La oligarquia se roba el cofre, se reparte el botin, se llena los bolsillos, y luego se limpia el culo con la constitución. Valiente democracia la que tenemos, el ejecutivo propone algo, el legislativo lo aprueva inmediatamente. Menos mal la corte no come cuento, es lo único que mantiene al pais cojeando, o si no andariamos a rastras hace rato. Fortuna Fortis Aidurat

Estos ladrones y parapoliticos hicieron su nuevo acuerdo de ralito, y se auto-exoneraron ¡¡¡¡¡¡¡, que CINISMO ¡¡¡¡¡, que bueno que el polo no se metiò a esta auto-exoneraciòn, ahora si uribe va a poder contar con los votos que queden para la 3a re-elecciòn, y, puès votos de opiniòn que falten : desde la picota...larga vida al señor de las sombras ¡¡¡¡

Los PEPES, como que fue una mezcolanza de mafiosos, policías, ejercito y los gringos que fueron los que se cranearon el invento

TANNO, coger a una persona, empelotarla y amarrarla a un árbol hasta que se congele es una acción que se llama tortura. y hasta donde medio recuerdo las noticias de esa época en Medellin hubo desapariciones y muertes de miembros del M 19

c´omo podia existir una alianza entre el M 19 y pablo escobar si los intereses de uno y otro eran totalmente opuestos, pablo escobar hacia parte de los creadores del grupo MAS, muerte a secustradores, primer grupo paramilitar del país que secuestro,torturo y asesino a miembros del M 19 ,entonces que vinculo podia unir al M, con pablo escobar.Que el m 19 se oponia a la extradicion al igual que pablo escobar, pero el m19 lo hacia defendiendo un principio elemental de soberania , que se vulneraba con la extradicion de cualquier Colombiano para ser juzgado por el imperio. Pablo Escobar atacaba la extradicion no por defender principio alguno sino por defenderse asi mismo y a sus socios.Pablo Escobar no iba a apoyar accion alguna de un movimiento guerrillero a sabiendas de que cualquier victoria para la guerrilla era para el una derrota a largo plazo por que los intereses de ambos chocaban

Ex guerrilleros del M-19, hoy políticos, no pueden seguir evadiendo su responsabilidad en el holocausto del Palacio de Justicia, y deben decirle a Colombia cuál fue el verdadero propósito de la toma que desató la muerte de un centenar de personas. La toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 representa uno de los episodios más dolorosos y vergonzosos de la historia reciente de Colombia; además de la muerte de 94 personas y la desaparición de otras 11, la impunidad, el silencio y las mentiras frente a este hecho han aumentado su magnitud. Hoy, 21 años después, el país parece aproximarse a la verdad y probablemente a la justicia; los militares que supuestamente incurrieron en excesos como torturas y desapariciones forzosas son investigados, inclusive uno de ellos, el coronel retirado Edilberto Sánchez Rubiano, ya está a disposición de las autoridades. Por la memoria de los caídos y por la institucionalidad nacional, todo miembro de la Fuerza Pública que haya sobrepasado el límite de los Derechos Humanos en el operativo de recuperación del Palacio de Justicia debe pagar, como lo disponga la ley, los excesos cometidos. Sin embargo, la reapertura del caso y la investigación contra miembros del Ejército, no pueden llevar a la opinión pública nacional a olvidar que el gran responsable de los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia es el M-19. Es cierto que a principios de los años noventa los integrantes de esta guerrilla fueron amnistiados por los delitos cometidos durante 17 años de acciones ilegales, por lo tanto no pueden judicializarse por el caso del Palacio, pero la inmunidad que les fue otorgada no les impide a los ex militantes del M-19 que cuenten cuál fue el verdadero interés que hubo tras la toma, pues, como lo concluyó la comisión de la verdad que durante un año investigó los hechos, es altamente probable que Pablo Escobar hubiera pagado a los subversivos para que perpetraran el plan contra la sede de las máximas instancias judiciales del país. Si no se le puede alegar responsabilidad judicial al M-19, a sus ex militantes sí les cabe responsabilidad política, y si en verdad le hicieron un mandado a la mafia, la ciudadanía debe sancionar social y moralmente a quienes hoy, como si el país desconociera su pasado guerrillero, tratan de que la culpabilidad por el holocausto del Palacio de Justicia recaiga exclusivamente en el Estado.

