Caicedo, acorralado por la clase política tradicional, lleva dos años de lucha jurídica y aún no recupera el control público de la ciudad.
Usted llegó a la alcaldía de Santa Marta y se propuso terminar un contrato con particulares según el cual ellos recaudan los impuestos públicos y la ciudad les paga una alta suma, en un negocio que a usted le pareció injusto ¿Por qué en sus más de dos años de administración no ha podido cumplir su propósito?
Cuando asumí la alcaldía, encontré que la absoluta mayoría de la prestación de los servicios públicos de Santa Marta estaba en manos de particulares mediante concesiones. Una de estas era el cobro de los impuestos. Se trata de un contrato de 2002 que hoy está por fuera de la ley porque cuando se prohibió, en 2010, que los privados recaudaran tributos del Estado, ese contrato no se modificó como debería haberse hecho. Pero cuando intenté iniciar la terminación del mismo por su ilegalidad e inequidad social, me encontré con una larga batalla jurídica que todavía no concluye.
¿Cuál alcalde firmó esa concesión?
Fue firmado por Hugo Gnecco (ver parte superior de la pág.) con la sociedad Recaudos y Tributos (R &T). En ese contrato se establecieron unos porcentajes de ganancia muy altos para los privados que dejaron en desventaja a la ciudad: van desde el 7 hasta el 13% del total recaudado. En plata contante y sonante, eso significa, por ejemplo, un pago de $10 mil millones de pesos para R &T solo en 2013, suma que, proyectada a la vigencia del contrato que va hasta 2022, ascendería a más de $120 mil millones de pesos, a valores actuales. Esta situación me movió a iniciar un acto administrativo para terminar el contrato, recuperar la soberanía fiscal de la ciudad y devolverle esos recursos a la comunidad con inversión social.
¿Ante quién demandó el contrato y con cuál resultado?
Dicté una resolución en 2012. La firma R&T interpuso una tutela contra nuestro acto ante un juez de Santa Marta. Este le dio la razón y otro juez de revisión de la ciudad confirmó esa decisión. Por la magnitud de la plata que estaba en juego y porque estaban involucrados los derechos de los ciudadanos, le solicitamos a la Corte Constitucional que seleccionara y revisara los fallos.
Pero su estrategia salió al revés: una sala de la corte negó la posibilidad de que Santa Marta recuperara el control del recaudo de sus impuestos, y le dio la razón a R&T ¿Cuáles magistrados hicieron parte de esa sala?
El magistrado Jorge Pretelt fue el ponente y él concluyó que mi alcaldía le había violado el debido proceso a Recaudos y Tributos. Además nos advirtió que para poder terminar el contrato teníamos que acudir a la justicia contenciosa lo que suponía iniciar un proceso que puede durar cinco, seis o siete años, tiempo en el cual Santa Marta continuaría entregando sus recursos a los particulares. Además de Pretelt, la sala estaba compuesta por el magistrado (e) Alexei Julio quien votó a favor de la ponencia, y por el actual presidente de la corte Luis Ernesto Vargas que salvó su voto por estar en desacuerdo con tal conclusión.
Sin embargo, hace poco la sala plena de la misma corte anuló la decisión de Pretelt ¿Usted solicitó esa nulidad?
Sí. Como alcalde hice lo que me correspondía: acaté la decisión de la sala a pesar del daño que iba a sufrir Santa Marta y después demandé el contrato ante el Tribunal Administrativo de Magdalena para seguir la línea que me dictó la sentencia. Simultáneamente le pedí a la sala plena que anulara el fallo teniendo en cuenta que estaba desconociendo su propia jurisprudencia. Afortunadamente, acogió mi petición el 28 de mayo de este año y en un comunicado afirmó que mi alcaldía no vulneró derechos de nadie y que estaba facultada para terminar el contrato. Pero estamos a casi dos meses de ese comunicado y todavía esperamos a que el magistrado ponente proyecte la decisión y nos la notifique para poder proceder a recuperar la facultad de recaudar nuestros impuestos.
¿Mientras tanto no puede hacer nada?
No. Legalmente no podemos hacer nada hasta cuando tengamos el texto de la decisión con las firmas de todos los magistrados.
¿Ha preguntado por qué se ha demorado esa notificación?
Sí pero no he recibido respuesta y veo con preocupación que sigue pasando el tiempo y continúo pagándoles a los privados unas sumas fabulosas que van por encima de 20 mil millones de pesos, solo en lo que corrido de mi administración. Y si contamos desde el 2002 cuando se inició el contrato, Santa Marta les ha pagado más de $55 mil millones de pesos.
