Socialmente se aceptan múltiples manifestaciones más o menos graves de violaciones a la ley, de atajos o de justificaciones para incumplir las normas. “Hecha la ley, hecha la trampa”, es una de las expresiones que se repiten, hasta con cierto orgullo.
Las consecuencias negativas de esa actitud cultural son devastadoras y se constituyen en el principal obstáculo para erradicar la violencia, mejorar la democracia y alcanzar la justicia social.
A pesar de prohibiciones legales y constitucionales, resulta “normal” que se establezcan relaciones clientelistas entre los poderes y que en vez de argumentos sean las prebendas o el intercambio de favores las herramientas que se usan para que se aprueben proyectos de ley o se eviten debates de control político. Ahí está la principal fuente de corrupción. Es a partir de la componenda política que los recursos públicos se despilfarran, se asignan en forma inequitativa o simplemente se pierden. No bastan los aumentos de controles o el incremento de las sanciones o la mejoría de los procedimientos administrativos. Se requiere una transformación cultural que los convierta en recursos sagrados. Que todo peso público se invierta en lo que debe ser.
El narcotráfico, principal combustible de las más graves manifestaciones de violencia, ha logrado crecer por una especie de tolerancia social que se aprovecha de los ingresos que produce, sus alardes de riqueza se transforman en referentes culturales positivos, que no castiga políticamente a quienes han hecho alianzas con grupos ilegales y que justifica los cultivos ilícitos por supuesta falta de mercado para los productos legales. En Colombia tenemos que abrir un diálogo franco para visibilizar los efectos negativos del narcotráfico y lograr un consenso para rechazar socialmente al narcotraficante, hasta llevar a que sus familias los persuadan de no arriesgar sus vidas.
La impunidad y la ineficacia del aparato judicial son a la vez causa y consecuencia del estado de cosas. El sistema judicial tiene como misión central hacer cumplir las leyes cuando los otros códigos reguladores de la conducta humana —moral y cultura— no han evitado un comportamiento ilegal. Por eso debemos garantizar que habrá jueces en todos los municipios colombianos, que haya procedimientos expeditos similares a los de la tutela para lograr eficacia de los derechos, con jueces reconocidos como lo hacemos con soldados y policías.
La inequidad sirve al sistema político actual porque convierte el ejercicio de derechos en favores a cambio de los cuales después se espera lealtad electoral. En cada elección se repite la aberrante amenaza de que si no se elige a un determinado candidato, los programas sociales se van a acabar. El sistema de salud podría disminuir su déficit si las secretarías del sector no fueran botín político, o si no se hicieran acuerdos entre empleador y empleado para no vincular a éste al régimen contributivo y mantenerlo en el subsidiado.
Uno de los grandes obstáculos a la generación de empleo es la ilegalidad.
Para superar los problemas de politiquería, corrupción, impunidad, violencia, inequidad, pobreza y exclusión se requiere de una profunda transformación cultural que nos permita construir un modelo de Legalidad Democrática basada en consensos y compromisos, que tenga como principal motor la educación y como propósito colectivo tener una sociedad más igualitaria.