“Los grupos posdesmovilización son un riesgo para la paz”: ONU

Guillermo Fernández Maldonado, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia.

 Luego de analizar la situación de violencia y los desafíos que enfrentará Colombia en un eventual posconflicto, el informe de la Oficina del Alto Comisionado para los DD.HH. concluyó que los grupos armados posdesmovilización “socavan constantemente los derechos humanos y la seguridad ciudadana, la administración de justicia y la construcción de paz”.

El documento, que se expide cada año y se presentó ayer, indica que estas agrupaciones, conformadas luego de la desmovilización paramilitar, siguen “afectando de forma desproporcionada a las poblaciones rurales, indígenas y afrocolombianas. La Defensoría del Pueblo documentó casos de desplazamiento, control social, amenazas, extorsiones y restricciones a la movilidad en varios departamentos.”

Una muestra de lo anterior es el panfleto de las Autodefensas Gaitanistas que se dio a conocer este martes, en el cual se anuncia la realización de un paro en el Urabá antioqueño, el 31 de marzo y el 1 de abril, en conmemoración a Francisco José Morelos Peñate, exintegrante de esa organización quien murió durante un operativo de la fuerza pública el 24 de abril de 2013.

A las restricciones y el control social, se suman las afectaciones de estas estructuras armadas a procesos como la restitución de tierras que justamente encuentra fuertes adversidades en Urabá. Al respecto el informe indica que: "La desarticulación de grupos que mantienen control sobre tierras despojadas a través del uso de la violencia o las amenazas, constituye un desafío permanente para la paz. (...) En junio, en Ayapel (Córdoba), fue asesinado un miembro de una familia reclamante de tierras en Turbo (Antioquia). En el norte de Urabá un grupo armado posdesmovilización amenazó y hostigó a campesinos despojados de sus tierras. En Magdalena hubo amenazas reiteradas contra un juez de restitución de tierras y en Cesar fueron sustraídas computadoras e información sobre procesos de restitución".

De otro lado, el informe llamó la atención sobre la responsabilidad del Estado en la vulneración de derechos humanos e insistió en que las investigaciones por los casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la fuerza pública no avanzan con suficiente celeridad. “Para 2015, la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía, que sigue un porcentaje significativo de este tipo de casos, registra 2.653 investigaciones por homicidio, de las cuales 167 están cerradas. 7.773 miembros del ejército han sido vinculados a estos casos que involucran 4.392 víctimas, incluyendo 183 mujeres y 223 niños y niñas. Hasta agosto habían sido condenados 838 miembros del ejército (seis coroneles, 99 oficiales, 127 suboficiales, 603 soldados y tres efectivos sin rango registrado) por su participación en 210 casos”.

En ese sentido, el balance habló de la necesidad de generar garantías de no repetición y, como aporte a la verdad y la reconciliación, destacó la importancia de proteger y conocer la información que hay en los archivos judiciales de varios organismos del Estado.

Sobre el tema, el informe citó algunos de los hallazgos hechos en ese tipo de documentos: "La Oficina conoció documentos no públicos como un oficio de julio de 1993 del DAS, en el que se reporta ‘…esta Unidad no realizó ningún operativo a excepción de las misiones de trabajo de rutina realizadas por los Detectives como son Tortura Sicológica, Secuestro Simple y Extorsión’ (sic). El Plan de Inteligencia del DAS de 2003-4 identifica organizaciones de derechos humanos para establecer ‘…qué tipo de trabajo político sostienen contra el Estado y el Gobierno Nacional, especialmente denuncias a escala interna e internacional en materia de Derechos Humanos, Proceso de Paz y medidas de Seguridad Democrática entre otros’”.

Un oficio militar reservado de 2008, el año en que el Ministerio de Defensa emitía la Política Integral de Derechos Humanos en respuesta a las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”, evidencia una orden del comandante del Ejército de incinerar órdenes internas confidenciales que definieron los incentivos institucionales para “bajas” en combate y capturas" .

Estos y otros aspectos, relacionados con los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, apuntan a identificar desafíos y oportunidades que tendrá Colombia en la construcción de la paz, en momentos en que avanza la negociación con la guerrilla de las Farc, que va entrando en su recta final, y se anuncia el inicio de la negociación con el Eln.