¿Cuánto le ha pagado a los concesionarios en estos dos meses después de que la Corte Constitucional anuló la decisión anterior?
$1.000 millones de pesos promedio por mes. Este año, la ganancia para los particulares se estima entre $13 mil a $15 mil millones de pesos debido a que, con el esfuerzo de nuestra alcaldía, los samarios ya están pagando más impuestos. Imagínese usted todo lo que podríamos invertir en mejoramiento de escuelas, centros de salud, vías, etc., con esos dineros que en los cuatro años de mi alcaldía ascenderán a más de $40 millones de pesos.
¿Quiénes votaron en la sala plena la anulación?
No lo sé. Pero el comunicado publicado por la corporación tiene una frase muy significativa: “La Sala Plena de la Corte Constitucional verificó que en el caso revisado… la terminación del contrato celebrado por la sociedad Recaudos y Tributos… con la Alcaldía de Santa Marta se produjo porque estaba afectado de objeto ilícito, en razón de haber sido celebrado contra expresa prohibición constitucional y legal (porque) la gestión tributaria corresponde ejercerla al ente territorial y no es posible su delegación en particulares”. La posición está clarísima.
¿Quiénes son los socios de la sociedad Recaudos y Tributos S.A.?
Esa firma hace parte del Grupo Inassa que, a su vez, es también accionista mayoritario de Metroagua, la empresa que tiene bajo su control la prestación y operación del servicio de agua en la ciudad. Inassa es una sociedad anónima originada en la empresa pública de España Canal de Isabel II que se encarga de la gestión del acueducto de Madrid. Lo extraño es que allá opera como pública y aquí lo hace como privada.
¿Tiene socios locales?
No lo sé pero quienes dan la cara por R&T en sus relaciones con la alcaldía son personas conocidas en la región.
Es decir, la alcaldía le dio también la concesión a ese grupo del suministro de agua?
Sí. Metroagua maneja el acueducto y alcantarillado de Santa Marta hace 25 años, desde el año 1989, bajo la figura de contrato de arrendamiento. En sus manos está la operación de prestación del servicio y de cobro del mismo. Se sabe el desastre que vive la ciudad por ineficiencia en ese servicio.
Precisamente Santa Marta ha protestado en estos días por falta de agua¿Son ellos responsables o lo es su alcaldía?
En las condiciones en que está suscrito el contrato, mi alcaldía quedó amarrada y es la empresa Metroagua la que tiene la responsabilidad. No obstante y atendiendo nuestras funciones públicas, mi administración se ha encargado, en esta emergencia, de surtir de agua los barrios con carrotanques, perforando pozos y explorando alternativas. A la fecha hemos distribuido más de 60 millones de litros cúbicos con estos métodos, contando con el apoyo del viceministerio y de la Dirección de Desastres.
¿Por qué esa firma sigue con el contrato vigente? ¿Se enfrenta la ciudad al mismo problema jurídico que con el del recaudo de impuestos?
Las distintas administraciones han ido prorrogándole el contrato, mediante el sistema de otrosí. En la última ocasión la alcaldía anterior a la mía se las extendió hasta 2017. A propósito de este problema, pedí el acompañamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos y del viceministerio de Agua para poder terminar el contrato con Metroagua. En la actualidad estamos revisando jurídicamente las alternativas.
¿Cuánto le ha pagado Santa Marta a esta concesión por cuenta de la operación del agua?
Por subsidios, convenios de ejecución de proyectos, giros directos del viceministerio, acreencias de la Ley 550, entre otros, entre el 2009 a la fecha, la ciudad y el Estado les ha dado la suma de $53.400 millones de pesos, aproximadamente sin considerar el pago regular de las facturas que hacen todos los usuarios y que ingresan directamente a esa empresa. Tenga en cuenta que las tarifas no son nada baratas.
¿Es cierto que ese grupo económico tiene vínculos con la clase política y judicial de Santa Marta y del Magdalena?
No puedo afirmarlo pero el solo hecho de que hayan manejado el cobro de los impuestos y la operación de acueducto y alcantarillado por tantos años, con tantas prórrogas y ventajas para ellos, indica que alguna conexión deben tener en la región.
¿El contralor de Santa Marta, que exigió hace poco que lo sacaran a usted de la alcaldía, es el mismo que ordenó ponerlo preso hace unos años cuando usted, como rector de la universidad del Magdalena, recuperaba financieramente ese centro?
