Altas posibilidades de que se presenten hechos de corrupción en las alcaldías y gobernaciones del país es la principal conclusión del índice de transparencia de las entidades públicas, que será presentado hoy por la organización Transparencia por Colombia. El informe advierte que la débil capacidad para entregar información, la falta de procesos y procedimientos administrativos para la toma de decisiones y la inoperancia de medidas de control dejan abierto el camino al despilfarro de los recursos públicos.
Es tan complejo el panorama, que de los 32 departamentos de Colombia, sólo Antioquia, Santander, Caldas y Meta tienen un riesgo moderado. A su vez, 12 tienen un riesgo medio, 10 altas probabilidades de ser afectados y los más críticos son Putumayo, La Guajira, Caquetá, Guainía, Vaupés y Chocó. Una situación a todas luces crítica, porque las regiones donde hay más predisposición a las irregularidades son donde hay mayor número de personas con las necesidades básicas insatisfechas.
De igual forma sucede con las principales ciudades del país. Sólo Barranquilla, Mosquera (Cundinamarca) y Pereira tiene un riesgo moderado, 18 medio, 13 se ubican con un riesgo alto y en Puerto Carreño, Quibdó, Inírida, Mitú, Sincelejo, El Zulia y Leticia las posibilidades de corrupción son altas.
La preocupación se hace mayor si se tiene en cuenta que, al hacer un mapeo, en las zonas donde hay mayor riesgo es donde ha tenido más impacto el conflicto. Por eso, desde Transparencia prendieron las alarmas por la necesidad de establecer controles en la millonaria inversión pública que llegaría a estas regiones en un eventual posconflicto.
Marcela Restrepo Hung, directora del Sector Público de Transparencia por Colombia, planteó los riesgos de que los programas y subsidios del Gobierno sean mal empleados en las elecciones. “En la mayor parte de las alcaldías es casi nula la información sobre oferta de políticas sociales, con lo cual los candidatos, ante el desconocimiento, aseguran que si no votan por ellos perderán los subsidios. Los ciudadanos no tienen información y no saben que son programas que no dependen del político de turno”.
El diagnóstico también resulta preocupante en contratación de personal. Señala Restrepo que la contratación directa en alcaldías y gobernaciones supera el 75%, lo que impide la capacitación, el compromiso con las administraciones, hace más complejo el control y da vía libre a nombramientos políticos. En obras públicas también las alarmas están prendidas, porque el 30% en el ámbito municipal y el 40% en el departamental no cuentan con interventoría. “Por eso las obras resultan mal hechas, no las terminan y se piden anticipos injustificables”, afirmó.
Si bien los niveles de riesgo por corrupción no son sinónimo de fraude, sí constituyen un campanazo de alerta para evitar la pérdida de los recursos. Como señala la directora de Transparencia por Colombia, Elisabeth Ungar, “el Estado está en la obligación de anticipar la acción de los corruptos. Con lo que nos ha pasado, ya sabemos por dónde va el agua al molino, por eso es urgente blindar la gestión administrativa”. En síntesis, las alarmas están prendidas y es necesario implementar medidas para evitar el robo del presupuesto público.
Por Redacción Política
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscribete e inicia la conversación