La pelea entre el Gobierno Nacional y Human Rights Watch, al parecer, continuará hacia futuro y apunta a crecer con el paso de las horas.
Al concluir la reunión entre el ministro del Interior, Fabio Valencia, y el director de ese organismo, José Miguel Vivanco, el Gobierno insistió que HRW está "sesgado" y "confunden a la opinión pública". Valencia dijo que "hay intenciones políticas" de parte del informe presentado y aseguró que "no se puede hacer éste con un sólo actor armado y sin mencionar las agresiones de la guerrilla".
Para el Gobierno este documento de Human Rights Watch "denota falta de información, de objetividad y de conocimiento del funcionamiento y trabajo conjunto de las instituciones del Estado colombiano, presentando verdades a medias que pueden confundir a la opinión pública". Según él, Vivanco "no consultó suficientemente fuentes oficiales y realiza aseveraciones generales e incompletas, sacando conclusiones a partir de simples inferencias".
Cuando Elespectador.com le preguntó a Valencia Cossio acerca de cómo iba a hacer para que en la opinión internacional no se interpretara que se viviría con Vivanco un escenario como el de Venezuela fue expulsado, el Ministro afirmó: "si se quiere venir a vivir aquí pues bien puede, le ofrecemos todo porque aquí no le estamos repimiendo pero si lo estamos controvertiendo porque él no es la verdad revelada".
Comunicado
El Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, se permite informar a la opinión pública que:
1. El informe presentado por la ONG Human Rigths Watch, (HRW) ‘Herederos de los paramilitares: la nueva cara de la violencia en Colombia’, es sesgado y denota falta de información, de objetividad y de conocimiento del funcionamiento y trabajo conjunto de las instituciones del Estado colombiano, presentando verdades a medias que pueden confundir a la opinión pública.
2. Confunde Estado y Gobierno. No Consultó suficientemente fuentes oficiales. Realiza aseveraciones generales e incompletas, sacando conclusiones a partir de simples inferencias.
3. El Ministerio del Interior y de Justicia reitera que el paramilitarismo en Colombia está extinguido y sus jefes en la cárcel. Lo que actualmente se presenta es el surgimiento de las denominadas ‘Bandas Criminales Emergentes’ derivadas del narcotráfico, las cuales están siendo combatidas por la Fuerza Pública, investigadas por la Fiscalía General de la Nación y juzgadas por los jueces de la República.
4. No se pueden confundir los diferentes fuentes de violencia en el país. El informe utiliza cifras de violencia global, que incluyen datos sobre distintos factores de criminalidad y violencia, para sustentar su hipótesis del resurgimiento del Paramilitarismo en Colombia. De esta forma el informe cuenta con información parcial, de la cual no se puede inferir un resultado veraz frente a las conclusiones a las que se llega.
5. El Gobierno Nacional lucha activamente contra todos los grupos que al margen de la ley se han convertido en fuente de violencia y el crimen, a través del asesinato, el secuestro, la extorsión, y el desplazamiento forzado, afectando la población civil. Este hecho no es registrado con suficiente claridad en el informe de Human Rights Watch presentado hoy por el señor José Miguel Vivanco.
6. El informe denota falta de claridad frente a las funciones que cumple tanto la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República, confundiendo en algunos de sus apartes el rol del ejecutivo con el de la Fiscalía como ente investigador y acusador, y el de los jueces como administradores de justicia. En efecto Human Rights Watch urge al Gobierno Nacional a Investigar y juzgar,
funciones que no corresponden a un estado de Derecho donde su poder judicial funciona con autonomía e independencia.
7. El informe información ampliamente conocida en el País sobre el éxito y eficacia del proceso de justicia y paz. A 31 de noviembre de 2009, el Gobierno Nacional ha logrado identificar y registrar a 52 mil desmovilizados de las AUC y la guerrilla. Esto convierte a Colombia en el primer país en el mundo que ha alcanzado esta cifra de desmovilizaciones en un periodo tan corto.
8. El informe desconoce el esfuerzo del Gobierno Nacional en la reparación por vía administrativa de 10.500 familias víctimas de la violencia en 2009 (280 mil personas registradas), con una inversión de 100 millones de dólares. Para 2010 el presupuesto de la Nación para la reparación de las Víctimas es de 150 millones de dólares y superará en los próximos años los 3.500 millones de dólares.
9. Se desconocen también los diferentes programas como el de restitución de bienes con gran impacto para el país. El Gobierno Nacional y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación con apoyo de la Comunidad Internacional, han creado cinco comisiones regionales para la restitución de bienes.
10. Desconoce además que la Honorable Corte Constitucional, ha reconocido el avance del Gobierno Nacional en la política para la restitución de tierras, con la cual se está devolviendo a sus legítimos dueños estas propiedades.
11. El informe desconoce la disminución en el porcentaje de homicidios de sindicalistas, que en 2001 registró 205 asesinatos y en 2009 se redujo a 28, los cuales no hacían parte del programa de protección.
12. El Ministerio del Interior y de Justicia ha presentado grandes avances en materia de protección a través del Programa que maneja la dirección de Derechos Humanos, el cual actualmente tiene 11.179 personas con medidas de seguridad, y que abarcó en 2009 un presupuesto de 56 millones de dólares.
13. El Ministerio del Interior y de Justicia informa a Human Rights Watch que actualmente trabaja proyectos a favor de 16 poblaciones vulnerables y no solamente de tres como lo menciona en su informe.
14. El Ministerio del Interior y de Justicia informa que el Sistema de Alertas Tempranas ha sido priorizado y fortalecido por el Gobierno Nacional a través de esta Cartera, a tal punto que se han diseñado tipologías novedosas de clasificación de las alertas tempranas que desconoce este informe.
15. Así mismo se afirma que las decisiones carecen de transparencia cuando siempre han sido resultado de una gran discusión del Comité Interinstitucional, en el cual participa la Defensoría del Pueblo y posteriormente evaluadas rigurosamente a través de un monitoreo y seguimiento. En este mismo sentido el informe plantea la falta de recursos para el Sistema desconociendo el aumento en los recursos que hacen parte del presupuesto nacional destinado al mismo el cual en 2006 era de 300 millones de pesos y para el 2010 de 2370 incrementándose en un poco más de 7 veces.
16. El Ministro del Interior y de Justica invita a Human Rights Watch que para futuros informes, siga la metodología empleada por los relatores de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y varias ONGs internacionales, quienes previamente consultan y verifican fuentes oficiales de información.
17. El Ministerio del Interior y de Justicia enviará a Human Rights Watch un informe detallado que hará público, aclarando las imprecisiones y los vacios de información.