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El Catatumbo es una de las regiones más violentas del país. Tanto es así, que la Policía Departamental en esta zona hizo un balance de los homicidios perpetrados en 2019 y los datos arrojaron que de los 251 asesinatos perpetrados ese año en Norte de Santander, el 90 % de ellos fueron dentro de esta subregión, resaltando especialmente a municipios como San Calixto y Tibú.
Relief Web, considerando el rearme de grupos armados en estos municipios nortesantandereanos, reportó que durante 2019 los enfrentamientos más álgidos por disputas territoriales fueron protagonizados por facciones del Eln, el Epl, disidencias de las Farc, Clan del Golfo y Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) no identificados.
De hecho, los temas de seguridad son los que tienen en alerta a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) a la hora de realizar procesos de investigación para evaluar las condiciones del campo y proceder respectivamente allí. En la jornada de este miércoles, Edward Álvarez, director territorial de la URT afirmó que a partir de febrero más de 20 veredas en la región serán su foco de acción.
El funcionario precisó que el inicio de estas investigaciones en nueve veredas de Tibú, cinco de la Playa de Belén y ocho de Ábrego serán gracias al trabajo articulado con la fuerza pública. Además detalló que su organización ya tiene habilitadas más del 55 % de las solicitudes de restitución en Norte de Santander.
El trabajo puntual sería atender las más de 105 solicitudes de restitución de tierras en las veredas Ambato, El Empalme, La Batería, Barco, la Silla, San Miguel, Villa del Carmen, La Lejía, La Primavera y El Socorro, ubicadas en Tibú, que por cierto, es el municipio con mayor cantidad de solicitudes. Asimismo, los trabajos de campo se extenderán en las veredas de La Honda, Tunal, Montecitos, Rosa Blanca y Zona Urbana (ubicadas en La Playa de Belén) y en El Molino, Sitio Nuevo, Las Maciegas, La Labranza, La Teja, El Arado, San Miguel, El Higuerón (Ábrego). Estos dos últimos municipios suman aproximadamente 50 solicitudes.
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Si bien desde la URT se manda un mensaje esperanzador ante las eventuales respuestas sobre los derechos de propiedad de estos predios, la reparación de las víctimas con proyectos productivos y una posterior reactivación de su economía, las dudas se ponen sobre la mesa, considerando los avances en este tipo de temas, en lo corrido de estos primeros tres años de posconflicto.
El Instituto Kroc reportó para el primer trimestre de 2019 que en lo asociado a la Reforma Rural Integral, los avances no tuvieron aceleración en las normativas pendientes de la Ley de Tierras (160 de 1994), así como en los mecanismos para garantizar seguridad jurídica de aquellos actores que pretenden tener acceso a la tierra que les fue quitada durante el conflicto armado.
Más puntualmente, desde la experiencia del Catatumbo, el panorama es más complejo. Históricamente, y como señaló la organización ColJuristas, la incursión paramilitar en esta región dio rienda suelta para el despojo de 53.269 hectáreas (lo cual representa el 19 % de Tibú), lo cual posteriormente fue legalizado por la adjudicación de baldíos y la compra masiva de estas tierras usurpadas.
Los intentos de solución para estos problemas en la región no han sido suficientes. Desde septiembre, la URT contempla las centenares de solicitudes que entran desde estos municipio, pero como el marco de la Ley de Víctimas no se reconoce con plenitud a varios de estos casos en Catatumbo, al tener casos archivados, es necesaria una luz verde institucional para recuperar estas cientos de miles de hectáreas y de esta manera articular de manera efectiva la norma con las acciones sobre el campo.