutarse en octubre de este año.
El barrio está militarizado y las casas han sido derribadas una por una. El alcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia, dice que “sólo hacen falta 100 familias por reubicar”. Danilo Potes Bravo, habitante de San José, cuenta que la casa que tiene es herencia de su tatarabuela: “Nos quieren sacar a la brava, pero son 474 años de historia. Empezaron a tumbar las casas para mandarnos a la urbanización de San Antonio y allá no tenemos nada que hacer. Que nos saquen primero muertos. Ahora estamos en el proceso de reconstruir 86 casas que han tumbado”.
El proyecto de San Antonio, que hace parte del programa de 100.000 viviendas gratis del Gobierno Nacional, es uno de los escenarios que la administración distrital evalúa para trasladar a las familias de bajamar. El presidente Juan Manuel Santos entregó 568 casas en febrero de 2013 y puede ampliarse el número de construcciones en la zona, que está ubicada al sur de la ciudad, en la vía Simón Bolívar.
La población de San José mantiene la ilusión de que el Ministerio del Interior agilice el proceso de consulta previa para que el desalojo no se lleve a cabo. Hasta el momento se sabe que en mayo de este año habrá una visita para avanzar en la consulta previa. Las casas, mientras tanto, se siguen derrumbando y las muertes van en aumento. Un líder comunitario le contó a este diario que San José es uno de los bastiones de las bandas criminales: “Aquí están las fronteras invisibles. Los de San José no pueden pasar a Muro Yusti porque los matan, y viceversa”.
Muro Yusti es un barrio colindante con San José. Las calles están desoladas, los militares pasan haciendo inspecciones, los negocios cierran sus puertas a las 4 de la tarde y para nadie es un secreto que en el lugar hay algunas “casas de pique”. En los primeros tres meses de 2014, según Medicina Legal, 96 personas de Buenaventura han muerto por causas violentas. La Policía, además, anunció que en lo corrido del año ha realizado 131 capturas de miembros de las bandas los Urabeños y la Empresa.
El alcalde Bartolo Valencia considera que la construcción del malecón en la bahía de Buenaventura es una “solución” que no tiene marcha atrás: “La primera fase del proyecto ya está comprometida. Tiene un costo de $27.000 millones, de los cuales el departamento invirtió 15.000, nosotros 7.000 y el Gobierno Nacional 5.000. Va desde el embarcadero turístico hasta San José. Por eso necesitamos reubicar a las familias en San Antonio, en donde ya tenemos 568 casas construidas, de las cuales 400 están ocupadas. Buenaventura es declarada zona de expansión portuaria, se mueve más del 60% de la economía del país y necesitamos adecuar el malecón. Ya le planteamos al Gobierno Nacional que invierta US$500 millones en el casco urbano, además de que San José y Santa Fe están en riesgo”.
En PCN señalan que la administración distrital está presionando psicológicamente a las comunidades para que desalojen la zona, pues hasta el momento no se ha comprobado el riesgo del que habla Valencia. De otro lado, las comunidades se resisten a un traslado que no ofrece garantías: “A nosotros también nos quieren sacar. Hace 30 años aproximadamente fundamos este barrio, que es conocido como Puente Nayero. El 90% de los que vivimos aquí somos del Naya... Le ganamos terreno al mar y comenzamos a trabajar en madera y pesca artesanal. Así fueron criadas las familias y es un conocimiento que se ha transmitido de generación en generación. Si nos mandan para San Antonio, ¿dónde vamos a ubicar las lanchas? ¿Dónde vamos a pescar?”, se pregunta Orlando Castillo, líder comunal.
Las costumbres y la construcción de una historia alrededor del mar son argumentos que también han utilizado académicos cercanos al proceso. Jorge Arango, profesor de arquitectura en la Universidad del Pacífico, propuso con un grupo de trabajo de la institución educativa una alternativa para que el malecón y los barrios de bajamar fueran compatibles: “En Maracaibo, Venezuela, existen poblaciones que viven sobre palafitos, igual que en Buenaventura, pero tienen servicios públicos. En Lagos, Nigeria, hicieron una escuela flotante y los niños llegan en lancha. En Holanda están ejecutando un proyecto sobre viviendas anfibias, que consiste en que cuando sube el nivel del mar las casas se desplazan verticalmente porque tienen una infraestructura flexible”.
El traslado a San Antonio, según Arango, “no es sostenible por ningún lado. Han metido gente en casas de concreto en medio de la selva húmeda tropical. Eso no tiene asidero por ningún lado. De hecho, empeora las condiciones de vida. No hay sostenibilidad económica, no hay colegios, alcantarillado, ni mobiliario urbano. Son casas de 60 metros cuadrados en donde se pierde el concepto de la familia extensa. Afecta directamente el corazón de la comunidad y la cultura”.
En la Alcaldía de Buenaventura están archivados 30 proyectos arquitectónicos que fueron presentados por diferentes universidades del país para el concurso de vivienda económica (Convive), uno de ellos el de la Universidad del Pacífico. Los resultados, que fueron publicados en la revista Escala, muestran que es posible mantener las viviendas en bajamar, la tradición y las costumbres, sin necesidad de desalojar a la población.
svalenzuela@elespectador.com
@santiagov72