En el volumen número 35 de la revista Biomédica, una de la más importante en temas de salud en el país, se publicó una serie de artículos que mostraban cuál había sido el precio de la minería mal administrada en asuntos de salubridad. En ella había investigaciones que evidenciaban las complicaciones que tenían quienes vivían cerca de sitios de explotación de oro o carbón. En el caso de este último mineral, eran varios los pobladores de Guachetá (Cundinamarca) que registraban dolores lumbares (46,1 %), dolor en los miembros superiores (40,3 %), trastornos respiratorios (17,5 %) y problemas auditivos (13,6 %).
Ahora, un juzgado parece darles la razón a los científicos que examinaron los inconvenientes relacionados con el carbón. En un fallo de tutela, una jueza de Barrancas, La Guajira, le dio un fuerte jalón de orejas a Cerrejón porque, según ella, sus operaciones en el Resguardo Provincial, en el sur de La Guajira, tienen en vilo la salud de un niño wayuu de dos años. Y por eso, dice en el documento, la empresa debe reducir los niveles de contaminación y de gases. El tiempo para que lo haga es de dos meses.
La acción la presentó Luz Ángela Uriana, madre del menor, luego de que su hijo empezara a presentar dificultades respiratorias y varios pediatras le alertaran lo que ella ya sospechaba: que la cercanía (1,5 kilómetros) con el Tajo Patilla, de donde se extraen 400 mil toneladas de carbón al mes, estaba perjudicando el sistema respiratorio del niño. Y la solución, según le dijo la pediatra que lo examinó, era salir del resguardo, cambiarse de domicilio.
Y eso, en palabras de Dora Lucy Arias, abogada del Colectivo José Alvear Restrepo y quien guió a Luz Ángela en los trámites, atenta contra los derechos del menor, porque resulta “inaceptable que deba dejar su cultura y su comunidad porque no tiene garantías para un medio ambiente sano ni para una salud digna”, que refuerza el hecho de que la EPS Asociación Indígena del Cauca no lo haya atendido con prontitud y le haya aplazado varios exámenes. Además, como se lee en el documento de 33 páginas, las explosiones en la mina también han afectado la vivienda de la familia y los sistemas hídricos de la comunidad.
Y aunque al cierre de esta edición no había sido posible comunicarse con Cerrejón, en su defensa varias veces la compañía ha advertido que tiene un completo control de calidad de aire y que, contrario a lo que muestra la decisión de la jueza del pasado 10 de noviembre, sus emisiones de material particulado no sobrepasan los límites establecidos por la regulación colombiana. En su último informe de calidad del aire muestran que Las Casitas, Provincial y Barrancas, donde se les ordena hacer estudios técnicos y disminuir en dos meses la contaminación, están muy por debajo de lo que les obliga la ley.
Hasta el momento la decisión de la jueza, que también le ordena al Minsalud y al Minambiente acatar el principio de precaución, parece estar en firme, aunque lo más probable, como lo cuenta Arias, es que haya apelación y traten de reversarla. Y bajo ese escenario de tire y afloje, en el mejor de los casos, el proceso puede concluir en la Corte Constitucional, que tendrá que poner fin, de una vez por todas, a esas dudas que siempre ha generado la explotación de carbón.