La reforma politica debe incluir la revocatoria del Indulto alos criminales del m-19 y el juzgamiento de sus cabecillas y milicianos, sino que se les debe prohibir expresamente que puedan ser elegido en cargos de eleccion popular y ocupar cargos en las entidades publicas..por lo siguiente...Comentario de GINNA PARODY.....De los crímenes cometidos por el M-19 en la década de los ochenta los colombianos solo recordamos la toma del Palacio de Justicia. Pero su prontuario criminal es más extenso, como lo es el de cualquier grupo que se arma ilegalmente. En él hay desde faltas menores y simbólicas, como el robo de la espada de Simón Bolívar, hasta crímenes aterradores como el secuestro y asesinato del líder sindical José Raquel Mercado. También el robo de armas del cantón Norte o la toma de la embajada de República Dominicana. Además de las crónicas de algunos periodistas y una que otra novela, no tenemos una sola palabra de la verdad acerca de lo que sucedió. Afortunadamente, para la verdad nunca es tarde. La verdad es fundamental para la reconciliación, para la dignificación de las víctimas y para evitar la repetición de la historia. Pero también es importante para establecer responsabilidades individuales y colectivas. La individual nos habla del alcance las actuaciones de cada uno de los sujetos en las acciones violentas, pero la colectiva proviene de la pertenencia, y la permanencia en el mismo. En el caso del M-19, algunos de sus miembros claramente evaden todas las responsabilidades, no reconocen señalamientos por actos delictivos individuales, ni aceptan su responsabilidad por los actos cometidos por el grupo armado ilegal al que pertenecían, así no hayan participado directamente en su comisión. Esto es justamente lo que estamos tratando de evitar que suceda con el proceso de paz con los paramilitares. Se dice en diversos escenarios que el proceso de paz con el M-19 fue exitoso. Y tenemos que reconocer que lo fue en términos de reconciliación. Se desmovilizaron 900 combatientes y todos ellos fueron indultados con base en el acuerdo firmado por el Gobierno Nacional y el grupo armado el 9 de marzo de 1990. La muestra más sólida de la voluntad nacional para la reconciliación fue que el año siguiente en las elecciones para la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, el gran pacto refundante del país, el M-19 se presentó con una lista y obtuvo una cuarta parte de los votos emitidos correspondientes a 19 escaños. Tenemos que reconocer que al lado de ese sonoro éxito, brillaron por su ausencia la reparación y la verdad. La verdad es importante en estos procesos porque es el instrumento que permite crear conciencia colectiva en torno a la historia compartida, nos muestra las aristas del conflicto que se nos ocultan cuando están sucediendo, nos muestra los rostros de los agresores. También es el camino para devolverle a las víctimas su dignidad y reconocerles y restaurarles los derechos vulnerados en el conflicto. La reparación es un complemento de la redignificación de las víctimas. Sin verdad y sin reparación, la reconciliación es frágil. La inconformidad y la venganza de las víctimas se quedan como un sentimiento latente, no resuelto. La legitimidad de quienes se reincorporan queda coja, incompleta. Por encima de las razones que hace casi 20 años permitieron que del proceso con el M-19 se excluyeran la verdad y la reparación, afortunadamente para la verdad nunca es tarde. Como representante de una generación, afirmo sin reservas, que no le tengo miedo a la verdad. Por el contrario, necesito la verdad para poder aceptar y perdonar las acciones que derramaron tanta sangre en mi país. La misma verdad que quiero que se genere de la aplicación de Ley de Justicia y Paz es la que quiero conocer de lo que pasó con el M-19. Sin esta verdad difícilmente podremos evitar las futuras tomas del Estado por la ilegalidad. Los colombianos necesitamos saber porqué en 1997 un centenar de paramilitares incursionaron en la población de Mapiripán y durante 5 días torturaron, asesinaron y descuartizaron a más de 49 personas tanto como necesitamos saber porqué fue secuestrado y asesinado José Raquel Mercado, quienes estuvieron involucrados, qué políticos participaron, quienes pusieron los recursos. La verdad tiene que ser para todos y sobre todo, tiene que provenir de todos. No se puede exigir verdad cuando no se está dispuesto a ofrecerla. Esa es una autoridad mentirosa, ilegítima. Las exigencias de verdad y la disposición al perdón no puede ser un embudo: amplias y laxas para los hechos del pasado y estrictas y precisas para mirar el presente.