El proyecto será presentado para ser discutido en la próxima legislatura, que comienza el 20 de julio, luego de que en cuatro ocasiones el gobierno haya sido derrotado en esa intención.
El Ejecutivo colombiano sigue considerando como un problema legal el consumo, que se da principalmente en la población más joven. Para el presidente Álvaro Uribe, el país está ad portas de "una crisis del consumo".
"Un gran reclamo de la base popular de la Nación tiene una queja profunda por la permisividad del consumo en el país (...) por ejemplo en Bosa - Bogotá me dijeron que los niños salen a jugar; y rápidamente los enganchan para distribuir cocaína y marihuana", aseguró el Jefe de Estado.
Desde ya, los parlamentarios que en otras ocasiones se encargaron de hundir el proyecto, advierten que las cosas no van a cambiar y que esa iniciativa no tiene cabida.
El senador de La U Armando Benedetti, uno de losmás fieles uribistas, advirtió que no acompañará el proyecto al considerar que no se pude pretender enviar a prisión a los jovenes que caen en la drogadicción por la falta de políticas que prevengan ese mal de la sociedad.
El legislador fue uno de los congresistas uribistas que en dos oportunidades no acompañó al Gobierno en la misma iniciativa y llevó a su hundimiento. El propio Uribe le pidió a Benedetti publicamente durante un Consejo Comunal en Cali hace dos años, que permitiera la aprobación de la iniciativa, pero finalmente no lo hizo así.
Pero él no es el único que en la comisión primera del Senado está en contra del proyecto. Samuel Arrieta, presidente de Convergencia Ciudadana, manifestó que la interpretación que da el Gobierno a la problemática de la drogadicción es indebida.
Para el líder político el consumo de narcóticos debe entenderse más como una dificultad de salud pública, en donde el Estado debe emprender campañas de prevención a través de la educación en todos los colegios.
“Considero que la salida a la solución de esta dificultad no puede ser castigar al consumidor sino más bien judicializar al expendedor y distribuidor de los narcóticos”, dijo Arrieta.
Aún así, el Gobierno sustenta su proyecto en un estudio que demuestra como la relación de ‘causa – efecto’ entre la permisividad del consumo de alucinógenos y la criminalidad en Colombia es muy grande. En esa exposición los científicos y expertos en el tema han demostrado que funcionan más los programas de prevención y rehabilitación, acompañados de sanciones; en vez de dejar escenarios de permisividad que conducen al libertinaje.
“No hay derecho que mientras aquí hay soldados mutilados porque están cuidando a los erradicadores de droga, se permitan reuniones sociales con dosis personal de droga en virtud de una interpretación errónea del libre desarrollo de la personalidad”, explicó el Jefe de Estado.
Durante sus dos campañas de elección presidencial, Álvaro Uribe prometió que se penalizaría la dosis mínima, pero los partidos de oposición y algunos miembros de su bancada no han permitido que pase esa iniciativa en el Congreso de la República.
Esta nueva promoción a esa idea, ha sido interpretada por los expertos en el tema como un pulso de poderes entre Álvaro Uribe y Carlos Gaviria Díaz. Cuando el presidente del Polo Democrático Alternativo era magistrado de la Corte Constitucional, permitió la despenalización de la dosis personal.
Al parecer la misma puja política vivida durante las presidenciales de 2006, ha hecho que Uribe presione la aprobación de la Reforma para demostrarle a Gaviria que sí existirán penas para los consumidores de drogas.
De ser aprobado el proyecto de acto legislativo, se darían penas superiores de dos años a quienes estén portando y consumiendo drogas en las calles colombianas.