De hecho, el informe hace un reconocimiento abierto a los avances del proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc y destaca los positivos efectos que éste ha tenido en la prevención de violaciones a los derechos humanos, indicando que “entre agosto y noviembre, el país registró el nivel más bajo de los últimos 50 años de acciones ofensivas en el marco del conflicto armado, gracias a las medidas de construcción de confianza, los ceses unilaterales de fuego por las FARC-EP y el desescalamiento de las operaciones ofensivas del Gobierno”.

Guillermo Fernández Maldonado, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, habló con la Agencia de Prensa IPC y profundizó algunos de estos asuntos.

El informe respalda el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, pero también hace observaciones. ¿En qué sentido se hacen esas recomendaciones?

Este informe parte de un reconocimiento a los avances que se han experimentado en los diálogos de paz en La Habana, pero lógicamente tiene recomendaciones, las cuales están muy orientadas a lo que sería la última parte de los diálogos de paz pero también a la implementación y a la participación.

Concretamente hay una recomendación respecto de la necesaria participación de una representación de pueblos indígenas y afro descendientes. Es decir, hay un interés particular de los derechos de las víctimas, y en ese marco han ido miembros de pueblos afro descendientes e indígenas, pero no con el carácter de estos pueblos sino como víctimas. Pero no hay que verlos únicamente como víctimas o como actores pasivos, tienen que ser actores activos. Y eso es importante porque muchos de los aspectos que tienen que ver con la implementación de los acuerdos van a ser en sus territorios o van a estar dirigidos a ellos.

Hay preocupación por los archivos judiciales en Colombia, el informe advierte que han desapareciendo documentos de instalaciones militares ¿Esto cómo afecta la verdad y la justicia?

Nosotros tenemos diversas denuncias sobre un aspecto fundamental. Nosotros les decimos archivos de derechos humanos porque tienen información que es fundamental, por ejemplo, para el derecho a la verdad y de esto hay una larga experiencia internacional. Es decir, hay mucha información registrada en archivos oficiales y privados, e incluso en archivos de otros países. Esa es información que debe ser protegida y que luego debe ser accesible para que cumpla su función, por ejemplo, en la comisión de la verdad.

Entonces hay una serie de denuncias de que se estarían extraviando o dañando parte de estos archivos y, en el caso de Colombia, hay un deber legal por parte de la Procuraduría que es la encargada de la protección de esos archivos. Y nosotros no tenemos información de que exista una política o se hayan tomado medidas para la protección de esos archivos. Entonces es algo que nos preocupa, porque está muy vinculado con los acuerdos de La Habana para que puedan tener un efecto real en cuanto a la verdad.

En términos generales, tanto las investigaciones judiciales como el derecho a la verdad se basan en el acceso a la información, no hay otra forma de acceder a la verdad, que debe ser el sustento para todo pronunciamiento judicial.

¿Esto también está relacionado con el problema de la impunidad y la responsabilidad del Estado en la vulneración de derechos?

Definitivamente, parte de esto es el reconocimiento público de la responsabilidad pero eso no alcanza, es decir, todos los actores armados y el Estado, como tal, deben poner a disposición de las instituciones, tanto judiciales como las que salgan de los acuerdos de paz, toda la información que exista para aclarar qué pasó y cuáles fueron los actores que participaron en estos hechos.

Desde la mesa de negociaciones de La Habana, las Farc han exigido el desmonte del paramilitarismo y recientemente, sectores sociales y políticos han denunciado asesinatos de sus líderes. ¿Continúa activo el paramilitarismo en Colombia?

Uno de los factores que se menciona en el informe es la violencia y hay diversos nombres que se ponen, como grupos pos desmovilización o Bacrim (bandas criminales), pero hay grupos armados con características muy diferentes. Tendemos a poner una clasificación global y es muy diverso por regiones. Pero en lo concreto se trata de grupos armados que no tienen una motivación política pero que están definitivamente ejerciendo una presión y una violencia que afecta al Estado de Derecho, que afecta la implementación de los acuerdos, que son fuente de violencia contra defensores de derechos humanos y contra líderes sociales —en el informe se mencionan una serie de características con las cuales esto se da—. Y en realidad es una fuente de inseguridad no solo en el caso de una posible desmovilización de las Farc sino para cualquier actor que se oponga a sus intereses, sea en lo político o en lo económico, por ejemplo, en el tema de minería ilegal o cultivos de uso ilícito.

