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Seis líderes comunitarios del “Proceso pacífico de reconciliación de la Alta Montaña” pidieron esta semana a las autoridades que no los abandone y que los cuide de amenazas en su contra. En una denuncia radicada ante la Fiscalía, Ciro Canoles asegura que hay sido blanco de intimidaciones por su trabajo con la comunidad y que podrían estar relacionadas por sus reclamos por el supuesto uso indebido de las aguas de un arroyo.
De acuerdo con el vocero, una persona cercana le informó que dos sujetos planean atentar contra su vida. “Me dijo que cuando vaya a salir no coja la misma ruta y cambie las horas de entrada y salida y si es posible que compre un arma, que no me deje matar…las manes han venido de Sincelejo acá”, relató Canoles y aseguró que esto sucedió el domingo en El Carmen de Bolívar, en el corregimiento de Macayepo.
La gente dice que le están haciendo cacería para matarlo. Otro de los motivos que le preocupan al líder comunitario tiene que ver con su labor como veedor de la vía que se está construyendo entre Chinulito y Macayepo. “En esa veeduría hemos estado muy pendientes a los recursos naturales, como el agua y la arena…hemos criticado al consorcio y a la interventoría que no coja el agua del arroyo, hicimos una queja a Invías nacionales…nos tratan de sapos…que el agua ellos la traen de Sincelejo”.
Sin embargo, Canoles dice tener en su poder un video en el que se observa a un carro cargando agua del arroyo. “El consorcio G9 ha cogido el agua de la quebrada del arroyo de palenquillo, sin permiso de una institución, para sus obras. Decimos que debe existir un permiso. Me cuentan que hace un mes unos militares estaban ofreciendo plata para que hablaran mal de nosotros. La gente se ha ido retirando del proyecto, ya no asisten a las reuniones y ahora somos en toral 43”, cuenta Canoles, sobreviviente de la masacre de Macayepo y desplazado por los paramilitares.
Desde agosto de 2012, la comunidad en Montes de María inició este proceso de reconciliación cuyo objetivo era sanar las brechas entre los corregimientos de Macayepo y la Alta Montaña del Carmen de Bolívar. Una caminata pacífica se organizó por la época para exigir al gobierno sus derechos socioeconómicos y una verdadera reparación en el marco de la Ley de Víctimas. “A unos los tildaban de paracos y a otros de guerrilleros, y la comunidad no es actora del conflicto, queríamos que nos dejaran por fuera de la disputa armada y que nos uniéramos los campesinos de los Montes de María”.
Un año después, un panfleto firmado “Los Urabeños” los amenazó y los acusó de líderes guerrilleros, por lo que muchos abandonaron la labor por temor.