Sí. Escobar fue quien coordinó unas atropelladas auditorías de la Contraloría del Magdalena en 2004 y 2005, cuando el contralor era Luis Sanjuán Perdomo, destituido y procesado penalmente, y el gobernador era Trino Luna (ver parte superior de la pág.). Esas dudosas auditorías fueron la base para judicializarme. Fueron cinco años en que tuve defenderme, en prisión domiciliaria, de presuntos delitos que después se determinó que yo nunca había cometido. Fui absuelto de todos los cargos en 2011 poniendo fin a esa dolorosa etapa de persecución política en mi contra, tal como lo dijeron los órganos de control.
Y ahora ¿por qué vuelve a aparecer Escobar?
El Concejo distrital lo nombró contralor una vez que yo fui elegido por voto popular.
¿Quiere decir que lo eligió la clase política tradicional de Santa Marta y Magdalena representada por quienes firmaron los contratos de los que hemos hablado?
El contralor Escobar fue apoyado por los políticos que integran el Concejo de Santa Marta. Todos son conocidos. Lo cierto es que Escobar, desde un primer momento de su gestión, volvió a iniciar acciones en mi contra utilizando ese órgano de control de manera política.
¿Qué argumenta ahora para pedir que lo separen a usted del cargo?
Es la tercera vez que lo intenta. La primera, acudió a la Procuraduría. Y en las otras dos oportunidades le pidió al presidente Santos que me suspendiera del cargo, conducta que ha reiterado ahora no obstante las decisiones judiciales que dejaron sin efecto sus arbitrarias actuaciones.
¿Es cierto que el contralor Escobar es familiar del exmagistrado de la Judicatura José Alfredo Escobar Araújo y del exmagistrado Rodrigo Escobar Gil, quien hizo parte de la Corte Constitucional (ver parte superior de la pág)?
Esos son hechos públicos pero no quiero referirme a ellos.
Usted se ha enfrentado a la clase política tradicional desde cuando era rector ¿Su pelea de hoy es contra los mismos de siempre?
Saque usted sus conclusiones.
Contratos que favorecen intereses privados
Hugo Gnecco fue el alcalde que firmó el contrato para recaudar los impuestos de Santa Marta con la sociedad privada Recaudos y Tributos en 2002, contrato que subiste hoy, 12 años después, a pesar de que el actual mandatario local, Carlos Caicedo Omar, ha paseado por juzgados y tribunales para poderlo terminar debido a su inequidad económica que favorece a los particulares. Gnecco asumió la alcaldía en 2000 y en 2003 fue destituido por la Procuraduría y condenado a diez años de prisión por un desfalco de más de $5 mil millones. Esa pena le fue impuesta por interés ilícito en la celebración de contratos, peculado por apropiación y violación del régimen de inhabilidades. Huyó a Venezuela y fue objeto de un atentado que casi le cuesta la vida. Después de que se recuperara de las heridas, fue extraditado a Colombia y entregado a las autoridades. Gnecco hace parte de una familia que ha tenido tanto poder político en la Costa como líos judiciales. El alcalde Caicedo también se encontró con otro contrato para la operación del servicio de acueducto y alcantarillado firmado en 1989 con Metroagua, una empresa que hace parte del mismo grupo propietario de Sociedad y Recaudos. Entre los dos contratos, ese grupo podría llegar a recibir más de $200 mil millones de pesos públicos si Caicedo no logra suspenderlos.
El alcalde Caicedo vs. políticos locales
La batalla política del alcalde Caicedo no es de ahora. Empezó hace varios años cuando llegó a la rectoría de la Universidad de Magdalena, poco después de que renunciara a ella, el asesinado profesor Alfredo Correa D’Andreis. Inició la recuperación del centro universitario, plagado de ineficiencia financiera y politiquería local pero para hacerlo tuvo que enfrentarse con los que detentaban el poder. Era la época en que se postuló para la gobernación Trino Luna, quien llegó a ese cargo a pesar de su fama y de las relaciones que, desde entonces se rumoraba, tenía con grupos paramilitares. Tiempo después Luna fue investigado por el crimen de un alcalde municipal y condenado por parapolítica. Amigos de Luna también fueron el contralor departamental de la época y un funcionario suyo que involucró al actual alcalde en delitos que nunca cometió, según los fallos judiciales. Hoy ese funcionario es contralor distrital de Santa Marta, elegido por los políticos del Concejo. Se trata de Horacio Escobar, familiar del exmagistrado José Alfredo Escobar Araújo, recordado por su amistad con el italiano Giorgio Sale, condenado por narcotráfico. Horacio Escobar también es familiar del exmagistrado de la Corte Constitucional Rodrigo Escobar Gil a quien se le atribuye gran influencia sobre algunos miembros de la actual corporación.