Yo creo que el Gobierno lo tiene claro, y el presidente ha anunciado una política en este sentido. Pero en este momento se trata de un factor de violencia de los más importantes a tener en cuenta en un posconflicto. Y todavía no se encuentra la manera efectiva no solo de atacar los síntomas sino sobre todo las causas.

A propósito de la minería ilegal, ¿por qué se ha vuelto un asunto tan complejo?

La minería ilegal no es un problema solo de Colombia, está en buena parte de la región. En Colombia sobre todo está muy vinculado a grupos armados, entonces no es de intervención puramente jurídica. Está muy implantado con diversos actores armados, tiene un impacto muy negativo en comunidades, en medio ambiente y, probablemente, va a ser uno de los factores de disputa después de la desmovilización.

Definitivamente es un problema que atraviesa sobre todo a las regiones más desprotegidas de Colombia. Entiendo que hay preocupación por parte del Gobierno pero el balance es que no ha logrado combatirla de manera adecuada. Y nuevamente, como en otros casos, hay que pensar estrategias no solo para atacar los síntomas sino ir a las causas; es como en el caso de los cultivos ilícitos, es decir, la erradicación o el uso de químicos podrán matar a la planta pero luego se va a sembrar otra, por ello a la gente hay que darle alternativas que les permitan sobrevivir y no ser expuestos a las presiones de grupos armados para realizar determinadas actividades.

En el caso del departamento de Antioquia, ¿cuál es el panorama en materia de derechos humanos?

El informe es global-nacional, pero hay una serie de situaciones que se dan en otras partes y también en Antioquia. Si vemos el caso, por ejemplo, de ataques a defensores de derechos humanos, encontramos casos que se dan en Antioquia. La preocupación sobre grupos armados, como grupos pos desmovilización y otros, es algo que también se da. Las ejecuciones extrajudiciales, aunque han disminuido, también registran casos en Antioquia. Entonces, el departamento no se aparta de la realidad nacional pero tiene particularidades.

En términos generales hay una percepción totalmente diferente en las grandes ciudades y en el ámbito rural. Donde está la mayor cantidad de víctimas y donde debe apuntarse, en cuanto a prioridad, es en las poblaciones rurales, las más abandonadas. Y eso se da claramente en Antioquia. Hay centros urbanos al nivel de un país desarrollado, y hay zonas rurales totalmente abandonadas donde hay mucha inseguridad, donde se siguen presentando ataques a defensores de derechos humanos, líderes sociales y étnicos. Por eso tiene que haber una política nacional pero con una adaptación a las características regionales, que respondan a las expectativas, y las expectativas que hay en Medellín probablemente son muy diferentes a las de Urabá.

Hablando de Urabá, el informe llama la atención sobre el tema de la restitución y los reclamantes de tierras, esa región es una de las zonas complicadas. ¿Qué han encontrado?

Esto es algo sobre lo cual la comunidad internacional tiene puestos los ojos. Es decir, es un problema que ha sucedido en muchos países que han pasado por conflictos, pero Colombia lidera en el sentido de que hay una ley e iniciativas desde el Estado para restituir tierras a quienes han sido despojados arbitrariamente. Sin embargo hay problemas, y parte de ellos es la inseguridad. Es decir, parte de estos grupos a los cuales me refería anteriormente —pos desmovilización—, que fueron en buena medida los que despojaron por la fuerza a personas y grupos de sus tierras, se mantienen ahí ejerciendo violencia y son capaces de dirigir esta violencia no solo contra reclamantes de tierras sino incluso contra las autoridades encargadas de hacer cumplir esto.
Entonces, algo que tendría que ser fundamentalmente jurídico se vuelve una cuestión en la cual tiene que intervenir la Policía y el Ejército. El reto es muy grande y expresa la complejidad de Colombia. Las leyes como tales no cambian la realidad, el tema es la implementación efectiva y lo que es necesario para hacer eso.